Sobrevivientes de tragedia de Cambronero alistan denuncia penal contra CTP

(CRHoy.com) Los sobrevivientes de la tragedia de Cambronero, ocurrida el 17 de setiembre de 2022, alistan una denuncia penal contra el Consejo de Transporte Público (CTP) y contra la empresa autobusera Alfaro, alegando un supuesto abandono en que quedaron los heridos y los familiares de las víctimas.

El suceso se presentó ese día en la carretera Interamericana Norte, en el sector de Cambronero, en el tramo entre San Ramón y Esparza, cuando un deslizamiento llevó hasta a un guindo a una unidad de transporte de autobús que cubría la ruta entre San José y Bolsón de Santa Cruz en Guanacaste y a una motocicleta. En total, fallecieron 9 personas.

Boris Molina, abogado de las víctimas, externó la preocupación del caso a través de un comunicado de prensa y afirmó que tanto el Gobierno de la República, como la empresa de buses Alfaro, no estuvieron dispuestos a conciliar cuando ocurrió el hecho.

Según relata, 8 meses las víctimas aún están a la expectativa de recibir una respuesta pronta por parte de las autoridades para darle una solución a este asunto.

"Ya hay una causa abierta en este caso en materia penal contra el chofer del autobús y nosotros estamos avanzando en las acciones contra la empresa y en las acciones contra el Estado", agregó Molina.

Según el abogado, los seguros voluntarios que cubrían a las víctimas nunca se activaron, y tampoco pusieron a responder la póliza obligatoria que debía tener el autobús.

"Lo único que se pagó o con lo único que las víctimas vieron un beneficio fue con tema del Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores (SOA) que es algo que de por sí es obligatorio y entonces independientemente si lo tenía pago la empresa o no el Estado está obligado a pagarlo en este caso a través del INS", indicó Molina.

El CTP eliminó el permiso de operación de la ruta en poder de la empresa Alfaro ante el incumplimiento de los requisitos para brindar el servicio. Eso sí, la compañía mantiene operaciones hasta que se designe un nuevo operador.

De igual forma, la Fundación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Fundeprode), exgió que se facilite la operación de una autobusera que garantice el cumplimiento de los requisitos en beneficio de los usuarios.

En tanto, el abogado Molina alegó que hay una desproporción entre el discurso y la realidad de los hechos. Por eso, según relató, afectados reprochan y quieren que se haga justicia. Al mismo tiempo, insisten en que requieren de necesidades y atenciones especiales que no han recibido a la fecha.

"Nosotros estamos llevando esto desde la vía penal y civil, ambas acciones, en dos direcciones que no son excluyentes en la vía de este caso del Contencioso Administrativo, la empresa tendría que entrar dentro de un proceso del contencioso-administrativo al estar involucrado el Estado, pero también desde el punto de vista penal para que si se sientan las responsabilidades por lo que nosotros consideramos son delitos de omisión que causaron daños a terceros", concluyó.

Desde el día de los hechos, la policía judicial prepara un informe que será remitido a la fiscalía local para determinar la posible apertura de un expediente penal.

El paso por la ruta estuvo cerrado totalmente entre la tarde del jueves 15 de setiembre y la tarde del viernes 16 de setiembre de 2022, producto de los derrumbes originados tras las fuertes lluvias en otro punto distinto al de la tragedia: el kilómetro 65+400.

El 16 de setiembre la vía se reabrió de manera regulada y, durante la mañana del sábado 17 de setiembre, se volvió a cerrar partir de las 8:00 a.m. para continuar las labores de limpieza. La reapertura, según las comunicaciones oficiales del ministerio, se dio a la 1:30 p.m. del sábado. Unas 3 horas antes de la tragedia.

El tema de la reapertura de la vía el día de los hechos, tras las condiciones vulnerables detectadas en el corredor vial, fue uno de los aspectos medulares de la discusión originada luego del suceso mortal.

El deslizamiento en el kilómetro 67+500 arrastró al precipicio un bus de la empresa Alfaro y la motocicleta.

De hecho, previo a la reapertura, Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, publicó un mensaje en las redes oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)en el que dijo que había ordenado que efectuaran la limpieza lo más rápido posible con el objetivo de restablecer el flujo vehicular.

Las autoridades del MOPT y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) han insistido en reiterados espacios, como la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, que abrió un expediente para investigar posibles responsabilidades de las autoridades, en que se siguieron todos los protocolos para atender un caso de este perfil, que la reapertura se hizo considerando que la vía era apta para circular y que la caída de material que se convirtió en mortal fue un hecho "imprevisible".

Además, enfatizaron en que la tragedia sucedió en otro punto distinto al que ocasionó los cierres entre el 15 y el 17 de setiembre. También, variaron la versión del "cierre total", pese a las publicaciones oficiales y los avisos, e insistieron en que lo que hubo durante la mañana del sábado 17 de setiembre fue un "cierre parcial" mientras concluían los trabajos de limpieza.