Terminal de papel consumió más de ₡1.000 millones en estudios que no servirán
Actual junta directiva archivó plan al considerar que era inviable
(CRHoy.com). El fallido proyecto de la Terminal Pacífico, que impulsó la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), consumió más de ₡1.000 millones en estudios para justificar la obra que, de momento, no prosperará.
El dato figura en un informe técnico elaborado por la Dirección de Planificación de la empresa estatal, con fecha del 17 de marzo de 2023, que respondió a una consulta emitida por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la Contraloría General de la República (CGR).
El proyecto, cuestionado en julio de 2021 por la CGR, procuraba construir una terminal millonaria en aguas del pacífico, frente a Barranca de Puntarenas, con una inversión de $238 millones para el diseño, el suministro, la instalación y la operación de una monoboya compuesta por 2 tuberías enterradas en el lecho marino.
Las tuberías tendrían una longitud de 6 mil metros cada una, con diámetros de 600 milímetros (mm) para trasegar gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (GLP).
La iniciativa, que buscaba, según las autoridades del gobierno anterior, no depender del plantel de Moín (Limón), se complementaría con la estación de rebombeo ubicada en Fertica, en Barranca, y un sistema para almacenamiento de GLP (7 esferas con una capacidad mínima de 4 mil metros cúbicos cada una).
En setiembre de 2022, la actual junta directiva de la refinadora, encabezada por Juan Manuel Quesada Espinoza, acordó desestimar y archivar la iniciativa con base en un informe técnico que señaló que el proyecto "no era rentable, que no contemplaba una valoración actualizada, ni una dimensión total esperada del proyecto, ni su financiamiento". Lo cual, según el análisis, impide valorar el efecto tarifario total y crea incertidumbre sobre la posible recuperación de la inversión, considerando que podría implicar un aumento del subsidio que posee el GLP y que pagan los consumidores de gasolinas y el diésel.
Según la decisión tomada en setiembre de 2022, la obra presentaba una desproporción entre el monto de la inversión y la demanda que pretendía satisfacer, y la infraestructura tendría una subutilización significativa. "(…) se pretendió justificar el proyecto con el costo de desabastecimiento, haciendo un uso erróneo del concepto, y se omite una evaluación integral de las necesidades de inversión total de la empresa", subrayó la cúpula institucional, en ese momento.
Ahora, el informe del 17 de marzo de 2023, recalcó que el costo en los estudios para el proyecto rondó los ₡1.018,33 millones (más de $1.8 millones, al tipo de cambio del 8 de junio de 2023). Además, el análisis estimó que el ahorro con la desestimación del plan alcanzaba los ₡193.270 millones y el monto en las garantías recuperadas superaría los ₡614 millones.
Adicional a esto, en 2021 se llevó a cabo el depósito de garantías ambientales por más de ₡760 millones. Recope estaba en trámites para la devolución de estos recursos ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Recope sacó el proyecto a licitación a finales de abril de 2021, pero en julio de ese año la CGR ordenó frenar el trámite tras detectar numerosas inconsistencias en el primer estudio de factibilidad y los sustentos iniciales para justificar la obra.
En ese estudio no se incluyeron datos sobre los análisis de mercado, los informes técnicos y los documentos sobre riesgo a desastres. Tampoco los aspectos ambientales, legales y administrativos para decidir sobre incursionar en la fase de inversión.
La pasada Administración, con Alejandro Muñoz Villalobos como presidente ejecutivo, trazó un plan que apuntaba la entrada en operación de la terminal para 2026.
Según la intención, la refinadora debía aportar de su bolsillo $98.2 millones y el resto ($135,7 millones) provendrían de un crédito bancario. Dos de las opciones puestas sobre la mesa para encaminar el proyecto fueron gestionar una Alianza Público Privada (APP) o un Fideicomiso de Obra Pública (FOP).
Antes de que concluyera la pasada Administración, la presidencia ejecutiva a cargo de Muñoz promovió un convenio tripartito con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) para mantener a flote el plan.
La terminal planteada incluía el sistema de carga de cisternas, el sistema contra incendios, las interconexiones, los equipos de medición, de automatización y un tanque de 8 mil metros cúbicos (m3) para almacenamiento de diésel. En la terminal, también se instalaría un sistema para almacenar, importar y distribuir productos como GLP, diésel y gasolinas (como Súper o Regular).
En caso de continuar el proyecto, la refinadora deberá completar la etapa de preinversión. Luego, gestionar por cuenta propia o a través de terceros, cualquier estudio, permiso, autorización o licencia que se requiera.
En febrero de 2023, antes del cambio de Administración, en otro intento por buscar vías para ejecutar la obra, el Departamento de Gestión de Proyectos de Recope, consultó a la oficina legal si existía la posibilidad de desarrollar el proyecto por la vía de la concesión. Pero, se estableció que la empresa no está habilitada legalmente para ceder a terceros la administración del monopolio estatal de refinación, importación, distribución o comercialización de los derivados del petróleo con fines energéticos.
Recope mantiene una investigación administrativa sobre el desarrollo de este fallido proyecto.