Sospechosos de caso Fénix pidieron quitar medidas cautelares y permiso para acudir a juicio virtualmente

Parte de los sospechosos del caso Fénix, que supuestamente conformaron un grupo que se dedicó a blanquear ganancias del narcotráfico, solicitaron al Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada que removiera las medidas cautelares que pesan sobre ellos, mientras afrontan el juicio.

Lo hicieron a través de sus abogados defensores. José Miguel Villalobos, conocido públicamente por ser el abogado del mandatario Rodrigo Chaves y quien representa a 7 de los 25 acusados, fue el primero en indicar que, dado que sus clientes están acudiendo diariamente al debate, desde su punto de vista "lo más lógico" era quitar la obligación de firmar cada 15 días ante una autoridad judicial.

Como alternativa, otros defensores apoyaron la petición de no quitar del todo la restricción, sino permitirle a los imputados que firmen en los Tribunales de San José, donde se lleva a cabo el juicio.

Finalmente, los jueces accedieron a esto último y los sospechosos deberán seguir firmando periódicamente en el Primer Circuito Judicial de la capital, no en Pérez Zeledón, Heredia y Alajuela, donde les correspondía.

Cabe destacar que menos de 10 acusados mantienen esta restricción, los tres principales están bajo prisión preventiva y los demás, en completa libertad sin restricciones.

Adicionalmente, este martes el Tribunal a cargo del caso rechazó la petición de varios abogados, para que la mayoría de imputados se ausenten presencialmente del debate, debido a que viajan a diario desde El Valle de El General o zonas cercanas.

Los defensores pretendían que los jueces ordenaran la habilitación de una sala de juicio en Pérez Zeledón, para que los sospechosos se conectaran de forma remota por alguna plataforma virtual y siguieran todo el proceso desde allí.

Entre los argumentos de los defensores, estaban los altos costos de traslados y alimentación en los que tienen que incurrir, permitirles trabajar en horarios previos y posteriores al juicio, así como la "cercanía" con sus respectivas familias.

Los jueces rechazaron esta pretensión, aclarando que la virtualidad es solo para casos excepcionales y que es importante que los sospechosos se mantengan presentes, para poder defenderse.

En el caso "Fénix", destapado por las autoridades en 2021 y que actualmente se encuentra en etapa de juicio, están señalados testaferros, frenteadores, funcionarios bancarios, contadores, notarios y varios cómplices.

Son un total de 25 imputados que en apariencia se dedicaron a esta actividad ilegal al menos desde el 2016, y que eran liderados por José Giovanni Segura Angulo, también sospechoso de narcotráfico que está a la espera de afrontar un juicio por esos hechos, desde el 2014.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, presentada ante el Tribunal desde el pasado viernes, este cabecilla consiguió utilizar dineros provenientes del trasiego de drogas, para inmiscuirlos en comercios que ya existían o bien, para conformar empresas con el fin de blanquear los fondos.

Esto mediante la inyección de capital o mezclando ganancias ilícitas con el dinero generado en comercios como lubricentros, restaurantes, llanteras, verdulerías y hasta una gran finca ganadera, denominada "Hacienda Fénix".

La legitimación de capitales habría estado en curso desde al menos 2015 sin poder determinar fecha exacta, luego tuvo un fuerte repunte en 2018, pero tomó mucha mayor fuerza en pleno del periodo de pandemia mundial, cuando la mayoría de establecimientos reportaron un incremento de las pérdidas económicas.

El grupo de familiares, colaboradores y el mismo cabecilla Segura Angulo, habrían ampliado la gama de actividades criminales que justo en medio de la crisis financiera de ese año, tuvo una aceleración en sus ingresos, que venían desarrollando desde años atrás.

Según la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, José Giovanni Segura utilizaba personas para encubrir que él adquiría los comercios o ponía a terceras personas, presuntamente, a realizar depósitos, transferencias y pagos, con el fin de encubrir su enorme crecimiento patrimonial, y así evitar el riesgo de que se descubriera el origen ilegal del dinero.

El Ministerio Público presume que Segura Angulo, alias "Narizón", quien tuvo nexos con Juan Manuel García Hernández, alias "El Güero", narcotraficante de origen mexicano y de muy alto perfil, que tenía su "franquicia" en Costa Rica.

La Fiscalía de Legitimación de Capitales aseguró que "El Güero" era el principal líder delictivo en el país, quien mantenía importantes contactos con otras estructuras internacionales para hacerles llegar el producto ilícito que tenía su tránsito por suelo nacional, mediante comunidades en San José y Pérez Zeledón.

Aparentemente, el mexicano supervisaba y dirigía a sus subordinados, para asegurarse que el ocultamiento de la droga, traslados y envíos fueran eficientes, al definir momentos exactos y los métodos a utilizar para toda la operación.

Esta agrupación tenía una forma particular de transportar los alijos de droga: en lugar de utilizar caletas o compartimientos escondidos en la carrocería de vehículos, estos sujetos utilizaban las llantas y caletas en los aros de autos de carga pesada, para escabullir el producto y moverlo por carretera.

Las ganancias que habría obtenido Segura Angulo de ese trasiego de estupefacientes, serían las que se utilizaron presuntamente para construir un imperio económico en El General. Se presume que además de utilizar comercios, se habría empleado la actividad ganadera y la compra de maquinaria o vehículos, para blanquear los fondos.