Tres semanas después de detenciones, aún no se definen medidas cautelares por tala en Manzanillo
Fiscalía ambiental pidió detener obras y daños sobre humedal
Han transcurrido ya tres semanas luego de que el pasado lunes 15 de julio, el Ministerio Público y agentes del Organismo de Investigación Judicial allanaron instalaciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y detuvieron a cinco personas por la extracción irregular de árboles en terrenos que en apariencia, pertenecen al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca – Manzanillo, en la provincia de Limón.
Sin embargo, hasta ahora no hay noticias de las medidas cautelares impuestas sobre los sospechosos o sobre la actividad de corta de árboles y movimientos de tierra que se llevan a cabo; pese a que semana y media atrás, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Ambiental pidieron detener las obras y restricciones sobre los sujetos.
Estas personas permanecen en libertad, mientras el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública notifica qué resolvió. La investigación gira en torno a los presuntos delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
Al parecer, hubo una serie de irregularidades para la emisión de permisos de aprovechamiento forestal. Las autoridades presumen que con varios actos, se buscaba cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales, con el objetivo de desarrollar una infraestructura urbanística.
Desde meses atrás, vecinos y ambientalistas denunciaron públicamente una numerosa extracción irregular de madera: lo hicieron a través de las redes sociales. Según los reportes difundidos principalmente a través de la página "Bloque Verde" en Instagram, se trata de vegetación de una antigüedad importante y durante las últimas semanas se cortó una cantidad notoria de flora.
Al parecer, fueron unos 300 árboles marcados en un terreno que pasó de lucir como un área boscosa, tupida y cubierta de verde, a un potrero. La propiedad afectada se encuentra unos 100 metros ante de llegar a la zona más céntrica de Manzanillo. Incluso en grabaciones se muestra el tamaño de los troncos extraídos.
Los videos también denunciaron que la tala ocurría a la par de una naciente y de un "creek", como se le conoce popularmente a los arroyos o riachuelos en Limón. Ese ecosistema tiene ranas pequeñas y camarones, según señala la denuncia pública. Toda esta extracción ocurre a unos 300 metros del mar, según los reportes.
En mayo anterior, por este mismo caso, la Municipalidad de Talamanca fue allanada por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes recopilaron documentación para investigar los supuestos delitos.
Freno a daños en humedal
Durante una extensa audiencia de medidas cautelares a finales de julio, la fiscalía Ambiental solicitó detener cualquier tipo de actividad en las propiedades del empresario apellidos Pacheco Dent en el Caribe Sur, cantón de Talamanca.
El Ministerio Público pidió al Juzgado ordenar la suspensión inmediata de todo aprovechamiento forestal en las fincas intervenidas, así como el transporte de madera proveniente de estas propiedades. También se solicitó poner un alto a todo movimiento de tierra, así como cualquier obra civil.
La Fiscalía ambiental además pretende impedir el tránsito de vehículos y personas a través de las fincas, ya sea en las trochas realizadas o en cualquier sector de la finca donde se hayan talado árboles, o corresponda a humedal.
Otra de las restricciones gestionadas es la de retirar a todos los trabajadores, maquinaria pesada y residuos, así como cualquier instrumento que se encuentre en las fincas que permitan el aprovechamiento de productos forestales o construcción de obras civiles, adicional a remover el relleno sobre el humedal utilizado como camino localizado en las fincas.
En la petitoria de medidas cautelares, también se solicitó ordenar abstenerse a sembrar pastos, plantas ornamentales, vegetación decorativa, árboles frutales, palmeras o cualquier vegetación ajena a la composición del bosque, así como abstenerse a realizar la siembra de árboles bajo un patrón de plantación forestal que provoque el cambio del uso del suelo del bosque.
Restricciones a empresario y funcionarios
Contra el aparente dueño del desarrollo inmobiliario por hacerse, se pidió depositar su pasaporte y así impedir su salida del país. Pacheco Dent también tendría que firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, con sede en Pococí.
Contra los funcionarios de SINAC, la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA) solicitó suspender del cargo a la administradora del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca – Manzanillo de apellidos Cruz Torres, a un biólogo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de apellidos Campbell Lindo, quien se desempeña como jefe de la Subregión Amistad-Caribe (ACLAC) y a Alexis Salas Rodríguez, ingeniero forestal y funcionario que en mayo pasado aseguró que la tala de árboles en la zona estaba en regla.
Todos ellos fueron detenidos a inicios de la semana pasada como parte de una investigación por los presuntos delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
Además, de la separación por 6 meses, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó ordenar a los funcionarios no acercarse a las oficinas del SINAC-ACLAC ni tener contacto o perturbar a testigos.
En contra de la regente forestal de apellidos Camacho Calvo, fue la Fiscalía Ambiental la que tramitó medidas cautelares. Pidieron inhabilitarla del cargo y prohibirle emitir certificaciones para la determinación de cobertura forestal.
Si el Juzgado da visto bueno, esta mujer tampoco podría ejercer como regente forestal para el aprovechamiento de productos forestales, bajo cualquiera de las categorías como planes de manejo, certificados de origen y permiso de aprovechamiento.
La inhabilitación tendría que ser comunicada ante el Colegio Profesional respectivo y a la dirección ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Sobre ella también se requirió firmar una vez al mes, entregar su pasaporte y no salir del territorio nacional, mientras avanza la investigación.
