Solís separó a directivos del BCR basado en informe que no recomendaba despidos
Ley establece causales muy explícitas para poder separar directivos, ninguna de ellas fue mencionada en análisis de la Superintendencia
(CRHoy.com) El gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís, tomó la decisión de separar y posteriormente destituir a los anteriores miembros de la junta directiva del Banco de Costa Rica (BCR), basado en un informe que no contenía esa recomendación y que ni siquiera estipulaba alguna de las causales establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para apartar de sus cargos a este tipo de funcionarios.
Se trata de un informe emitido por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) el 25 de setiembre de 2017, el cual fue tomado como base por el anterior Consejo de Gobierno para que Solís suspendiera de sus cargos a los directivos Francisco Molina Gamboa, Mónica Segnini Acosta, Evita Arguedas Maklouf y Alberto Raven Odio, y posteriormente destituyera a los dos primeros (a Arguedas se le venció el nombramiento y Raven después renunció).
El documento de Sugef consistió en una evaluación de riesgo efectuada por la anterior Superintendencia sobre los problemas de gobierno corporativo que enfrentaba el Banco. Las disputas internas entre miembros de la junta directiva y las debilidades en los procesos administrativos habían elevado los niveles de preocupación; sin embargo, aunque se señalaron y enumeraron varias limitaciones, en las conclusiones nunca se recomendó separar ni destituir a los directivos.
La única recomendación fue "tomar a la brevedad las decisiones pertinentes para corregir las debilidades". Así lo confirmó el propio exsuperintendente Javier Cascante, llamado a comparecer ante la comisión que analiza las actuaciones de la Procuraduría de la Ética en torno a un informe que eximió al expresidente Solís de faltas al deber de probidad en el caso del cementazo.
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El informe y la ley
El informe de Sugef es un documento de siete páginas que fue dirigido a Solís el 25 de setiembre con carácter de confidencial.
En él se realiza un diagnóstico de la situación que atravesaba el Banco en 2017, posterior a que CRHoy revelara la trama en torno a los créditos otorgados al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la separación o despido de directivos bancarios solo se puede realizar ante casos muy concretos, establecidos así en el artículo 25.
[accordionset][accordionx heading='Artículo 25 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional'] Los miembros de la Junta serán inamovibles durante el período para que fueran designados. Sin embargo, cesará de ser miembro de la Junta del Banco:
- El que dejare de ofrecer los requisitos establecidos en el artículo 21 o incurriere en alguna de las prohibiciones del artículo 23.
- El que se ausentare del país por más de tres meses sin autorización de la Junta. La Junta no podrá conceder licencia por más de un año.
- El que por causas no justificadas dejare de concurrir a seis sesiones ordinarias consecutivas.
- El que infringiere alguna de las disposiciones contenidas en las leyes, decretos o reglamentos aplicables al banco o consintiere su infracción.
- El que incurriere en responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales. En caso de auto de prisión y enjuiciamiento en contra de un miembro de la Junta, quedará ipso facto suspendido en sus funciones hasta que no hubiere sentencia firme.
- El que renunciare a su cargo o se incapacitare legalmente.
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Cascante confirmó ante la comisión que ninguna de estas causales se mencionó en el informe.
Una copia en poder de CRHoy lo reafirma.
Roberto Thompson, diputado de Liberación Nacional (PLN) reafirmó que ninguna de esas causales fue invocada en el informe utilizado por el Consejo de Gobierno para destituir a los directivos, lo cual es de relevancia "porque se ha cuestionado mucho la decisión del anterior gobierno".
"De manera que la decisión que tomó el Consejo de Gobierno podría resultar cuestionable", aseveró Thompson.
Los mensajes de Solís
El documento elaborado por la Sugef fue la piedra angular sobre la cual la anterior administración decidió primero solicitar la renuncia de los directivos y luego abrir un procedimiento administrativo que terminó con su destitución. Los directivos a quienes Solís suspendió eran precisamente quioenes más cuestionaban los créditos del cementazo, quienes habían suspendido del cargo de gerente del BCR a Mario Barrenechea y además habían solicitado una investigación sobre el dinero girado a Juan Carlos Bolaños.
El 26 de setiembre de 2017 en cadena de televisión, el entonces gobernante salió a manifestar que un día antes había recibido un informe de manos de Javier Cascante el cual aportaba "razones suficientes" para proceder con la destitución de la junta directiva.
Sin embargo, debido a que eso implicaba un procedimiento legal que podría "tardar meses y afectar el funcionamiento del Banco", prefería pedirles su renuncia.
Esta renuncia no llegó pese a que hubo presión de Casa Presidencial para ello a través de manifestaciones en público reiterando la exigencia. La suspensión de sus cargos se produjo el 3 de octubre de ese año.
El 18 de diciembre, y posterior a que la comisión investigadora en la Asamblea Legislativa diera a conocer su informe, el exgobernante volvió a salir en cadena de televisión a anunciar varias medidas.
Entre ellas recordó expresamente que su administración actuó "con base en el criterio de la Sugef para suspender y abrir el procedimiento administrativo" contra los directivos.
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Ese mismo día, la Presidencia de la República comunicó que se había acordado la destitución de la expresidenta del Banco Paola Mora por "haber incumplido su deber de probidad" y de Francisco Molina y Mónica Segnini "por haberse demostrado que ambos directores contribuyeron al debilitamiento de la cultura corporativa".
La comunicación ante los medios de comunicación n hizo referencia alguna a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
Estos hallazgos forman parte de la investigación que lleva a cabo una comisión legislativa en la Asamblea Legislativa, la cual valora la posibilidad de pedir a la Procuraduría que reabra el caso de posible faltas al deber de probidad por parte del expresidente Solís.
CRHoy reveló que la Procuraduría exoneró a Solís de ese señalamiento pese a que la anterior comisión investigadora del cementazo halló una fuerte y decidida injerencia de Casa Presidencial en el caso del cemento chino. El ente procurador envió el documento tres días antes del cambio de administración y el anterior presidente del Congreso Gonzalo Ramírez, no comunicó a los diputados de su existencia, lo que impidió a los legisladores una posible apelación o recusación.
Ottón Solís, uno de los exdiputados que investigó el tema en la administración anterior, confirmó el lunes pasado que al menos él hubiera estado dispuesto a presentar la recusación