Terreno para nuevo edificio de JPS con amenaza “muy alta” de deslizamientos e inundaciones

Terreno donde se construiría la nueva sede de la JPS, en Barrio Cuba, San José. CRH/Carlos Castro

La Junta de Protección Social (JPS) acordó adquirir por más de ₡3.369 millones el terreno para construir la nueva sede central de la entidad, cuyo uso de suelo municipal aportado por el oferente de la propiedad y emitido por el gobierno local de San José, advierte una "muy alta" zona de amenaza a deslizamientos e inundaciones.

El 19 de febrero, la junta directiva de la JPS avaló la adjudicación de la compra de la propiedad ofrecida por la sociedad anónima 3-101-636477 representada por un ciudadano chino de apellido Lin y localizada en Barrio Cuba, distrito Hospital, en San José. En ese sitio opera actualmente un supermercado y está ubicado cerca de la fábrica Numar.

La decisión se basó en el informe hecho el 12 de enero por el Consorcio C&C Consultores Asociados, en calidad de gestor del proyecto denominado "Casa Nueva". El terreno comprende un área de 10.390 metros cuadrados (m²), con el plano catastro 1-1509159-2011 y el número de finca 593510. El acto de adjudicación quedó en firme el 6 de mayo y a este 10 de junio únicamente restaban por completar los detalles finales para la firma del contrato.

Una vez que esto suceda, la Procuraduría General de la República (JSP) se hará cargo de inscribir el inmueble a nombre del Estado para poder ejecutar la construcción del edificio mediante un nuevo contrato. La JPS estima que ese trámite puede tardar dos meses.

La Dirección de Control Urbano de la Municipalidad de San José emitió la resolución de declaración jurada para solicitud de uso de suelo de la tierra urbano, con fecha del 2 de abril de 2024, en el que señalan zonas de amenaza a deslizamientos e inundaciones en categoría "muy alta" y un Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) "bajo". Así consta en el uso de suelo que el mismo oferente presentó en la oferta planteada a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

La selección de este terreno se hizo tras evaluar 16 propuestas, de la cuales solo 3 resultaron elegibles tras revisar los requisitos que se solicitaban. Entre los finalistas estaban Inversiones Metales del Pacífico S.A. y Centro Corporativo Paseo Colón, no obstante la junta se declinó por la opción de la propiedad donde actualmente opera el supermercado Maxi Consumo.

Dicha elección se tomó pese a que el documento de ficha técnica de referencia de mercado, para el bien más apto, publicada por la JPS en el Sicop, advierte que "la propiedad no deberá verse afectada por fuentes de agua, cauces de agua y amenazas naturales". Eso mismo recoge el informe de recomendación de adquisición de inmueble.

Édgar Díaz Salas, gerente de Desarrollo Social de la JPS, explicó que la institución no se basa en "primera instancia" en la documentación aportada por los oferentes y que, más bien, complementaron esto con análisis propios y visitas al inmueble.

"Una vez que nosotros recibimos las ofertas, nos dimos a la tarea de revisar todos los datos de cada uno de los terrenos. Nosotros no nos basamos en documentos que nos haya presentado el oferente, en primera instancia. Si no que nosotros nos movilizamos, fuimos y revisamos los datos que tenemos. Al uso del inmueble se le hicieron varias revisiones. Se revisó el IFA, el cual es un índice que es muy importante para nosotros. El índice para esa zona dio un nivel muy bajo, realmente bajo.

"Después de eso, se analizaron algunos otros temas, como por ejemplo deslizamientos e inundaciones, los cuales vienen como de 2 fuentes separadas: el de deslizamiento se utiliza por la Municipalidad de San José en donde el espacio donde está ubicado este, no había una incidencia alta en deslizamientos, sino que más bien fue muy adecuado el que nosotros encontramos. El de inundaciones es un aspecto que se revisa con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y se indica que no hay una incidencia en inundaciones, en ese aspecto", dijo Díaz.

Agregó que en el terreno se hicieron pruebas satisfactorias de hasta 13 metros de profundidad sobre el suelo, pese a que existe un documento municipal que advierte el riesgo.

