Tras allanamientos, secuestro de información y detenciones ¿Qué sigue ahora en el caso Cochinilla?

(CRHoy.com).- El caso Cochinilla entra en una etapa de análisis. Luego de los allanamiento realizados el 14 de junio pasado, las autoridades judiciales deben estudiar los documentos decomisados y además la información solicitada a los bancos como parte del levantamiento del secreto bancario. ¿Con qué fin? Establecer la posible ruta del dinero de los presuntos sobornos.

El estudio de esa documentación más los dos años de intervenciones telefónicas deben confirmar o descartar, para el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, que se cometieron los presuntos delitos de cohecho, penalidad de corruptor, tráfico de influencias y otros en perjuicio de los deberes de la función pública.

De las personas detenidas el día de los allanamientos, todos quedaron libres con medidas cautelares. Dentro de 2 meses, los representantes legales de los sospechosos pueden solicitar una revisión de dichas medidas. Ese proceso seguirá así, hasta que el Ministerio Público termine toda la revisión de la prueba y defina si eleva el caso a juicio y acusa a las personas investigadas.

Secuestro de evidencia

¿Qué buscaban? En el expediente se indica el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, correspondencia física y electrónica, dispositivos de almacenamiento masivo, además de la documentación física relacionada con las licitaciones.

Los investigadores expertos en información financiera también decomisaron documentación relacionada con pagos irregulares o dádivas que puedan ser trazables; copias de pruebas de asfalto, información contable de las cajas internas de las empresas, transferencias bancarias y depósitos de dinero.

¿Por qué los teléfonos? El OIJ tiene como objetivo acceder a la información de los dispositivos que no puede ser rastreada y en la cual se contengan información relevante para el caso, cuyo análisis estará a cargo de la Sección de Delitos Informáticos.

Secreto bancario

Las autoridades judiciales determinaron que el levantamiento del secreto bancario es fundamental en este caso con el fin de "obtener elementos indispensables mediante los cuales sea probable la afirmación del flujo de dinero como parte del esquema general de la comisión de los hechos que se investigan y que, como se presume fundamentalmente, implica el pago de dádivas que llegan a los funcionarios públicos".

El levantamiento del secreto bancario incluye a 44 personas investigadas y a 17 sociedades anónimas.

La solicitud de información fue emitida a 84 entidades financieras, entre bancos públicos, privados, cooperativas, mutuales y financieras.

¿Qué se requiere de dichas entidades?

• Movimientos históricos de las cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas.
• Bitácora de movimientos, la cual permita conocer el número de cuenta de origen y cuenta de destino.
• Indicar el titular de cada cuenta.
• Indicar si la cuenta dispone de alguna tarjeta ligada y cuál es la persona beneficiaria.
• Si las personas físicas o jurídicas consultadas poseen tarjetas de crédito.
• Revelar en un archivo aparte, el nombre del titular de cada una de las cuentas.
• Indicar y aportar cualquier producto financiero adicional que la personas física o jurídica.
• De haber realizado transferencias internacionales, aportar los documentos que sustentaron el movimiento.
• Aportar todos los convenios suscritos entre las personas físicas y jurídicas citadas.

Además a otras entidades públicas también se le solicitó información, por ejemplo a la Caja Costarricense de Seguro Social el reporte de la planilla de 12 de las empresas cuestionadas; al Ministerio de Hacienda el salario y las rentas reportadas por las personas investigadas; al Instituto Nacional de Seguros la planilla reportada por Meco, H. Solís, Concreto Asfalto Nacional S.A.; Also Frutales y Constructora Herrera.

El caso fue declarado de tramitación completa, por lo que el plazo acordado por el tribunal para concluir la investigación preparatoria será de un año.