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Tres diligencias e informe interno fueron claves para ubicar acciones de 14 imputados en el caso BCR SAFI

Por Carlos Castro y Álvaro Sánchez | 5 de Dic. 2025 | 12:22 am

Parque del Pacifico BCR-SAFI

Tres diligencias realizadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) durante el 2024, así como un informe de la Unidad de Investigación del Banco de Costa Rica, fueron claves para documentar la imputación de 14 personas en el expediente 21-000209-1218-PE, conocido como caso BCR SAFI, relacionado con la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica.

Carlos Benítez Guillén, fiscal a cargo, explicó a CR Hoy que, debido a la complejidad del expediente, en los últimos dos años reunieron diversa información proveniente de eventos relevantes para el avance de la investigación.

La primera diligencia consistió en recopilar informes elaborados por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), pues la entidad también inició una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del banco en la adquisición de nueve propiedades a sociedades anónimas vinculadas a Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en el período 2018-2022, y a su hijo Humberto Vargas Sotres.

"La Sugeval ha participado y colaborado activamente de acuerdo con sus facultades legales, en la preparación de esta acción judicial llevada a cabo por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público; en cuanto a la información que sus funcionarios han requerido respecto a la compra de algunos inmuebles por parte de BCR SAFI", constató la superintendencia.

La Fiscalía analizó documentación desde el 2016 para construir una línea del tiempo que permitiera identificar negocios entre las sociedades del exlegislador y el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIND) de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR-SAFI).

"Es un caso muy complejo que amerita análisis de mucha documentación; nos ha llevado tiempo poder contar con suficiente información para avanzar", detalló Benítez.

La segunda diligencia fue realizada por ese despacho el 17 de julio del 2024. Ese día, este medio informó que la Fapta efectuó una inspección en el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas, de la cual se derivó un informe incorporado al expediente.

Esta propiedad es cuestionada porque la SAFI pagó $70 millones cuando los avalúos posteriores estimaron un valor inferior a $30 millones, situación que generó múltiples reclamos de inversionistas del fondo.

Informe de Setena y Unidad de Investigación

La tercera diligencia involucró información oficial recopilada en el Servicio Técnico Nacional Ambiental (Setena), relacionada con permisos solicitados desde el inicio del proyecto y sus avances. Estos detalles se reunieron también en el 2024, por lo que los fiscales trabajaron casi un año para estructurar el caso con mayor solidez y determinar la eventual participación de los imputados.

A estas diligencias se suma el informe FI-1074-2024, de la Unidad de Investigación interna del BCR, fechado el 27 de febrero del 2024. Este documento analizó hechos ocurridos el 19 de junio del 2023 relacionados con equipos tecnológicos.

El análisis determinó que Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de Banca Corporativa, y Álvaro Camacho de la O, exsubgerente de esa oficina, habrían solicitado a una funcionaria subcontratada para servicios de Tecnologías de Información (T.I.) la destrucción de dos discos duros que podrían contener información clave sobre la presunta compra irregular del PEP.

"Para nosotros todo es importante; este informe lo fue, pero no significa que aportara uno más que otro. En estos casos se debe tratar de ubicar toda la información posible y este informe es uno de los que se tomó en cuenta para culminar con estas diligencias. Todo lo que se pudo recopilar nos ayudó y es importante en diferentes partes del proceso".

Según informes de la Unidad de Investigación interna del BCR, a los que tuvo acceso CR Hoy y que este medio publicó en exclusiva en julio del 2024, los Vargas (padre e hijo), junto con sus socios, compraban propiedades y días después las vendían al FIND a precios que superaban hasta en cien veces el valor original.

La Fiscalía identificó este patrón como un "modus operandi" del grupo señalado como Grupo de Interés Económico bajo investigación, según un informe bajo estudio.

Parte de los nueve inmuebles analizados por la Oficina de Investigaciones del BCR también estuvo relacionada con sociedades ligadas al exdiputado Vargas.

Las propiedades bajo análisis se ubican en Guadalupe (centro educativo), Santa Ana (edificio Madrid), La Uruca, Ciudad Colón, Pavas y el conocido PEP. En La Uruca, Ciudad Colón y Pavas se utilizaron fideicomisos con varios lotes.

Lista de imputados

Tras las diligencias, la Fiscalía confirmó que los 16 allanamientos ejecutados este jueves forman parte de acciones operativas destinadas a ubicar evidencia documental y electrónica relevante para la investigación, como contratos, permisos de construcción e información sobre inversiones realizadas por la sociedad administradora dentro y fuera del país.

"En la causa se investigan los presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública, relacionados con actuaciones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI, respecto de al menos 9 proyectos adquiridos", indicaron.

El fiscal Benítez, explicó que de momento se cuenta con 14 imputados en la causa. Hasta ahora figuran:

  • Humberto Vargas Corrales.
  • Humberto Vargas Sotres.
  • Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Barrantes Marín, socios de Vargas.
  • Rosnnie Díaz Méndez, exgerente de BCR-SAFI durante la compra del PEP.
  • Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de Banca Corporativa del BCR.
  • Álvaro Camacho de la O, exsubgerente de Banca Corporativa del BCR.
  • Marlon Sequeira Gamboa, exgerente de Negocios y Proyectos a.i. de BCR-SAFI.
  • Natalia Garro Acuña, exjefa de Proyectos a.i. de BCR-SAFI.
  • Álvaro Jiménez Villegas, exabogado de la SAFI.
  • Un arquitecto y un ingeniero de la SAFI, de apellidos Carvajal y Gutiérrez.
  • Dos arquitectos externos.

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