Sindicatos chocan con diputados por proyecto de huelgas que “promueve esclavitud”

Los sindicatos mostraron su férrea oposición al proyecto de ley 21.049 que se discute en la comisión especial dictaminadora de dicho proyecto, sobre huelgas.

En específico, estuvieron en audiencia jerarcas de asociaciones que reúnen a trabajadores del sector educación.

Gilberth Díaz, del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), consideró que la iniciativa viola la libertad sindical y convenios internacionales.

Además, considera que este proyecto "promueve la esclavitud" porque deja a los funcionarios sin la posibilidad de ejercer este derecho para la defensa de sus derechos.

Díaz consideró que este no es el mejor momento para discutir una iniciativa de este tipo, e incluso contrario a sus compañeros, manifestó que el proyecto no nació con el movimiento realizado a partir de setiembre de 2018 contra el plan fiscal.

A su criterio, la intención del diputado Carlos Ricardo Benavides, quien presentó el proyecto, tiene como base su participación en el Gobierno de Laura Chinchilla en el que fue su ministro de la Presidencia.

Fue durante esa administración que se vetó la Reforma Procesal Laboral, la cual tuvo su vía libre durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís.

Por otra parte, Gilberto Cascante presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) pidió a los Congresistas dictaminar de forma negativa el expediente 21.049 porque es una desmejora a un derecho.

Entre los puntos por los cuales se oponen, tiene que ver la rebaja salarial que se pretende aplicar desde que inicia un movimiento de huelga cuando es declarada ilegal, así como la posibilidad de disolver sindicatos cuando se presenten altercados en vías públicas.

Por último, Mélida Cedeño, presidenta de la Asociación de Profesores en Segunda Enseñanza (Apse), expresó su malestar por la aplicación de la moción 208 bis que dio pie a la comisión especial.

Los diputados apuntaron sus preguntas en tanto si la educación y el servicio de comedores escolares era esencial.

En el caso de Cascante, respondió que no lo son, principalmente el de alimentación pues no le corresponde a educadores dar alimentos a sus alumnos.

La Comisión tiene 4 meses para realizar el dictamen e inició este martes con la etapa de audiencias.