Sindicato: Fallo de Sala IV devuelve legalidad a Directiva de la CCSS

(CRHoy.com) El Sindicato Médicos Especialistas (Siname) celebró el fallo de la Sala Constitucional que ordenó la restitución de dos directivos que fueron suspendidos por el Gobierno de la República.

Para Mario Quesada, representante de los especialistas, la decisión del alto tribunal devuelve la legalidad de la Junta Directiva del Seguro Social.

"La Sala está devolviendo a la legalidad la junta directiva de la Caja; está restituyendo a las personas que fueron nombradas en forma legal, siguiendo un proceso debidamente establecido en la ley constitutiva de la institución, donde fueron suspendidos por una medida cautelar establecida por el consejo de gobierno con criterios técnicos y jurídicos no ajustados a la legislación costarricense", afirmó el doctor.

Quesada fue más allá y aseguró que la intención del Gobierno era quitar a aquellos miembros que no estuvieran alineados con la posición del sector oficial.

"Ahorita solo conocemos el por tanto, es prematuro referirse al fallo. Hay que esperar la redacción integral del mismo para dar más detalles, sin embargo, es coherente con lo que nosotros como sindicato hemos venido señalando: fue un error por parte del gobierno haber tomado esa decisión y eliminar puestos que son de elección multisectorial como corresponde a una democracia", agregó.

El Tribunal consideró esa medida como inconstitucional, por lo que anuló la medida cautelar y no solo ordenó la restitución inmediata, sino también condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios provocados por la decisión del Gobierno.

Fue en diciembre anterior cuando el Poder Ejecutivo anunció la decisión del Consejo de Gobierno de suspender a 5 directivos tras acusarlos de caer en conflicto de intereses por participar de acuerdos como el aumento salarial.

Sin embargo, desde hace ya varios meses, criterios de la Auditoría Interna de la Caja y de la Procuraduría General de la República (PGR) echaron para abajo esa justificación al considerar que estos no tuvieron ese conflicto de intereses que argumentó el Ejecutivo.