Para este 2018, la Universidad de Costa Rica (UCR) destinó un total de ₡13.109 millones al pago de un incentivo conocido como escalafón, un beneficio que premia a los trabajadores de acuerdo al tiempo de laborar para la entidad y su puesto o cargo.

Del mismo modo, posee el pago de anualidades para lo cual tiene presupuestados ₡48.157 millones solo para este año.

Este doble beneficio no lo tienen la mayor parte de empleados en otras instituciones descentralizadas ni ministerios en el gobierno central.

En su lugar, en la mayoría existen las anualidades.

Cada ministerio, institución centralizada, descentralizada y municipalidad, cuenta por separado con su propio régimen de beneficios para sus empleados, a pesar de que al final de cuentas el empleador es uno solo: el Estado. 

Por ello, el primer paso para ordenar los desórdenes existentes con pluses y beneficios debería ser que todas las instituciones, incluyendo a las autónomas, se encuentren sometidas a los mismos parámetros presupuestarios.

Así piensa la exdiputada y exministra de Trabajo Sandra Piszk, al reaccionar este miércoles a un informe emitido por la Contraloría General de la República que reveló grandes asimetrías en los ingresos que reciben algunos funcionarios con el mismo nivel de conocimientos y puesto, que pueden llegar a ganar hasta ₡3 millones más que otro en sus mismas condiciones, o que han alcanzado a ganar hasta ₡4 millones más que el jerarca de la institución en la que laboran.

"El Estado es empleador único por lo que todas las instituciones -incluyendo las autónomas-, deben ajustarse a los mismos parámetros en materia presupuestaria… Este informe viene a reafirmar lo que desde hace algunos años hemos venido indicando sobre las disparidades existentes que deben combatirse", dijo Piszk, quien sin embargo aclaró que esto no significa que esté de acuerdo con un proyecto de salario único, como pretende establecerlo el gobierno.

La exfuncionaria sacó del error a quienes piensan que -basados en la autonomía institucional- pueden arrogarse el supuesto derecho de recibir una fiscalización o control en materia presupuestaria.

Señaló que la misma Constitución Política establece la autonomía de las instituciones – como es el caso de la UCR- es relativa y se refiere a la materia de la cual son responsables, pero no en lo relacionado con los presupuestos ya que éste lo pagan los costarricenses mediante impuestos.

"Los recursos de las instituciones autónomas salen de los mismos impuestos de todos los costarricenses y deben ajustarse a los mismos parámetros del resto del Estado. La autonomía aplica solo para su ámbito de acción, como sus políticas, pero no en materia presupuestaria", aseveró.

Beneficios pesados

Según el informe de la Contraloría revelado este miércoles, existen dos beneficios que son los que más generan una carga fiscal al país, ellos son las anualidades y los relacionados con carrera profesional.

Solo en el gobierno central el 25 por ciento de los trabajadores cuentan con entre 5 y 9 anualidades, otro 18% entre 1 y 4.

Según la Contraloría es necesario someter a revisión el esquema actual de beneficios, especialmente el de anualidades, dado que este se debe entregar de acuerdo al cumplimiento de objetivos y valoración de los funcionarios. No obstante, este se otorga a prácticamente todos, por lo que entre las propuestas que se manejan se encuentran aumentar el umbral de valoración y agregar en la evaluación que la institución cumpla con sus planes y objetivos anuales.