El funcionario insistió en que la comisión interna de la JPS, el comité asesor y la empresa evaluadora determinaron que el terreno "cumplía con todos los requisitos y que es apto para construir las nuevas instalaciones".

Uso de suelo otorgado por la Municipalidad de San José y presentado en la oferta adjudicada. Sicop

En principio, Díaz señaló que el uso de suelo aportado por el oferente del terreno era de mediados de 2023, pero se le indicó que el documento en realidad tiene fecha del 2 de abril de 2024. Tras esto, apuntó que la JPS cuenta "todavía con estudios más recientes en relación con este tema", sin especificar la fecha, y que el señalamiento contenido en el documento municipal no riñe con las condiciones requeridas para construir las nuevas instalaciones, pues en la actualidad hay instalaciones en uso con permisos de funcionamiento y de uso de suelo vigentes.

Al ser consultado sobre el tema del alcantarillado, el funcionario explicó que "tienen datos muy nuevos en relación con el alcantarillado de esa zona" y que los "estudios más recientes señalan la posibilidad de acceder a desagües que construiría la Municipalidad de San José".

Según los planes de la entidad, la intención es que el nuevo edificio (que deberá ser licitado para construcción) esté listo a mediados de 2026. La JPS deberá asumir la demolición de las bodegas y las estructuras existentes en el terreno escogido.

Imagen aérea del terreno adquirido por la JPS en más de ₡3.369 millones. CRH/Google Earth

Buscaron contratación directa

La Contraloría General de la República (CGR) no autorizó a la Junta de Protección Social (JPS) a realizar la compra del terreno mediante una contratación directa.

En un documento con fecha del 28 de noviembre del 2022, la División de Contratación Administrativa (DCA) de la CGR indicó que que el hecho de tramitar un procedimiento ordinario no impedía a la junta llevar a cabo un proceso ágil y adecuado.

En setiembre del 2021, con un estudio de mercado sin firmas, entre otras inconsistencias, la JPS solicitó una autorización  a la CGR para invertir casi ₡8 mil millones en la compra de un edificio para trasladar sus instalaciones.

La gestión, que le fue rechazada a la JPS, surgió del oficio JPS-GG-1520-2022, del 27 de octubre de 2022. Ahí se le señaló a la CGR que existía la necesidad de comprar una propiedad para trasladar sus instalaciones.

En ese momento alegaron que el edificio actual era antiguo y que sufrió diferentes eventos sísmicos que provocaron deterioros estructurales, "lo que hace que el edificio no sea seguro para los funcionarios y usuarios".

Con un estudio iniciado en mayo del 2022 y con un presupuesto máximo de ₡10 mil millones para financiar la compra, la JPS identificó una primera lista de 37 alternativas. Conforme se aplicaron los diferentes de criterios de evaluación, se descartaron varias.

La División de Contratación Administrativa (DCA) de la CGR estableció que de ese plan inicial solo 5 ofertas cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.

La CGR determinó que tramitar un procedimiento ordinario no impedía a la JPS llevar a cabo un proceso ágil y adecuado.

La compra del nuevo terreno para construir las nuevas instalaciones centrales de la junta está sobre la mesa desde 2020, pero fue hasta 2023 que aceleró el proyecto.

Así las cosas, se promovió en Sicop la licitación bajo la figura de procedimientos especiales bajo el expediente 2024XE-000001-0015600001.

Edificio de la Junta de Protección Social. Foto tomada de: jps.go.cr

¿Qué pasará con el edificio viejo?

El edificio actual, ubicado en el distrito capitalino de Merced, fue construido en 1974 y cuenta con 900 m² de construcción. Por eso, la entidad considera que el inmueble actual les quedó pequeño y que requieren un espacio más amplio para los servicios que la JPS brinda. "Nada haríamos con demolerlo y volverlo a construir, porque no se puede utilizar una huella más ancha", citó Díaz.

El gerente Díaz dijo que una vez que desocupen el sitio donde actualmente labora el personal, será el gobierno central el que tome la decisión sobre si ocupar o no las instalaciones para otra entidad, demolerlo o darle otro destino. Esto se haría hasta la próxima Administración (2026-2030).