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Testigo revela a Fiscalía presunta orden de gerente del BCR para destruir archivos institucionales

Denuncia se analiza en el mismo expediente abierto por la presunta compra con sobreprecio irregular del Parque Empresarial del Pacífico

Por Carlos Castro | 29 de Abr. 2024 | 12:17 pm

Una testigo entrevistada por el Ministerio Público en la investigación penal por presuntas irregularidades en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), reveló una supuesta solicitud girada por Douglas Soto Leitón, actual gerente general del BCR, para destruir archivos de documentación institucional.

La prueba testimonial, en poder de CRHoy.com, versa sobre la causa tramitada por la Fiscalía Adjunta de Probidad de Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) a través del expediente 21-000209-1218-PE para esclarecer un aparente sobreprecio irregular en la compra de ese inmueble ubicado en Caldera, en Esparza de Puntarenas, por el cual el FIIND pagó $70 millones.

La mujer fue entrevistada por la fiscalía el 27 de junio de 2023, luego de que trascendiera que Juan Carlos Bolaños Azofeifa, quien fungió como gerente de Banca Corporativa, y Álvaro Camacho de la O, quien ocupó el puesto de subgerente de esa misma dependencia le habrían solicitado el 19 de junio de 2023 destruir discos duros de las computadoras institucionales que ellos usaban.

Precisamente, Bolaños Azofeifa y Camacho de la O renunciaron al cargo ese mismo día: el 19 de junio de 2023.

La mujer labora para una empresa contratada por el banco para brindar servicios tecnológicos y de mantenimiento informático en varias oficinas del edificio principal, ubicado en Avenida 2 de San José.

El documento describe que el 19 de junio del 2023 ella fue llamada por la secretaria de Camacho y de Bolaños para acudir al sexto piso de la sede central del BCR, "pues altos mandos del banco requería de su colaboración con un trabajo".

En ese momento, Bolaños y Camacho le habrían solicitado destruir archivos institucionales alegando una orden girada por el gerente general.

"(…) me indicaron que era por una solicitud girada por Douglas Soto", dice el testimonio.

La testigo narró que cuando se encontró con Bolaños, le pidió que se dirigieran a la oficina de Camacho a donde después llegó Douglas Soto Leitón, sitio en el que los tres compartieron una conversación de al menos cinco minutos.

Añadió que Bolaños le solicitó respaldar información de su correo electrónico, pero la informática le explicó que debía hacerlo mediante un "PST" (formato para respaldar información).

Según su declaración, se trataba de crear una carpeta externa de la bandeja principal del correo para quitarlo de la nube y respaldarlo en una carpeta.

"Ese procedimiento se podía hacer desde la computadora de él, él me preguntó que si era la única forma de realizarlo y yo le indiqué que efectivamente era la única manera de hacer ese respaldo, y de seguido Juan Carlos Bolaños me solicitó realizarlo de una vez, sin indicar que fuera por instrucciones de otro funcionario", dijo.

Cuando estaba en ese proceso, aparentemente Camacho solicitó que le hiciera el mismo trabajo en su computadora, a lo que ella accedió para hacerlo de manera simultánea en los dos equipos, mientras ellos salían a una reunión con una computadora personal..

Estas tres personas formaron parte del Comité de Riesgos y Comité de Inversiones que analizó y avaló la compra del PEP en el 2020.

Solicitud girada por Soto

La testigo indicó que inició el trabajo a las 9.30 a.m. y terminó a las 4.30 p.m. con todos los respaldos, lapso en el que los dos entonces funcionarios estuvieron entrando y saliendo de la oficina donde desarrolló el trabajo.

"Cuando finalicé el respaldo, ellos llegaron a oficina y verificaron que estuviera respaldado lo que ellos necesitaban, es importante indicar que lo que se respaldó fue del año 2022 y hasta ese día 19 de junio del presente año, de seguido me solicitaron crear una carpeta en "D" y en esa carpeta guardaron el respaldo del PST y otras carpetas, que no tengo conocimiento que contenían, y de esa manera lo realicé", señaló.

Agregó que los dos le pidieron copiar los respaldos en otros discos externos, uno gris y uno negro, que eran propiedad de la gerencia del banco y una vez finalizado ese proceso, ellos revisaron que todo hubiera quedado copiado y le pidieron que destruyera los discos de donde sacó los documentos, pues "ellos personalmente se los iban a entregar a Douglas Soto".

"Cuando ellos me solicitaron proceder con la destrucción de dichos discos duros, me indicaron que era por una solicitud girada por Douglas Soto, por lo que en ese momento abrí los equipos, extraje los discos duros de los equipos frente a ellos, procedí con la destrucción con un desatornillador y se los entregué a Alvaro Camacho y Juan Carlos Bolaños, respectivamente", confesó la informática.

