Testaferro de Caso Madre Patria planeó meter a su hija en política para obtener beneficios

Un presunto testaferro de los españoles detenidos por fraudes registrales, en el caso denominado Madre Patria, tenía intenciones de incursionar en la política por medio de su hija, para tener contactos en el gobierno y municipalidades que favorecieran el presunto quehacer delictivo de la organización.

Un informe de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO), incluido en el expediente 22-005018-0042-PE, detalla que el empresario autobusero de apellidos Herrera González confirmó tener enlaces con personas políticamente cercanas al Poder Ejecutivo.

Detallan que tiene contactos de personas que están metidas en una agrupación política, quienes podrían ayudarles a colocar a su hija de apellido Herrera en un cargo desde el cual pueda colaborar con la agrupación a lo interno de una institución gubernamental o gobierno local.

Herrera es posicionado en la investigación como la mano derecha de un hombre de apellido Gómez González, cabecilla de la banda, así como gerente de empresas de autobuses y testaferro en propiedades para la agrupación, "con un puesto gerencial en la estructura, encargado de la administración de rutas de trasporte público y venta de autobuses a terceros, tratando de actividades lícitas que son utilizadas para mezclar dineros provenientes de ilícitos".

En una de las comunicaciones captadas el 15 de agosto del 2023, se detectó el momento en el que el empresario propuso a su hija ingresar a la política en su lugar, pues sabía que él podía ser muy cuestionado debido a su relación con Gómez González, presunto cabecilla de la agrupación investigada.

Esta es una de las llamas expuestas en el informe 05-RCI-OECDO-2024:

El análisis expuesto en el documento aportado por las autoridades judiciales ante los jueces a cargo de aprobar los allanamientos realizados el pasado martes, expone que esta conversación confirma el interés del presunto testaferro buscaba mover influencias una vez que su hija lograra llegar a un puesto político.

"Comunicación entre Herrera (padre) y  Herrera Vega, (hija y administradora de rutas de buses), en la cual se puede observar que (el padre) estaría interesado por incluir a su hija en la política, aprovechando que a él le ofrecieron que se metiera, pero él dijo que no y propuso a su hija, situación que sería beneficioso para la organización y así lo es del conocimiento de Herrera y tal cual se plasma en la llamada, entendido por Herrera que estando ella en el ámbito de la política, iba a tener muchas influencias en el CTP y en Municipalidades lo cual sería beneficioso para él. Con la cual queda en evidencia, una vez más, que  Herrera (padre), utiliza a su hija para desligarse él de los problemas legales que acá se investigan ("pero yo no puedo porque usted sabe que me va salir historias con Gómez y muchas cosas)", dice la redacción del judicial a cargo del escrito.

Solicitamos a la oficina de prensa de Presidencia una posición sobre la mención que hace el imputado en alusión a la cercanía con políticos del grupo del mandatario Rodrigo Chaves a lo que respondieron el pasado viernes 28 junio que "la Presidencia de la República desmiente categóricamente que tenga alguna relación con las personas mencionadas".

Caso Madre Patria

Esta presunta banda fue desmantelada el pasado martes tras la ejecución de 47 allanamientos en diferentes partes del país realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, que dejaron como resultado la detención de 36 personas hasta el momento, mientras que otras 6 figuran como requeridas por no encontrarse en sus domicilios a la hora de las diligencias.

El Ministerio Público confirmó que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa mayor, legitimación de capitales, cohecho (en modalidad de penalidad del corruptor) y procuración de impunidad.

Entre los capturados figuran dos españoles que serían los líderes del grupo, según la policía. Se trata de León Muñoz y Gómez González, quienes en apariencia tenían una red para apropiarse de inmuebles por medio de fraudes junto a los dos hermanos Chaves Arias.

Entre las personas detenidas están cinco oficiales de la Policía de Tránsito, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) y 12 notarios. En total, se vincula a 54 personas como imputadas, de las cuales ya fueron capturadas:

1. Presunto líder de apellido León Muñoz.
2. Presunta líder de apellido Gómez González.
3. Juez de apellido Venegas Marín.
4. Funcionario judicial de apellido Rubí Leiva.
5. Exfuncionario judicial de apellido Corrales Murillo.
6. Exfuncionario judicial de apellido Araya Cascante.
7. Oficial de Tránsito de apellido Alvarado Amador.
8. Oficial de Tránsito de apellidos Ramírez Zumbado.
9. Oficial de Tránsito de apellido Morera Quesada.
10. Oficial de Tránsito de apellido Pérez Alcázar.
11. Oficial de Tránsito de apellido Campos Bolaños.
12. Mujer de apellido Jiménez Arias.
13. Mujer de apellido Solano Acosta.
14. Mujer de apellido Arrieta Solano.
15. Mujer de apellido Rodríguez Hidalgo.
16. Mujer de apellido Fernández Gustavino.
17. Mujer de apellido García Núñez.
18. Hombre de apellido Prendas Matarrita.
19. Hombre de apellido González Araya.
20. Hombre de apellido Herrera González.
21. Mujer de apellido Fernández Bonilla.
22. Hombre de apellido Aguilar Zúñiga.
23. Hombre de apellido Chaves Arias.
24. Hombre de apellido Campos Vega.
25. Hombre de apellido Rojas Rojas.
26. Mujer de apellido González Pinto.
27. Mujer de apellido Villegas.
28. Hombre de apellido Marín (colombiano).
29. Hombre de apellido Loaiza Bolandi.
30. Hombre de apellido Castro Segura.
31. Mujer de apellido Mora Badilla.
32. Hombre de apellido Rosales Apu.
33. Hombre de apellido Barrientos Campos.
34. Hombre de apellido Barrientos Campos.
35. Hombre de apellido González Jiménez.

El caso 'Madre Patria', como denominó el OIJ a esta causa, es el segundo más grande tramitado por la Policía Judicial, solo superado el caso Cochinilla que corrupción en obra pública.

Además, se convirtió en la primera causa penal que no está relacionada con narcotráfico o legitimación de capitales, que se remitió a la Jurisdicción Especializa sobre Delincuencia Organizada (JEDO). El fiscal general calificó este expediente como un megacaso de corrupción, legitimación y fraudes: aglutina lo que normalmente se tramitaría en unas 40 investigaciones grandes.