Solo dos de los 10 miembros de la “agencia de sicarios” están en prisión preventiva por investigación
Únicamente dos de los diez sospechosos de integrar la denominada "agencia de sicarios" que operó en Hatillo y que, al parecer, cometía asesinatos por encargo para otros grupos criminales, permanecen bajo prisión preventiva directamente por esta investigación.
El 23 de enero anterior, el Tribunal Penal de Goicoechea acogió la solicitud de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para ampliar las medidas cautelares e impuso tres meses más de prisión preventiva contra Ian Pana Castro, alias Enano, y César Antonio León Navas.
Además, acordó mantener por tres meses más a José Eduardo Salgado Rocha y a Kender Montero Santos bajo arresto domiciliario.
Si bien otros tres imputados también permanecen en la cárcel —el presunto cabecilla Abraham Josué Gutiérrez Durán, alias Ántrax; Ernaldo Larios Betanco, y Jeffry Salinas Allete—, estos descuentan penas por otras causas.
Según la investigación, habrían participado desde prisión en la comisión de los asesinatos. Las restricciones impuestas en esta causa han variado desde que se ejecutaron las detenciones de los miembros de la supuesta "agencia", en abril de 2024.
Desde el inicio, Ronald Segura Céspedes, alias Chiry, quedó bajo arresto domiciliario, mientras que Christopher Soto Barquero permaneció en libertad. Las medidas cautelares que más han sido modificadas son las de Pana, León, Salgado y Montero.
Inicialmente, el Juzgado Penal de Hatillo ordenó la prisión preventiva de los cuatro por ocho meses. En julio de 2024 se tramitó una apelación que fue rechazada en cuanto a Pana y León, por lo que continuaron en prisión preventiva; no obstante, se autorizó que Salgado y Montero enfrentaran el proceso bajo monitoreo electrónico.
Entre diciembre de 2024 y octubre siguiente, estas restricciones se mantuvieron y fueron prorrogadas hasta la ampliación avalada hace dos semanas. A esta decena de imputados se les vincula con cuatro homicidios calificados y el delito de asociación ilícita.
A ellos se suman dos menores de edad, cuyo proceso se tramita de forma paralela debido a su condición. El Ministerio Público les atribuye haber conformado una estructura criminal dedicada a ejecutar muertes por encargo a cambio de remuneración económica, que operó en distintas localidades de San José, Alajuelita y Heredia entre junio y agosto de 2021.
Entre los hechos investigados figura el homicidio de Jonathan Gabriel Castro Mesén, alias Soma, ocurrido el 24 de junio de 2021 en Alajuelita. Según la hipótesis fiscal, los imputados, bajo órdenes de Ántrax, planificaron y ejecutaron el ataque como represalia por conflictos relacionados con la distribución de estupefacientes.
También se les vincula con el homicidio de Jordan Jesús Núñez Carrillo, perpetrado el 27 de junio de 2021 en Heredia. De acuerdo con la acusación, la víctima fue engañada, privada de libertad, asfixiada y posteriormente abandonada.
Otro de los crímenes investigados es el homicidio de Bryan Narváez López, ocurrido el 11 de julio de 2021 en San José, en un ataque armado en vía pública con el objetivo de eliminar a personas vinculadas a grupos rivales.
Finalmente, se les atribuye el asesinato de Evaristo Mina Ruiz, el 14 de agosto de 2021, quien fue interceptado y ultimado a balazos dentro de un autobús en la zona de La Sabana. Usuarios del transporte público grabaron lo ocurrido con sus teléfonos celulares.
El Ministerio Público sostiene que estos hechos evidencian la existencia de una organización criminal con jerarquía y distribución de roles, dedicada al sicariato y vinculada a disputas por el control del mercado ilícito de drogas, configurando una "oficina" o "agencia" de sicariato.
En todos los casos, la Fiscalía argumentó que los imputados realizaron labores de inteligencia, vigilancia y "marcaje" de las víctimas, actuando bajo órdenes de terceros y con una clara distribución de funciones.
La probabilidad delictiva se fundamentó en testimonios —algunos protegidos—, informes técnicos, peritajes balísticos, análisis de comunicaciones telefónicas, grabaciones de cámaras de seguridad y datos de geolocalización que, según la Fiscalía, evidencian la existencia de dicha estructura criminal.
Para la Fiscalía, el peligro de fuga persiste debido a varios factores, entre ellos la severidad de las penas. Los hechos investigados corresponden a cuatro delitos de homicidio calificado, cuyas sanciones oscilan entre veinte y treinta y cinco años de prisión por cada uno.
Asimismo, se señaló la magnitud del daño causado: la muerte de cuatro personas a cambio de remuneración económica, lo que —según la acusación— revela la extrema gravedad de la conducta atribuida y refuerza el riesgo de evasión.
También se valoraron las condiciones personales y los arraigos débiles o inestables de algunos imputados. Se indicó que Pana, León, Montero y Salgado presentan arraigos domiciliares, laborales y familiares precarios.
Por ejemplo, Pana Castro reside en una vivienda alquilada y tiene un arraigo laboral inestable; León Navas habita en una casa prestada y su situación laboral es intermitente; Montero Santos presenta un arraigo laboral débil, y Salgado Rocha hace trabajos por cuenta propia con movilidad constante.
La Fiscalía sostuvo que las medidas cautelares han sido efectivas para garantizar la sujeción de los imputados al proceso y que resultan necesarias para asegurar la continuidad del procedimiento en las etapas subsiguientes, incluida la audiencia preliminar.
Añadió que medidas menos gravosas serían ineficaces para mitigar los riesgos advertidos, pues el control sería meramente formal y no garantizaría la comparecencia de los imputados, lo que representaría un riesgo para la acción penal.
El Ministerio Público solicitó la prórroga por tres meses, del 30 de enero al 30 de abril de 2026, al considerarla razonable, proporcional y necesaria para definir la situación jurídica de los imputados.
Para los jueces, ese periodo resulta adecuado y proporcional para que se realice la audiencia preliminar y, en caso de dictarse auto de apertura a juicio, se celebre el debate.
Para ejecutar las detenciones en 2024, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) intervino centros penitenciarios y varias viviendas en Hatillo, Alajuelita, Mercedes Norte de Heredia, La Uruca, Guadalupe, Guápiles y Siquirres, donde realizó allanamientos en busca de prueba.
Según la investigación, Ántrax era el presunto líder de la estructura. El imputado, oriundo de Limón, reclutaba a los gatilleros en la región Caribe mientras descontaba una sentencia por transporte de drogas.
Lista de imputados:
- Gutiérrez Durán alias Ántrax, cabecilla (20 años)
- Rodríguez Durán (23 años)
- León Navas (35 años):
- Montero Santos (34 años)
- Pana Castro alias Enano (25 años)
- Salgado Rocha (41 años)
- Soto Barquero (44 años)
- Larios Betanco (22 años)
- Salinas Allete (26 años)
- Segura Céspedes alias Chiry (36 años)