Sindicato denuncia intento del Gobierno de “desmantelar” universidades públicas
El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) aseguró que el contexto actual que enfrenta la educación superior pública responde a acciones del Gobierno que buscan desmantelar a las universidades estatales.
En un comunicado, el sindicato afirmó que existe una estrategia de "asfixia presupuestaria" orientada a debilitar a estas instituciones. Según indicó, esto incluye generar divisiones internas y promover disputas entre universidades por el acceso a los recursos.
El pronunciamiento se da en medio de la toma estudiantil del edificio de la Rectoría de la UCR y las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
En ese contexto, el Sindeu advirtió que el conflicto podría ser aprovechado por sectores internos y externos para debilitar la unidad universitaria y afectar la defensa del financiamiento de la educación superior pública.
Además, el sindicato condenó los llamados de algunos funcionarios universitarios para que intervenga la Fuerza Pública en el campus. Señaló que estas solicitudes son "irresponsables" y que atentan contra la autonomía universitaria, establecida en el artículo 84 de la Constitución Política.
Añadió que el Departamento de Seguridad y Tránsito de la UCR ha manejado la situación de forma profesional y ha garantizado el derecho a la protesta estudiantil.
El Sindeu también hizo un llamado a las autoridades universitarias y al movimiento estudiantil a retomar el diálogo y encontrar soluciones al conflicto. Indicó que está dispuesto a colaborar para fortalecer los canales de negociación.
El comunicado también cuestiona decisiones pasadas sobre la distribución de recursos y condiciones laborales. Sostienen que administraciones impulsaron medidas que vulneraron derechos colectivos y que posteriormente la Sala Constitucional les dio la razón sobre su inconstitucionalidad.
Asimismo, criticó acuerdos relacionados con el FEES que, según indicó, se tomaron sin consulta con los firmantes de la convención colectiva y sin estudios técnicos que respaldaran su impacto, lo que puso en riesgo empleos en la institución.
Finalmente, instaron a la comunidad universitaria a no dividirse y a enfocarse en la defensa del presupuesto para la educación pública, incluyendo el cumplimiento del 8% del PIB para este sector, así como la protección del financiamiento universitario.