Culminado ese proceso, asegura que cerró los equipos y los entregó a los exfuncionarios, para dárselos a la secretaria de ambos, quien aparentemente se encargaría del resto del trabajo,

"El día miércoles 21 de junio, ***** (la secretaria) me entregó mediante un memorándum que es como un recibido, donde firmamos ambas, en ese documento se describen los equipos, específicamente dos laptops y dos Ipad, que eran de uso exclusivo de Alvaro Camacho y Juan Carlos Bolaños, de manera verbal Marcela me solicitó que con instrucciones de Don Alvaro la de él se formatee, y la de Juan Carlos ya venía formateada", testificó.

Al notar que había actos irregulares, ella hizo de conocimiento a su supervisor lo que había sucedido y por ende le indicaron que no podía formatear la que faltaba, por lo que guardó todo y luego lo entregó a la oficina de investigaciones internas del BCR.

La trabajadora explicó que Camacho y Bolaños posteriormente le solicitaron los respaldos sin que ella supiera que los dos habían renunciado a sus cargos en la entidad bancaria, sin saber que estaba en alguna "situación irregular ni sospechosa".

No obstante, dijo que en otros departamentos esta práctica es "normal", ya que anteriormente se le había solicitado en varias ocasiones la destrucción de discos duros, por parte de altos mandos de la misma investidura de estos dos funcionarios involucrados.

Según el expediente, el equipo de Camacho era una computadora Dell Latitude, modelo 5420, serie 8G34TQ3, placa institucional 249198, así como un Ipad Apple, modelo A1954, serie DMPWLDXAJF88, placa institucional 512419.

Mientras que el de Bolaños era una computadora Dell Latitude, modelo 5420, serie D333TQ3, placa institucional 249180, además de un Ipad Apple A1954, serie GG7X94MWJF88, placa institucional 220876.

Douglas Soto: "rechazo la información"

Consultado sobre el tema, Soto Leitón dijo que él no participó en los hechos que le endilga la denuncia y que más bien una vez que se enteró de lo sucedido, solicitó una investigación.

"Rechazo enérgica y vehementemente la afirmación que motiva su consulta; su servidor en ningún momento giró instrucción alguna para destruir esos discos duros ni cualquier otro activo del BCR, por el contrario, tan pronto me enteré de lo sucedido sobre los discos duros solicité las indagaciones pertinentes. Asimismo, me reservo el derecho de tomar las acciones legales ante las difamatorias declaraciones que se afirman existen en la investigación en curso", contestó ante consulta de este medio.

Por su parte en el BCR indicaron ser respetuosos del ordenamiento jurídico vigente, y que "se encuentra en la mejor disposición de colaborar con cualquier investigación que así lo solicite, sin embargo, no podemos brindar criterio alguno con respecto de una investigación preliminar que se encuentra en curso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal".

También consultamos a Bolaños y Camacho sobre lo expuesto en la declaración, siendo que el primero indicó que "por recomendación de nuestro abogado no nos vamos a referir al tema".

Sobre el tema la FAPTA informó a este medio que la causa se tramita contra ignorado, es decir, por ahora, no hay personas imputadas individualizadas y que el despacho maneja el caso en este momento en etapa de recolección y análisis de prueba, la cual es privada, por lo que, por ahora, no es posible brindar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.

Relación con el PEP y sociedad en Panamá

Parque Empresarial del Pacífico. Foto: Marco Sharp / YouTube

Los dos exfuncionarios fueron denunciados ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presuntamente borrar los discos duros de las computadoras institucionales.

Ambos exfuncionarios renunciaron a sus puestos en junio del 2023, justo cuando la Junta Directiva del BCR conoció un avalúo realizado por la empresa Constructora Costarricense S.A. (Cocosa) que reveló que la Sociedad de Fondo de Inversión Inmobiliario del BCR-SAFI pagó 3 veces más por el Parque Empresarial del Pacífico.

Manfred Sáenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico del BCR, negó que las salidas de ambos funcionarios se dieran por el avalúo efectuado por Cocosa o por la compra del Parque Empresarial del Pacífico.

No obstante, tanto Soto, Bolaños y Camacho formaron parte del Comité de Inversiones y el Comité de Riesgo, cuando se analizó y aprobó la compra del PEP en el 2020.

CRHoy.com evidenció el año pasado que Bolaños, Azofeifa y Camacho de la O, conformaron —junto a otro exfuncionario del BCR— una sociedad anónima en Panamá, 6 meses después de la compra del Parque.

Dicho inmueble fue vendido por el exdiputado Humberto Vargas Corrales en $70 millones el 20 de febrero del 2020 y en el último avalúo incorporado en febrero del 2024 se tasó el precio del inmueble en $28 millones.

La denuncia por presuntamente borrar los discos duros de las computadoras institucionales fue presentada el 23 de junio pasado, en las oficinas de OIJ, en San José. El número de expediente es el 23-017883-0042-PE.

En el documento se indica que Camacho de la O y Bolaños Azofeifa, en fecha no determinada, habían sacado información del sistema de su computadora y habrían autorizado destruir los discos duros, sin autorización de la administración del BCR. El denunciante le dijo a los investigadores que las computadoras portátiles, a las que se les habría destruido el disco duro, son propiedad de la entidad bancaria.

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