Textilera enfrenta pleito con Ministerio de Justicia por deuda
Empresario asegura que de no recibir pronta solución demandará institución
La Contraloría General de la República emitió un informe mediante el cual exige que el Ministerio de Justicia y Paz reciba 13 mil uniformes que estaban pendientes de entrega por parte de una textilera, que ganó una licitación de ¢665 millones, y a la cual se le deben ¢288 millones porque se atrasó 1 semana en la entrega total del pedido.
Según acta de contratación 2018CD-0000490006900001, del 25 de abril del 2018, el Ministerio de Justicia concedió a la corporación Sáenz Fallas S.A un contrato para la confección de más de 22 mil prendas destinadas para la Policía Penitenciaria.
Del costo total por los ¢665 millones, se pagaron alrededor de ¢377 millones antes del 31 de diciembre de 2018, para cuando, se suponía, debían haber recibido todo el paquete.
Pero fue hasta el 7 de enero cuando la empresa textilera, llegó a la bodega de proveeduría de la cartera penitenciaria en Barrio Cuba para hacer entrega oficial de los restantes 13 mil uniformes, y de ese modo, recibir a cambio los ¢288 millones.
Fue justo en ese momento cuando la encargada del departamento de proveeduría rechazó el pedido y aseguró que no iban a recibir, ni pagar nada más pues habían fallado en el tiempo original.
Consultado al respecto, el dueño de la compañía, Danilo Sáenz, aseguró que en efecto se presentó con su abogado el 7 de enero de 2019 a entregar a su cliente el pedido completo, pero que no había podido ir antes porque habían estado de vacaciones.
"A mí me recibe la señora -jefa de proveeduría- diciéndome que no van a recibir nada, yo le explico que el tiempo límite era hasta el 31 de diciembre pero cómo iba a dárselos sabiendo que estaban libres por las vacaciones de fin de año… Ahora me tienen todo ese pedido tirado aquí en bodegas, y me deben mucho dinero", aseguró Sáenz.
Justicia pretendía nueva contratación
Según oficio 04578 de la División de Contratación Administrativa en la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia solicitó, en apariencia, una nueva contratación para recibir uniformes de otra empresa, acción que fue rechazada por el ente público.
"Conforme a lo expuesto y a efectos de lograr la adecuada satisfacción del interés público involucrado en la compra, debe concluirse que aunque la autorización de contratación directa brindada en abril del 2018 (oficio N° 05702 DCA-1495) estableció un plazo máximo de contratación hasta el 31 de diciembre del 2018; el retraso indicado por la Administración en la entrega de la totalidad de los uniformes debe entenderse como una patología propia de la ejecución contractual", señala el informe.
En la misiva, la Contraloría señala que es imposible permitirle a Justicia que haga una convocatoria para contratar la confección de uniformes para la Policía Penitenciaria, sabiendo que eso tomaría meses, contrario a la necesidad inmediata que la dependencia requiere.
Al Ministerio de Justicia se le consultó sobre la irregular forma en que se rechazó el pedido, considerando que se trataba de una fecha de vacaciones para empleados, pero no ha habido respuesta hasta ahora.