Sentencian a jefe de Japdeva y empresario por obtener irregularmente ₡115 millones con contratos públicos
El Ministerio Público informó sobre la condena de un funcionario de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y de un empresario, quienes fueron sentenciados a ocho años de prisión cada uno por dos delitos de peculado.
Según indicaron las autoridades, lo que inició como una necesidad de JAPDEVA para realizar el proceso de nacionalización de dos embarcaciones adquiridas terminó con ambos sujetos sentenciados por una adjudicación irregular de un servicio millonario.
En el juicio, que finalizó el 9 de diciembre de 2025, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) logró que Félix Pecou Johnson, jefe del Departamento de Proveeduría de JAPDEVA, y Javier Fonseca Castañeda, empresario, fueran condenados a prisión.
Además, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública les impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Los hechos
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en 2005, cuando la institución inició el proceso de contratación directa para nacionalizar la lancha remolcadora Quribrí y la grúa pórtica Pablo Presbere.
El Departamento de Proveeduría invitó a cinco empresas distintas para que, una vez seleccionada una de ellas, se encargara de realizar los trámites de desalmacenaje y nacionalización.
El Departamento eligió los servicios del sentenciado Fonseca, a pesar de que no estaba habilitado para ejercer como agente aduanero y de que su oferta no era la mejor bajo criterio técnico.
En julio de 2005, al empresario se le adjudicó un monto total de ₡168.712.580,14 en fondos públicos para el pago de impuestos y cargas tributarias.
Sin embargo, según logró comprobar la FAPTA, mediante engaño y con la utilización de un tercer imputado ya fallecido, quien sí era agente aduanero autorizado, los sentenciados insertaron información falsa en las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA) para realizar un pago mucho menor al que correspondía por el trámite.
Lo anterior permitió que los imputados pagaran únicamente cerca de ₡89.000.000, obteniendo un beneficio indebido superior a los ₡76.000.000, monto que no fue justificado ni devuelto a JAPDEVA.
Otro delito
El segundo delito de peculado que comprobó la FAPTA se dio por otro manejo irregular de fondos públicos. En agosto de 2005, Pecou autorizó un nuevo pago con el pretexto de que las embarcaciones habían caído en abandono al no ser nacionalizadas dentro del plazo correspondiente, y que el costo de esa gestión tenía un valor adicional de ₡39.347.286,63.
Ese monto fue solicitado por Fonseca Castañeda a JAPDEVA. El dinero fue girado sin que existiera documento alguno que acreditara lo afirmado por el jefe de Proveeduría, lo que provocó un perjuicio económico total superior a los ₡115.000.000 al sumar ambos casos.
El caso se tramitó bajo el expediente 06-200220-0472-PE.
Mientras la sentencia queda en firme, ambos deberán firmar una vez al mes, mantener su domicilio actualizado, entregar el pasaporte y tienen prohibido salir del país, como medidas cautelares.