Tres financistas de la campaña de Chaves se beneficiarán con decisiones del Gobierno
El hijo de otro financista y asesor cercano a Chaves, tiene acciones en empresa a la que el mandatario ordenó ampliar el contrato de concesión de Puerto Caldera
(CRHoy.com) Tres decisiones del presidente Rodrigo Chaves impactarán positivamente a personas que han estado en un círculo cercano desde la campaña electoral.
La primera de ellas tiene que ver con la decisión del mandatario de ampliar el contrato por cinco años a la empresa Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) que administra el Puerto de Caldera.
El 20 de junio en una conferencia de prensa convocada a última hora, Chaves anunció que tras un encuentro con empresarios le ordenaría al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) ampliar el contrato de la SPC hasta el 2031 para que realice "obras paliativas urgentes" debido a la saturación que ya tiene el puerto.
"Hemos tomado la decisión de instruir al presidente ejecutivo del Incop de que empiece de manera inmediata, de acuerdo al contrato existente y al marco jurídico en Costa Rica, una negociación con el concesionario actual para extender el contrato cinco años y que esa negociación va a implicar, si el concesionario acepta, inversiones sustantivas de medidas paliativas, porque el tiempo no da para tener soluciones permanentes", mencionó en ese momento.
El contrato con esta empresa vence en el 2026 y la Contraloría General de la República (CGR) ha objetado por años su ampliación.
Chaves ha dicho que el proceso de extensión del contrato se hará en "total transparencia" y con la supervisión de la CGR.
En una de las sociedades dueñas de SPC aparecía como accionista y fiscal, el empresario Calixto Chaves Zamora, quien durante la campaña electoral fue uno de los principales consejeros del hoy presidente, además de financista de la campaña junto con su hijo.
El 21 de junio, CRHoy.com dio a conocer la relación de la familia de Chaves Zamora, con esta sociedad.
Según el Registro Nacional y el Sistema Nacional de Compras Públicas (Sicop) Calixto Chaves Zamora renunció a la junta directiva de Logística de Granos S.A. el 1 de abril. Esta empresa tiene el 19% de las acciones de SPC.
Las acciones de la sociedad se mantienen en poder de la esposa del empresario, Rosa Lidia Zamora Víquez y de sus hijos José Pablo y Mónica Chaves.
La confianza de Chaves con el empresario del mismo apellido ha sido reconocida por él públicamente, al punto que en un momento dijo que este podría ocupar un cargo ad honoren dentro del Poder Ejecutivo.
El 22 de junio consultado por la prensa, el presidente rechazó que exista un posible conflicto de interés con su decisión de ampliar el contrato a SPC y calificó la relación como una "casualidad".
El hecho de que haya participado en mi campaña el hijo (de Calixto Chaves), con una proporción accionaria minoritaria, pasa a ser un evento de casualidad. No voy a permitir que Costa Rica sufra más y que se malinforme al pueblo de Costa Rica sobre qué es la realidad de las cosas, desinformando, reportando verdades parciales, omitiendo el fondo de los hechos.
Ruta del arroz
Otro financista de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que podría verse beneficiado con el decreto presidencial para reducir los aranceles a la importación de arroz y la eliminación de todo esquema de fijación de precios, es el empresario Bernal Jiménez.
El Semanario Universidad dio a conocer el 13 de julio que Jiménez donó a la campaña de Chaves poco más de ¢32 millones, según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El empresario Jiménez es presidente de la empresa Mercadeo de Artículos de Consumo S.A., que en el 2021 ocupó el tercer lugar entre las principales empresas importadoras de arroz del país.
En ese año, esta empresa importó el 7% del arroz que ingresó al país con un total de 1446 toneladas.
Un grupo de arroceros insiste que el decreto de la llamada "ruta del arroz" podría beneficiar a un pequeño grupo de importadores que dominan el mercado.
Jiménez dijo al Semanario que sus aportes a la campaña de Chaves no tienen ninguna relación con la decisión que tomó el mandatario y el Gobierno sobre el decreto del grano.
"No creo, porque esa posición la tengo desde hace más de 20 años, desde que tenía 19 años, usted puede preguntar la posición que tiene cualquiera de las personas que está en el Gobierno sobre la competencia y sobre la apertura, creo que datan de antes de que tuviéramos el gusto de conocernos", respondió el empresario.
Subsidio a autobuseros
El último caso en este recuento es el del empresario autobusero Orlando Ramírez Bioley.
El 16 de junio, CRHoy.com informó la designación que el Gobierno hizo para que Ramírez Bioley ocupe un cargo en la cúpula del Consejo de Transporte Público (CTP).
Ramírez es el presidente ejecutivo de las compañías Autotransportes Cesmag S.A., Autotransportes El Carmen de Tres Ríos, Consorcio Operativo del Este (Coesa) y Autotransportes Zapote.
Es uno de los empresarios más relevantes en el sector del transporte público en la Gran Área Metropolitana (GAM).
En el caso de Cesmag, opera 9 rutas en San José con 191 paradas distribuidas en distintos puntos.
Esa compañía cubre zonas bastante pobladas, como el cantón de Montes De Oca, el centro de San José, Curridabat y La Unión.
Pero además, este empresario financió la campaña de Chaves, comprando bonos del PPSD de la pasada campaña electoral por un monto de ¢8 millones.
Tanto el presidente Chaves, como el ministro de Hacienda Nogui Acosta han señalado la posibilidad de que el Gobierno tome $200 millones de un préstamo ya pre aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar a las empresas autobuseras con el fin de mitigar el impacto en el alza de los pasajes por el aumento del precio del diésel ante la crisis internacional.
El 4 de julio anterior, el tema fue abordado por el diputado del Frente Amplio (FA) Ariel Robles en su espacio de control político.

El Gobierno podría otorgar un subsidio a los empresarios de autobuses de $200 millones Archivo CRH/Con fines ilustrativos
"Llama la atención, porque si aquí en este país podemos señalar que existen sectores económicos con prácticas sumamente mafiosas, ha sido uno de esos sectores el sector de las autobuseras de este país. Y esto hay que señalarlo con puntos y comas, porque con estas decisiones políticas pareciera que se les está tratando con guante de seda a sectores que le deben muchísimo al pueblo de Costa Rica", afirmó el legislador.
El legislador calificó el servicio que brindan como paupérrimo, donde montarse a un bus en el país es una penuria.
Luego el frenteamplista hizo referencia a la cercanía del Gobierno con algunos empresarios del sector como en el caso de Ramírez Bioley.
Pero sorprende este vínculo que ha tenido el sector autobusero con el Gobierno. Claro que sorprende porque, por ejemplo, en la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público proponen un nombre como el de don Orlando Ramírez para que integre, en representación del sector empresario.
"Bueno, no sé si será otra coincidencia las que señala el señor presidente cuando se le cuestiona, si será otra coincidencia este nombramiento", agregó Robles.

