Tránsito tuvo que guardar más de ₡300 millones por vacaciones acumuladas de policías
Entidad se ve obligada a guardar ₡306 millones en promedio al año
La Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT) se vio obligada a guardar más de ₡306 millones para pagar las vacaciones que los empleados institucionales están acumulando durante su labor operativa institucional.
La Auditoría General del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) advirtió sobre presuntos riesgos financieros, liquidez y operativos por la acumulación de periodos vacacionales por parte de funcionarios de la entidad.
La advertencia fue realizada a Oswaldo Miranda Víquez, director de la Policía de Tránsito, a través del oficio DAG-Adv.2024-0012 del 18 de setiembre de 2024, día en que se informó sobre la prohibición de acumular más de un periodo de vacaciones.
El jefe del Departamento de Servicios de Personal, Alfredo Paisano Chávez, notificó a la Auditoría General el 5 de agosto una lista actualizada sobre la acumulación de vacaciones institucionales por parte de los funcionarios.
"Se puede destacar que 50 funcionarios tienen más de 100 días de vacaciones acumuladas; uno de ellos dispone de 231 días y tiene vacaciones pendientes de disfrutar desde el periodo 2012-2013", indicó José Joaquín Vargas Guerrero, auditor general.
En detalle
La respuesta recibida por la Auditoría General donde se realizaron los desgloses de los trabajadores del órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
- 1.241 funcionarios mantienen 2 periodos de vacaciones (30% de los casos), los cuales rondan el rango entre 53 y 231 días acumulados.
- 270 colaboradores tienen vacaciones superiores a un periodo (33%), en un lapo entre 27 y 52 días acumulados.
- 296 funcionarios (37% de los casos) posee un saldo de vacaciones igual o menor a 26 días.
De acuerdo con el auditor, el monto por el cual representaría pagar al MOPT a los funcionarios de Tránsito por los días acumulados de vacaciones rondan los ₡814.333.279.
Guerrero agregó que surgen riesgos vinculados con la ausencia de controles efectivos para formular y seguir los planes de vacaciones y evitar la acumulación por más de 2 periodos.
"En cuanto al riesgo financiero, la acumulación de períodos de vacaciones genera elevados pasivos, debido a la provisión para afrontar el pago de los días acumulados en exceso. Según se desprende del cuadro 1 anterior, del periodo 2012-2013 al 2021-2022, se acumula pasivos por este concepto por un monto de ₡306.011.530,96", precisó el auditor.
Con respecto al riesgo por liquidez, el informe recalcó que los pagos por vacaciones acumuladas al momento de liquidación de prestaciones por jubilaciones, despidos, renuncias o fallecimientos, lo cual conllevaría significativas erogaciones de recursos públicos.
Por parte del riesgo operativo, la falta de descanso periódico de los funcionarios pone en riesgo la integridad física y mental, lo cual tendría implicaciones en la afectación al desempeño de sus funciones dentro de la institución.
El auditor dijo que esa carencia de seguimiento efectivo de los planes de disfrute de las vacaciones "debilita el Sistema de Control Interno y perjudica el patrimonio público".
Plazo de análisis
La Auditoría del MOPT otorgó un plazo de 8 días a la Dirección General de la Policía de Tránsito con el fin de señalar cuáles serán las acciones que realizarán por parte de la Dirección para mitigar los riesgos mencionados con motivo de la acumulación de 2 o más periodos de los funcionarios.
El informe deberá ser considerada como el insumo para la toma de decisiones informadas y alineadas con el deber de probidad, el ordenamiento jurídico y técnico par adoptar buenas prácticas y se cumplan con los objetivos del control interno.
Hubo una alerta preliminar que se realizó en el último trimestre de 2022 al exjerarca de Tránsito, Alexander Solano Quirós, a quien se le emitió un reporte de la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos sobre el tema en cuestión.
El cuerpo auditor dijo que se está en la obligación de programar las vacaciones acumuladas, tal y como lo contempla el marco legal costarricense.
El viceministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Ávila Arquín, indicó a crhoy.com que el plazo está en análisis y plazo para que el jerarca de Tránsito entregue la respuesta sobre las acciones a seguir al respecto.