Subasta de hangares del Tobías Bolaños está suspendida por orden judicial
La subasta de 36 hangares del aeropuerto Tobías Bolaños está suspendida desde junio debido a una medida cautelar de urgencia solicitada por un empresario dueño de uno de los espacios.
La apertura de ofertas del concurso, anunciado en febrero, estaba prevista para el 9 de junio y se estimaba iniciar la etapa de contratación en agosto. Sin embargo, un juez del Tribunal Contencioso acogió la medida y ordenó detener el proceso licitatorio.
Dos días después, la Proveeduría Institucional de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) redactó un oficio en el que informó que acató la orden y agregó el anuncio en el expediente publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La licitación se podrá retomar solo cuando se emita una nueva resolución definitiva que puede mantener o levantar la medida cautelar, lo que demorará varios meses. Dependiendo del resultado, el proceso puede seguir a apelaciones que extenderían aún más el trámite.
Además, el juez puede elegir si mantiene la suspensión solo para el hangar del solicitante de la medida o para todo el concurso.
Reclaman discriminación
Julio Fonseca, abogado director del proceso, asegura que su cliente no está opuesto a la subasta, pero señalan que existe discriminación. Argumentan que la DGAC permitió la participación en la licitación solo a la aviación comercial y dejó por fuera a privados que han ocupado esos espacios por años. A los 36 dueños de hangares se les canceló el permiso de funcionamiento.
"No solo se les canceló el permiso, sino que además les dicen que no pueden participar. No estamos diciendo que ese terreno sea nuestro, porque es un bien público, lo que pasa es que lo quitan y no dejan la opción de concursar", comentó Fonseca.
El criterio del solicitante de la medida es que en el aeropuerto no hay aviación comercial abierta a todo el público, como sí se da en el Juan Santamaría. El Tobías Bolaños alberga compañías que se dedican a servicios como mecánica de aviones y mantenimiento, pero también hay hangares de empresas privadas y alquiler de aeronaves.
También cuestionan la decisión de la DGAC de incluir en el concurso exclusivamente a los hangares propiedad de empresas sin certificado de operador aéreo (COA). Este documento autoriza a realizar operaciones de transporte comercial de pasajeros o carga.
Sin embargo, el denunciante sostiene que algunas empresas con COA cuyos hangares no fueron parte de la licitación se dedican solo a la aviación privada.
Otro reclamo está relacionado a las construcciones. En principio el terreno del hangar es público, pero las estructuras son privadas. Fonseca afirmó que en la subasta se incluyeron las construcciones, lo que consideran un lucro de un bien particular. Por eso, piden que se les pague por esas edificaciones o se les permita retirarlas.
La Asociación de Operadores y Propietarios de Aeronaves (AOPA) también está dando seguimiento al proceso. La organización espera que la medida cautelar quede en firme, según comentó el directivo Javier Guardia.
"Hay gente a la que le dieron un lote y tuvo que invertir en el hangar y ahora se lo quieren quitar y dárselo a un comercial", aseveró.
La AOPA pide a las autoridades empezar de cero una nueva licitación que contemple a los 95 hangares de la terminal aérea y que se subasten entre todos los participantes. Guardia afirmó que han intentado entablar conversaciones con la DGAC, pero la institución está sin director desde mayo. Tampoco está conformado en su totalidad el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac).
Este medio envió consultas DGAC sobre los señalamientos y la suspensión del concurso, pero la respuesta sigue pendiente.
Anteriormente, la Asociación denunció que existió injerencia del expresidente Rodrigo Chaves en la administración del Tobías Bolaños. La acusación vino luego de que el exmandatario externara su molestia con el uso de hangares por parte de diferentes empresarios que albergan aeronaves privadas, entre esos el propietario de Teletica. También hubo modificaciones en las regulaciones internas del aeropuerto.
Aviación Civil confirmó posteriormente que ordenó cambios en la seguridad de la terminal aérea, que justificó por razones de normativa internacional y negó injerencia presidencial.