Supremos poderes acuerdan desentrabar plan que regularía beneficios carcelarios
Los 3 Supremos Poderes de la República decidieron desentrabar el avance del proyecto de ley sobre ejecución de la pena.
Para lograr avanzar con esta discusión los jerarcas decidieron discutir el proyecto en una mesa distinta de la que se creó para analizar el resto de iniciativas prioritarias en materia de seguridad.
El proyecto de ley de Ejecución de la Pena regularía los beneficios carcelarios que reciben los privados de libertad. Además, establece que las personas que sean condenadas por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no podrán solicitar esos beneficios.
La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y presidenta de la Comisión de Seguridad, Gloria Navas admitió que el tema de discusión de la ejecución de la pena es "delicado", pues se deben unificar las leyes penitenciaria y la de ejecución de la pena.
"La Ley Penitenciaria tiene normativa administrativa y la ejecución de la pena es de normativa jurisdiccional, por lo que debemos tratar el tema con cuidado", dijo Navas.
Añadió que la discusión está a cargo de técnicos de los 3 supremos poderes, los cuales sostienen 3 reuniones semanales con el objetivo de consensuar un texto.
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, mencionó que la decisión de discutir este tema en un espacio aparte en el que se discuten el resto de proyectos en materia de seguridad se debe a que el tema de ejecución de la pena es "muy complejo y denso", por lo que requeriría de una atención especial.
Además de regular los beneficios carcelarios, la intención del proyecto es delimitar los derechos y deberes de las personas sentenciadas, para brindar un marco de seguridad jurídica a ese procedimiento, y plantea un desarrollo sobre las funciones del Sistema Penitenciario Nacional, como dependencia del Ministerio de Justicia y Paz que tiene a su cargo el control y vigilancia de la efectiva ejecución de la sanción penal.
El texto más reciente en este sentido fue presentado en octubre anterior por el Poder Judicial. La iniciativa fue elaborada por la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General de la República y la Defensa Pública, con el apoyo de jueces especializados en ejecución de la pena.
Además de este expediente, en la mesa de discusión hay otros 2, uno propuesto por el Poder Ejecutivo y otro por los diputados de la pasada Administración.
Semanas atrás el fiscal general, Carlo Díaz, recordó que en 2015 la Sala Constitucional ordenó a la Asamblea emitir una ley sobre ejecución de la pena.
"Va a regular el sistema penitenciario. Se va a establecer la salida de las personas de una manera anticipada del sistema penitenciario, tanto por la vía administrativa como judicial. Además, es importante porque establece como se deben realizar las audiencias, pues actualmente no está regulado", comentó Díaz.
En el Poder Judicial otros jerarcas se han manifestado acerca de la necesidad de empezar con esta discusión cuanto antes.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, señaló que al aprobar esta ley se procura garantizar el cumplimiento de penas impuestas a las personas condenadas y dar una seguridad jurídica al debido proceso. Según Aguirre, esto se logra mediante una clara definición de las competencias de las personas juzgadoras y del Poder Ejecutivo.
"Esta propuesta da certeza y seguridad jurídica a los actores encargados de la administración de la justicia, además establece parámetros para uniformar los criterios a la hora de ejecutar sanciones penales y medidas de seguridad impuestas por los tribunales", manifestó Aguirre semanas atrás.