Sin criterio legal, Congreso paga por adelantado a diputados

(CRHoy.com) Sin contar con un criterio legal o técnico, la administración de la Asamblea Legislativa le paga por adelantado la dieta a los diputados desde hace 24 años.

Después, si el diputado o diputada no asistió a alguna sesión y no correspondía el pago de la dieta, la administración tiene que hacer un proceso aparte para recuperar el dinero, con el riesgo incluso de perder los fondos.

Esas son parte de las conclusiones que entrega el informe de la auditoría interna de la Asamblea Legislativa AL-AUIN-INF-0003-2022, del cual CRHoy.com tiene copia.

Lo primero es tener claro que los diputados no reciben salario, sino que su remuneración se calcula por medio de la asistencia que registren mes a mes, a las distintas comisiones y sesiones del plenario.

"Por disposición legal, la prestación económica que perciben los legisladores mensualmente por el desempeño de sus funciones, está supeditada a su asistencia, lo que supone que dicha contraprestación económica debe efectuarse a posteriori, es decir, una vez que se da la prestación efectiva del servicio, el cual consiste en asistir a la sesión del órgano colegiado", indica el informe.

No obstante, la Auditoría Interna determinó que existe una inobservancia a la Ley 7352 (que regula el pago de los congresistas) ya que la Asamblea Legislativa deduce el monto correspondiente a las inasistencias de diputados y diputadas a las sesiones, en el pago del mes siguiente y no en el mes en que éstas se producen.

Dichos estipendios se están pagando los días 26 de cada mes o el día hábil anterior a esa fecha, es decir, de previo a que finalice el mes calendario

Acuerdo del Directorio

¿Por qué ocurre esto?

Según explica el informe, la respuesta podría deberse a un acuerdo adoptado por el Directorio Legislativo en el artículo 24 de la sesión N° 118 del 1° de julio de 1997, en el cual se habría dispuesto aprobar el calendario de pago de dietas y gastos de representación, cambio que comenzó a regir a partir de enero de 1998.

El Directorio Legislativo es la máxima autoridad administrativa del Congreso y se integra por diputados.

En cada legislatura (que dura cuatro años) se conforman cuatro Directorios, uno por año.

Los auditores enfatizan que según los funcionarios del Departamento Financiero de la institución, para calcular la asignación mensual o dieta que se cancela a diputados, se requieren datos relacionados con la asistencia a la totalidad de sesiones realizadas durante el mes, así como las incapacidades, los permisos y las eventuales justificaciones de ausencias que se hubiesen tramitado y aprobado para ese período.

"Información que, según indicaron, no está disponible en el momento que se inicia el proceso de elaboración de la planilla correspondiente al mismo mes calendario, siendo ésta la justificante para proceder con las deducciones que se deriven de las inasistencias hasta en el mes siguiente", señala el informe.

Esto implica que el primer desembolso que se realiza a los diputados al inicio de su gestión se efectúa en el mismo mes calendario en que se incorporaron a la Asamblea Legislativa y comprende el monto total vigente de la asignación mensual o dieta, lo que implica que se les remunere por un servicio que no habrían prestado en su totalidad hasta este momento.

"En este pago no se toman en cuenta las eventuales inasistencias a las sesiones que pudieran haberse presentado en las semanas previas, situación que se repite en los sucesivos pagos a lo largo del período constitucional para el cual fueron nombradas estas personas, revelando así que se les retribuye anticipadamente, lo cual podría resultar contrario al principio de legalidad consagrado en los numerales 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política", concluye el informe.

Pagos de más

Evidentemente este proceder ha generado pagos de más a los diputados, que tras revisiones se demostró tuvieron audiencias injustificadas, lo que obliga a la administración por ejemplo cuando termina el periodo constitucional a buscar a exdiputados para que devuelvan los recursos públicos.

El equipo fiscalizador de Auditoría examinó el pago realizado a diputados en el último mes de los períodos constitucionales 2010-2014 y 2014-2018 y determinó que a partir de tales desembolsos se generaron cuentas por cobrar en la institución, con la intención de recuperar las sumas de dinero pagadas de más por inasistencias o incapacidades no deducidas.

Por ejemplo, al 30 de abril del 2014 había cuentas por cobrar por ¢5.2 millones. Mientras que al 30 de abril del 2018 la cifra fue de ¢1.9 millones.

Al 20 de abril de 2021 existía todavía un saldo pendiente por recuperar de ¢75.406 correspondiente a las inasistencias a las sesiones de uno de los legisladores, ya que éste no había realizado la respectiva devolución, pese a las gestiones de cobro efectuadas para tales efectos por parte del área de pago a diputados de esa dependencia.

La auditoría supone que algo similar ocurrió con los exdiputados del último periodo (2018-2022). CRHoy.com pidió dicho dato a la administración, pero al cierre de edición de esta nota no hubo respuesta.

"Este órgano fiscalizador estima pertinente señalar que las disposiciones establecidas por acuerdo del Directorio Legislativo sobre el momento en que debe cancelar la asignación mensual o dieta a los legisladores no podrían aplicarse por encima de la comprobación de los requisitos que exige la Ley de remuneración de los diputados de la Asamblea Legislativa al constituir esta última la norma de mayor rango que regula la materia específica", concluye el informe.