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Titubeos de CNFL en proyecto exponen al Estado a demanda internacional por $34 millones

Diferendo surge por adjudicación de proyecto eólico que ahora la Compañía pretende rescindir adjudicación "por interés público

Por Luis Valverde | 9 de May. 2019 | 12:05 am

(CRHoy.com).- Más de 4 años de vacilaciones de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en la adjudicación de un proyecto eólico en la zona de Tilarán, Guanacaste, podrían costarle al Estado un arbitraje internacional y una millonaria demanda por hasta $34 millones.

Se trata del proyecto eólico Ventus, compuesto en un 65% por capital español y 35% costarricense. La empresa opera en el país bajo el nombre de Eaton Power S.A.

El problema surge no solo por el "calvario" que esta compañía afirma haber pasado en la obtención de los permisos en su inicio y que lo llevaron a rebotar entre el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), sino especialmente por lo que vino después: una seguidilla de aparentes "contradicciones legales y administrativas" en la CNFL que los llevó a la frustración de escuchar a la entidad pública desdecirse de sus intenciones de ejecutar el proyecto.

Carlos Graffigna y Ricardo Barquero, representantes de Ventus confirmaron a CRHoy.com que si no se llega a respetar el contrato de adjudicación y la CNFL decide rescindirles de forma unilateral el contrato, acudirán al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a interponer una demanda contra la Compañía y el Estado, en la cual reclamarían por alrededor de $6 millones de daños por inversiones realizadas hasta la fecha y $28 millones por lucro cesante para un total de $34 millones.

El origen

El origen de los diferendos surgió en 2016 cuando la empresa fue enviada por la CNFL ante el Minae para solicitar la concesión de servicio público.

En noviembre de ese año el Minae se declaró incompetente para otorgar la concesión por lo que la empresa acudió a la Aresep en diciembre de ese año, la cual le fue otorgada meses después.

El problema fue que en marzo de 2017 en una audiencia pública llevada a cabo en Tilarán, Fuerza y Luz se presentó con 2 personas -contradictoriamente- para plantear oposiciones al proyecto, a pesar de ser el socio comercial y eventual adjudicatario.

En junio de ese año, Fuerza y Luz dictaminó la insubsistencia del acto de adjudicación en favor de la empresa, argumentando que no había cumplido con la obtención de la concesión de servicio público por parte del Minae, pese a que esta entidad se había declarado incompetente meses antes.

Ese mismo año, en agosto, Fuerza y Luz declaró el cierre o deserción del concurso, alegando que no tenía recursos suficientes para la contratación y por el tema de la concesión. Para este mes ya la Aresep les había otorgado este requisito.

Debido al diferendo, Eaton Power presentó un recurso de apelación ante la Contraloría General de la República, la cual en octubre de 2017 le dio la razón y señaló que el recurso de insubsistencia por parte de Fuerza y Luz no estaba a derecho.

Contradicciones

A pesar de lo establecido por la Contraloría, Fuerza y Luz interpretó en febrero del año pasado que Eaton no era adjudicataria del proyecto, por lo que en abril, la empresa debió acudir al Tribunal Contencioso Administrativo.

Sorpresivamente,  y después de años de indicar que no existía acto de adjudicación, Fuerza y Luz contestó ante el Tribunal Contencioso que sí existía una relación contractual perfeccionada , pero que ante el supuesto incumplimiento para obtener la concesión la Compañía procedería a realizar un procedimiento ordinario de rescisión contractual que arrancó en octubre pasado y en febrero de este año, un órgano director nombrado por la Proveeduría Empresarial de la CNFL determinó que Eaton Power no ha incurrido en faltas que ameriten una resolución contractual.

A pesar de ello, la compañía decidió seguir con el proceso, amparándose en el artículo 84 del reglamento para procesos de contratación de empresas del ICE, que establece que se puede rescindir contratos de forma unilateral por razones de "interés público, caso fortuito o fuerza mayor".

"Ellos dan como justificación que la Aresep bajó las tarifas piso, pero Ventus incluso está ofreciendo tarifas por debajo, señalan que no necesitan nuevas inversiones eléctricas en plantas hasta 2026 y más bien estamos importando electricidad… estamos convencidos que las razones de interés público que alegan para aplicar la rescisión no se apegan a la realidad", apuntó Graffigna.

Barquero fue más allá. Calificó la actitud de la CNFL como de "mala fe, mala administración e irresponsabilidad".

El ICE enterado

La decisión de echar marcha atrás por parte de la CNFL se produce a pesar de que el propio Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) conocía desde un principio que Fuerza y Luz realizaría un proceso de adjudicación y contratación para una nueva planta eólica en el país.

Así consta en nota enviada al gerente de la CNFL por parte del anterior presidente ejecutivo del ICE Carlos Obregón, en noviembre de 2014, en donde dan luz verde para arrancar el proceso licitatorio.

CRHoy.com procuró una versión de la CNFL. Guillermo Sánchez, director jurídico de la entidad respondió lo siguiente:

 

"Sobre las solicitudes de información relacionadas con el caso del Proyecto Eólico Ventus, se indica que la CNFL tiene sustento técnico-jurídico para respaldar la totalidad de lo actuado en este caso. La empresa suministrará de forma abierta y transparente —cuando le sea viable— todos los datos correspondientes, de manera oportuna. Debido a la actual situación jurídica de este caso, la CNFL se encuentra inhibida para brindar detalles al respecto, por ocasión de que el asunto está siendo dirimido en un procedimiento administrativo de rescisión".

La CNFL ha venido en tropiezos financieros los últimos años que lo han llevado a cerrar con pérdidas en algunos de ellos. El ICE, su casa matriz, ha tenido que intervenir en su rescate.

 

 

Nota: Esta información fue editada 12 horas después de su publicación, únicamente para incluir la respuesta del Director Jurídico de Fuerza y Luz.

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