Taxistas insisten en solicitar indemnización de ₡30 millones
Transportistas incluyeron petición en texto sustitutivo enviado a la Asamblea Legislativa
(CRHoy.com). El texto sustitutivo planteado por los líderes de los taxistas para que se regulen las plataformas rescató el interés en que el Estado les cancele una indemnización de ₡30 millones a cada concesionario.
Así lo apunta la propuesta que se presentó días atrás por parte del Foro Nacional de Taxistas a la comisión legislativa de asuntos de gobierno.
Con el texto sustitutivo presentado, los transportistas se separan del planteamiento hecho por el Poder Ejecutivo en mayo pasado.
Los taxistas alegan un incumplimiento de parte del gobierno en la presentación del documento que corregiría algunos aspectos señalados por ellos. Por ejemplo, la "fuerza roja" piden que se les mantenga la figura de concesionarios y que no se conviertan en permisionarios (como lo propone el plan inicial de Casa Presidencial).
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) respondió a los taxistas y apuntó a que esperan el criterio de las plataformas tecnológicas (como Uber o DiDi) para completar el texto sustitutivo que remitirán a la Asamblea Legislativa.
Tanto el ministerio como los taxistas reconocieron que cuando Casa Presidencial anunció el proyecto de ley de regulación, ya existía un acuerdo verbal para acordar un nuevo texto que afinara los alcances de la propuesta.
Los taxistas reclaman la indemnización debido a que consideran que el Estado no veló por el cumplimiento de la ley existente tras la llegada de las plataformas a partir del año 2015. No es la primera vez en que se hace referencia a esta petición, pues desde hace años atrás se puso sobre la mesa el alegato.
En tanto, las plataformas no están de acuerdo en que se tengan que rotular los vehículos de los choferes que brindarán los servicios.
"El Gobierno de la República deberá presupuestar, en el siguiente ejercicio fiscal, a partir de publicada esta ley, los recursos necesarios para ejecutar el pago de una indemnización a todos los concesionarios de taxi por los daños y perjuicios económicos y financieros ocasionados con la entrada a prestar servicio las plataformas tecnológicas desde agosto del 2015. El monto de la indemnización será de ₡30 millones por concesionario, por el periodo comprendido entre agosto 2015 a la fecha que se establece en este transitorio", cita uno de los transitorios del texto impulsado por los taxistas
"Para que se realice este pago, el concesionario debe estar al día con las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el cánon del Consejo de Transporte Público (CTP) de no encontrarse al día con sus obligaciones, se autoriza para que se proceda con el monto de la indemnización con la cancelación total de la deuda con la CCSS. En caso de que la situación fiscal no lo permita, esta obligación podrá ser cancelada en un máximo de tres tractos anuales", cita el proyecto.
Actualmente, los taxistas "rojos", que poseen concesiones adjudicadas por el CTP, deben acudir 2 veces al año a la Revisión Técnica Vehicular (RTV), tienen que pagar anualmente cánones a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y al CTP. Asimismo, deben estar al día con el Ministerio de Hacienda y la CCSS. Por eso, urgen que la cancha se "empareje" en relación con las plataformas.
En 2007, el país registraba 12.500 concesiones de taxi. En la actualidad, esa cantidad se redujo a aproximadamente 11 mil. La proyección es que esta tendencia se mantenga y adquiera mayor fuerza en los próximos meses.
En ausencia de una regulación específica, Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015, mientras DiDi inició funcionamiento en noviembre de 2019. En el caso de Uber, de capital estadounidense, cuenta con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país.
