Sobrevivientes de Cambronero denuncian al MOPT por obstáculos para obtener información
Plantearon recurso de amparo por dificultad para esclarecer responsabilidad en atención médica
(CRHoy.com). Las víctimas sobrevivientes del accidente de Cambronero, sucedido el 17 de setiembre de 2022, en la carretera Interamericana Norte, siguen a la espera de respuestas por parte de las autoridades gubernamentales.
El suceso, que cobró la vida de 9 personas, ocurrió cuando una porción de montaña se desprendió en el tramo de vía existente entre San Ramón y Esparza, arrastrando a un autobús de transporte público (que cubría la ruta San José-Bolsón de Santa Cruz) y una motocicleta hacia un guindo.
Dos de las sobrevivientes del accidente plantearon un recurso de amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para buscar respuestas sobre por qué la unidad de transporte de la empresa Alfaro (placa GB-1686) tenía agotado el seguro obligatorio que cubriría a potenciales víctimas de accidentes.
María Jovita Bonilla Zúñiga y Aurora Lara Lara, quienes viajaban en el autobús afectado, plantearon un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para obtener información clave de parte del MOPT y el Instituto Nacional de Seguros (INS) en procura de que algún ente se haga carga por la atención médica que debían recibir tras el accidente.
Ambas han procurado obtener, desde octubre de 2022, datos de ambas instituciones y a la fecha han chocado con pared.
El recurso de amparo se planteó el 5 de enero de 2023 y el tribunal otorgó 3 días hábiles para que el MOPT conteste sobre el reclamo.
"Mediante escrito presentado y recibido el 19 de octubre de 2022, en el despacho del ministro recurrido (Luis Amador), solicitaron información relacionada con la falta de regulación, fiscalización del servicio de transporte público en autobús y la atención médica de las víctimas del accidente ocurrido el 17 de setiembre de 2022 en el alto Cambronero que dejó más de 20 heridos y 8 fallecidos sin atender justamente", recalcó el reclamo de las recurrentes.
Ellas acudieron al MOPT debido a que en primera instancia fueron al INS para ser atendidas en el proceso de recuperación del accidente, pero esa entidad les rechazó la petición porque "el seguro obligatorio que poseía la unidad se había, agotado, dejando a las suscritas y al resto de víctimas en un estado de calamidad e indefensión, siendo que las afectaciones limitan nuestro movimiento y condición de salud" (sic)".
Además, alegaron que tras solicitar información sobre el estado de la póliza del autobús placa GB-1686 que obligatoriamente debía tener la empresa Alfaro para prestar el servicio público entre San José-Nicoya y viceversa, se les negó recalcando que eso era "información confidencial".
Para Bonilla y Lara esto es ilegal, ya que son víctimas del accidente y consideran que la información es pública.
"Acusan que, pese a lo expuesto, al día que acuden en amparo el MOPT no les han brindado respuesta alguna de la misiva y, consecuentemente, el INS les niega el acceso a la información que necesitan para defender sus derechos fundamentales. Solicitan que se declare con lugar el recurso con las consecuencias que esto implique", detalló el reclamo.
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) hará públicos los informes sobre la tragedia de Cambronero hasta que la dirección ejecutiva sea citada a comparecer ante la comisión legislativa de Infraestructura.
Ese foro abrió un expediente para investigar las causas que mediaron en el mortal hecho.
El paso por la Interamericana Norte, en Cambronero, estuvo cerrado durante 3 meses hasta que fue reabierto de manera parcial el pasado 15 de diciembre.
Actualmente, esa vía solo puede ser utilizada con paso regulado por vehículos pesados. En tanto, la ruta cantonal alterna es apta para vehículos livianos o motocicletas.
El Conavi estima que el paso se habilitará a 2 carriles entre marzo y abril de este año, pues aún están en marcha los trabajos de intervención en los puntos vulnerables existentes en la vía.
Los ingenieros de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi, que ya acudieron a comparecer ante la comisión legislativa, recalcaron que "se considera que el lamentable suceso es un acontecimiento que debe ser considerado imprevisible" y que "los informes y recorridos previos de forma visual no indicaban que el sitio fuera vulnerable a un derrumbe".
Actualmente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla los informes del suceso que acabó con la muerte de las 9 personas.
Los hallazgos serán remitidos al Ministerio Público para determinar la posible apertura de una causa penal.