Taxistas acuerpan plan sobre Uber en un 80%: esto es lo que piden cambiar
Transportistas piden que Uber opere en un 30% de la flotilla total de taxis
Ya en frío y con los pies sobre la tierra, el sector de taxistas formales cree que el proyecto que los pondría a coexistir legalmente con Uber es "flojito".
El martes, más de 3 años y 4 meses después de que la empresa estadounidense inició operaciones en el país, el Poder Ejecutivo entregó un proyecto de ley que pretende avalar la operación de aplicaciones móviles destinadas a enlazar clientes y choferes de vehículos privados.
La propuesta no llenó las expectativas de Uber, pues la compañía apuntó que caminaba muy lejos de la innovación y –de paso- advirtió sobre posibles repercusiones en la calidad del servicio debido a los requisitos establecidos.
El plan establece que Uber –o las empresas de este tipo- pagarán una cifra cercana a los ₡8.300 millones para operar. Asimismo, cada 4 años, se tendrían que renovar el permiso de operación por el 50% del monto antes citado.
El proyecto procura la creación del registro de Empresas de Plataformas de Transporte (EPT) que contemplará: nombre y certificación que constituye a la empresa como una persona jurídica, una certificación de inscripción como contribuyente en la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda. Así como un listado de nombre completo, calidades y número de licencia de todos los propietarios de vehículos y conductores acreditados.
Rubén Vargas, representante de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), dijo a CRHoy.com que "están satisfechos en un 80%" con la propuesta planteada debido a que lo catalogan débil en algunos apartados.
"Lo único que se ve duro es el pago que tiene que hacer la plataforma por ingresar (los ₡8.300 millones), pero estos señores tienen que saber que han estado 3 años sacando y metiendo plata del país y que nadie les ha hecho un control", apuntó el dirigente sindical.
Entre varios aspectos, el plan propone cobrar un canon anual de $200 por cada carro que brinde el servicio, mientras cada chofer tendrá que pagar $35 para ese mismo período.
Los carros deben tener un máximo de 8 años de antigüedad, cuando se trate de automotores con menos de 4 años de fabricación la revisión técnica vehicular será una vez al año. Sin embargo, cuando el modelo tenga 4 años tendrán que ir 2 veces.
Los vehículos que se registren deben tener 4 puertas y una capacidad mínima para 5 pasajeros. Sin embargo, si el automotor es para 7 personas siete personas, requerirá un permiso especial para comprobar que los 2 pasajeros por encima de los 5 cuentan con salida independiente.
¿Qué piden los taxistas que se ajuste en el proyecto?
- Que no se elimine el representante del gremio ante el Consejo de Transporte Público (CTP).
- Que no se equipare el tope máximo de carros de Uber a la cantidad de placas de taxis vigentes (12.500, según UTC). Por el contrario, abogan porque los conductores de la aplicación ronden el 30% de la flota total de taxis formales.
- Si se hace algún curso para educar conductores de Uber, que esté en manos de la Dirección de Educación Vial o un tercero no interesado en la prestación del servicio.
- Con respecto al comprobante digital que deberán emitir los taxistas tras completar cada servicio (donde se evaluará la calidad del viaje), el sector propone que los conductores también tengan la oportunidad de calificar a cada usuario.
- Piden que, al igual que los taxis, los choferes de Uber que ofrezcan servicios en carros para 7 pasajeros cuenten con rampas acordes a la Ley 7.600.
- Urgen que las pólizas incluyan –además de responsabilidad civil- daños a terceros y daños a los usuarios que vayan dentro del carro.
Una de las figuras más polémicas es el Fondo Nacional de Movilidad, el cual será administrado por el CTP. Este se financiaría del pago de inscripción para el registro que harán las empresas, así como el aporte porcentual sobre el precio final cobrado en cada servicio de transporte mediante EPT.
Cada inscripción tendrá un costo de $100, mientras el precio final cobrado por cada servicio es de un 3% sobre el precio final.
El fondo se financiará con sanciones administrativas creadas en la propuesta, así como cualquier "otro cobro, ingreso o donación autorizada mediante la presente ley".
¿Y para qué es ese dinero? Durante 8 años el 80% de esos ingresos sean utilizados para la modernización de la flota de taxis. Es decir, "para el pago de la prima de adquisición de vehículos nuevos".
Para eso se requerirá un reglamento que indicará los parámetros de distribución tomando en cuenta el tipo de tecnología del vehículo y el monto de la prima.
El dirigente explicó que procuran que todo el 'poder' para regular el servicio de transporte de personas -que mantiene la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep)- pase al CTP.
Por su parte, Gilbert Ureña, miembro del Foro Nacional de Taxistas, agregó que formaron una comisión de 5 representantes del sector para elaborar el texto con cambios que propondrán a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
Ureña reprochó que, según su óptica, Uber tenga 3 años de generar recursos sin beneficios para el Estado y por eso consideran que en su mayoría el proyecto es justo.