Taxistas piden a Chaves incluir indemnización de ₡20 millones para cada concesionario en proyecto

(CRHoy.com). Los taxistas que se reunieron este jueves con Rodrigo Chaves, presidente de la República, llevaron un pliego de 6 peticiones puntuales para ser incluidas en la propuesta de regulación de plataformas que el Poder Ejecutivo elevará a la Asamblea Legislativa.

Entre esas solicitudes figura la inclusión de un transitorio en el proyecto de ley, en el cual se contempla por un plazo de 6 meses para que el gobierno "presupueste y ejecute el pago de una indemnización a todos los concesionarios de taxi por los daños, perjuicios económicos y financieros, que el sector alega haber sufrido con la irrupción de la empresa Uber en agosto de 2015.

"El monto de la indemnización será de ₡20 millones (veinte millones de colones) por concesionario, por el periodo comprendido entre agosto 2015 a la fecha que se establece en este transitorio. Para que se realice este pago, el concesionario debe estar al día con las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). De no encontrarse al día con sus obligaciones, se rebajará de la indemnización el monto pendiente para poder proceder con la cancelación total de la deuda con la CCSS", puntualizó Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), a través de una publicación efectuada horas antes de la reunión.

El reclamo indemnizatorio no es una solicitud nueva de los taxistas. Incluso, años atrás, se planteó un reclamo contra el Estado de Costa Rica ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).

El fundamento del alegato de indemnización recae en que los taxistas tienen suscrito un contrato de concesión con el Estado y que, al permitir la operación de las plataformas por varios años, existió un incumplimiento estatal.

El encuentro entre Chaves y los taxistas se realizó en las instalaciones del Instituto Nacional de Seguros (INS), donde el mandatario tiene su despacho de manera temporal debido a remodelaciones en marcha en la Casa Presidencial.

El presidente estuvo acompañado de Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, y Carlos Ávila, viceministro de Transportes y Seguridad Vial. El principal compromiso del Poder Ejecutivo con los taxistas radica en presentar un proyecto de ley que "equilibre" las condiciones operativas en relación con las plataformas.

Actualmente, los taxistas "rojos", que poseen concesiones adjudicadas por el Consejo de Transporte Público (CTP), deben acudir 2 veces al año a la Revisión Técnica Vehicular (RTV), tienen que pagar anualmente cánones a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y al CTP. Asimismo, deben estar al día con el Ministerio de Hacienda y la CCSS.

En principio, el gobierno pretendía presentar el proyecto de ley al cierre de 2022. Eso no sucedió y, de momento, se desconoce cuándo estará listo el texto.

¿Cuáles fueron las otras 5 peticiones de los taxistas?

Transporte público:

"No la creación de una nueva modalidad llamada "transporte privado. Un grupo político está con la idea de la creación de un transporte paralelo, que trabaje a la par del transporte público. Eso de ninguna manera se puede aceptar y, si a la hora de llegada, llega a ganar esta hipótesis o figuración, el gobierno rompería de su parte el contrato de concesión que tiene firmado con los taxistas y no tendríamos más opción a lo que es el cobro de la indemnización en la suma de ₡20 millones (veinte millones de colones, que es lo que va estipulando en el transitorio primero del proyecto de ley)".

Límite de operaciones:

A lo libre, sin límite de operadores, podríamos aceptar la salida de un 30% de permisos de taxis, o Servicio Especial Estable de Taxis (Seetaxi). Según lo que se apruebe, no se puede permitir la salida a la libre, ya que eso violaría nuestro estado de trabajo, y sería ruinoso. No solo para los actuales taxistas, sino que también para los nuevos operadores.

No a la libertad de bases de operación:

No se puede permitir que exista transporte público solo en las cabeceras de provincias, o en los sitios de mucha rentabilidad. Debe de existir ese servicio en todos los distritos, cantones y provincias del país. No se puede dejar zonas sin transporte público.

Misma tarifa con el taxi aprobada por la Aresep:

No se acepta una tarifa que no sea la misma, que el servicio se gane por prestación de un buen trato, no que se gane con tarifas de hambre como en la actualidad. Que se pueda realizar un rebajo de la misma, pero que ese rebajo no supere el 20% hacia abajo. Que se fije un piso inferior, lo mismo que un piso lineal o tarifa de inicio.

Carros identificados:

Con placas otorgadas en el registro público e identificados los carros en las puertas y techo. No a que ellos (plataformas) trabajen como carros particulares, por la seguridad del usuario y para sacar de la línea de trabajo a los que ya tienen otro ingreso fijo.

Según Casa Presidencial, las conversaciones en esta línea de respeto continúan con los sectores involucrados para lograr un consenso final para la presentación del proyecto de ley.

En 2007, el país registraba 12.500 concesiones de taxi. En la actualidad, esa cantidad se redujo a aproximadamente 11 mil. La proyección es que esta tendencia se mantenga y adquiera mayor fuerza en los próximos meses.

La aplicación Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015, mientras DiDi inició funcionamiento en noviembre de 2019. En el caso de Uber, de capital estadounidense, cuenta con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país.