Tres empresarios compraron ₡226 millones en bonos de deuda a campaña de Laura Fernández en diciembre
Tres empresarios de nombre Francisco Javier Morice Castro, Guillermo Rothe e Iván Blanco figuraron como los mayores compradores de bonos de deuda política (una tercera parte) de la campaña de la candidata del partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, durante el mes de diciembre.
En ese periodo, la agrupación política incrementó la colocación de bonos de deuda de ₡455 millones en noviembre a ₡678 millones en diciembre de 2025, según el informe presentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Es decir, un incremento del 50%.
De los ₡678 millones colocados, Morice adquirió ₡96,2 millones, mientras que Rothe e Iván Blanco compraron ₡59 millones cada uno.
Los datos se desprenden del reporte financiero remitido por el partido al órgano electoral.
Se trata de tres nombres que tuvieron poco o ningún protagonismo en la colocación de bonos durante noviembre, mes en el que los empresarios y hermanos Yann Eduardo y Stephan Roberto Turcios Stiegler adquirieron ₡145,8 millones en conjunto —₡72,9 millones cada uno—, lo que representó casi una tercera parte de los ₡455 millones colocados por el PPSO ese mes.
Francisco Javier Morice es un empresario vinculado al sector inmobiliario. Actualmente preside la empresa constructora Agroservicios Hípicos de Aranjuez, la cual figura como adjudicataria en el informe semestral del INCOP correspondiente al segundo semestre de 2025.
Guillermo Rothe es gerente de Nortec Consulting, empresa dedicada a la integración de soluciones corporativas en computación.
Por su parte, Iván Blanco es ingeniero electricista y ha sido presidente de las juntas directivas de Inversiones Aprofam y Step Electromecánica de Centroamérica.
El informe también revela que nueve inversionistas adquirieron bonos por montos superiores a ₡20 millones, lo que representó el 60% del total de esta emisión de títulos de deuda política.
Principales compradores en noviembre
Los principales compradores de bonos, según el reporte, son dos hermanos nacionalizados costarricenses, dueños de una empresa dedicada al envío de remesas, compraron el 32% de los bonos de cesión de deuda, serie A, emitidos por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) de la candidata del chavismo, Laura Fernández Delgado.
Se trata de Yann Eduardo y Stephan Roberto Turcios Stiegler, de 44 y 38 años, respectivamente, quienes, según el último reporte financiero presentado por la agrupación política ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), figuran como los mayores adquirentes de esos certificados.
Hermanos Stephan y Yann Turcios
La información oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirma que los hermanos compraron 143 bonos con un valor de ₡1 millón y dos más por ₡941.176, anotados como compra parcial, uno cada uno. En total, adquirieron bonos por ₡144.882.352.
Sin embargo, el partido con el que Fernández Delgado pretende llegar al poder se los vendió por ₡123.150.000, al aplicar un descuento del 15% en cada uno de los certificados adquiridos.
Stephan Roberto se dejó un total de 73 bonos de cesión de deuda y a su hermano Yann Eduardo se le acreditaron 72. CR Hoy envió una serie de consultas a los hermanos Turcios Stiegler sobre sus inversiones y negocios, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta.
El segundo mayor comprador de esta figura de financiamiento está identificado como Mauricio Wong Mayorga, quien adquirió 36 bonos de ₡1 millón cada uno.
"No hay nada extraño", asegura empresario
El empresario Alejandro Vargas Fuentes dijo a CR Hoy que la inversión fue transparente, siguiendo todos los lineamientos establecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
"Las autoridades tienen la obligación, si ellos consideran que deben revisar la inversión porque yo no hice una donación, yo compré unos certificados que espero si todo sale bien y, según las encuestas que he visto, puede ser que sea así y la inversión de sus frutos, nada más. Es el único interés que tengo en este momento. Es muy importante, yo sí quiero ser muy muy transparente con usted. Yo soy un empresario, honrado, trabajador, tengo 25 años de ser empresario, he tenido buenos momentos, malos momentos, esto lo vi como una oportunidad de invertir unos ahorros, nada más, no hay absolutamente nada extraño", agregó Vargas.
Según una búsqueda realizada por este medio en el Registro Nacional, el empresario forma parte de 10 sociedades de responsabilidad limitada vinculadas no sólo a los servicios y suministros de dispositivos médicos, también al campo inmobiliario. Además, figura como gerente en la sociedad Costa Rica Cannabis Company.
Tal como lo dio a conocer CR Hoy el pasado 24 de diciembre, el TSE notificó al PPSO una prevención por no presentar el reporte de las personas, medios de comunicación o entidades bancarias que figuran en la colocación de ₡453 millones en certificados de cesión correspondientes a los meses de octubre y noviembre. Esa información debía entregarse a más tardar el 15 de diciembre anterior. El reporte fue enviado este miércoles por la noche, dentro del plazo de 10 días que establecía la prevención.
Según el TSE, el certificado de cesión es un instrumento de financiamiento anticipado, con un valor nominal determinado, mediante el cual una organización política inscrita a escala nacional o provincial puede ceder, parcial o totalmente, los montos que eventualmente le correspondan por concepto de contribución estatal. Su reconocimiento depende de los resultados electorales y del proceso de revisión de la liquidación de gastos del partido cedente, por lo que no constituye un derecho puro y simple, sino un derecho eventual.
Estos certificados solo pueden colocarse a personas físicas, nacionales, medios de comunicación colectiva e instituciones bancarias, como instrumento de garantía. Posteriormente, y tras la revisión de las liquidaciones de gastos, los tenedores pueden aspirar a su canje por bonos del Estado o al reconocimiento en dinero ante el Ministerio de Hacienda.
Sobre la figura de los certificados de cesión, el TSE ha explicado que "podrían existir situaciones extremas en las que se encubran donaciones con la compra de certificados de cesión, las cuales deberán ser examinadas en cada caso concreto, en las que deberá verificarse el ánimo de actuar en fraude de ley -dolo- y la deliberada intención de evadir los controles y las prohibiciones aplicables a las contribuciones privadas".
En caso de acreditarse una donación encubierta por parte de una persona jurídica nacional, dice el TSE, ésta sería irregular y deberá aplicarse el régimen sancionatorio que brinda fundamento a la prohibición legal de donación de personas jurídicas nacionales a los partidos políticos que establece el artículo 128 del Código Electoral.