Seis proyectos para atacar ola de criminalidad quedan a expensas del Ejecutivo

El avance y la aprobación en el Congreso de seis proyectos de ley para combatir el crimen y la inseguridad dependerán del impulso que les dé —o no— el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles a partir de mayo.

Las iniciativas contemplan la prohibición de que dos personas viajen en motocicleta en determinadas zonas y horarios; el levantamiento del secreto bancario en investigaciones penales; la posibilidad de que los cuerpos policiales del Poder Judicial realicen allanamientos las 24 horas del día; la creación de un fondo de recompensas para quienes ayuden a localizar criminales; la obligatoriedad de que todos los cuerpos policiales declaren sus bienes ante la Contraloría General de la República, y la revisión de los requisitos para otorgar beneficios carcelarios (ver detalle de las propuestas abajo).

Estas seis iniciativas ya fueron dictaminadas por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso. Antes de que estos proyectos sean discutidos a fondo y sometidos a votación en el plenario, deben cumplir con varias etapas del proceso legislativo, como la posibilidad de que los diputados presenten mociones con propuestas de cambios.

La razón por la que el avance de estos proyectos dependerá del Gobierno es porque en mayo inicia el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, en el cual los diputados solo pueden discutir las propuestas de ley que convoque la Presidencia de la República. El período extraordinario se extenderá hasta el 31 de julio.

Semanas atrás, diputados de la Comisión de Seguridad expresaron su preocupación por el avance de las propuestas, pues dos de estas no cuentan con el apoyo del Poder Ejecutivo.

Ticos y diputados, incrédulos ante la capacidad del Gobierno

El Gobierno de Chaves deberá tomar una decisión sobre el avance de estas seis propuestas de ley en momentos en que se recrudecen las críticas y cuestionamientos en su contra por el manejo de la crisis de inseguridad y criminalidad.

El más reciente estudio de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) identificó que un 70 % de la población desconfía de las capacidades del Ejecutivo para enfrentar este flagelo.

Entre tanto, en el Congreso, los diputados han responsabilizado de manera sostenida al Gobierno de Chaves por "los años más sangrientos" en la historia nacional, a causa del crimen organizado y el narcotráfico.

"Durante el primer trimestre del 2025 tenemos que lamentar la muerte de 11 personas inocentes. Cada una de esas muertes pesa sobre los hombros de los jerarcas del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, quien ha sido incapaz de atacar con éxito este problema, al que, en muchas ocasiones, más bien le ha restado importancia", sentenció el diputado Gilberto Campos Cruz, del Partido Liberal Progresista.

¿Qué proponen los seis proyectos?

1. Prohibición de que dos personas viajen en motocicleta

• Busca reducir los asesinatos cometidos por gatilleros que utilizan motocicletas.

• Establece una restricción temporal en horarios específicos, definidos por las autoridades.

• La prohibición se aplicará en determinadas provincias, cantones o distritos donde se justifique por razones de seguridad.

• Tendrá un período de vigencia de hasta un año y podrá ser prorrogada una sola vez por el mismo plazo, mediante decreto ejecutivo de emergencia.

• Para su implementación, el MOPT deberá informar a la población con al menos 48 horas de anticipación.

• Se dictaminó el 6 de marzo.

• Esta es una de las propuestas que el Ejecutivo rechaza. El presidente Chaves calificó recientemente el plan de ley como "una babosada".

2. Agilización del levantamiento del secreto bancario

• Acelera los procesos de levantamiento del secreto bancario en investigaciones penales.

• Modifica la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones y la Ley contra la Delincuencia Organizada.

• Reduce el plazo para resolver estas solicitudes a un máximo de 10 días naturales.

• Se dictaminó el 6 de marzo.

3. Allanamientos las 24 horas del día

• Modifica las regulaciones actuales, que permiten allanamientos solo entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., salvo casos graves o urgentes.

• Permite a las autoridades judiciales realizar allanamientos en cualquier momento del día.

• Modifica el artículo 193 del Código Procesal Penal.

• Se dictaminó el 12 de marzo.

4. Fondo de recompensas para quienes ayuden a capturar criminales

• Crea un fondo de recompensas para quienes brinden información clave sobre delincuentes prófugos.

• Será administrado por una comisión liderada por el fiscal general y el director del OIJ.

• Los criterios para determinar los montos y pagos de recompensas se definirán mediante reglamento.

• La recompensa estará exenta del pago de impuestos y tasas.

• La información proporcionada debe ser certera y verificable.

• Se dictaminó el 17 de marzo.

5. Declaración de bienes obligatoria para todos los policías

• Obliga a todo el personal del OIJ, la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria a presentar una declaración de su situación patrimonial ante la CGR.

• Actualmente, esta obligación solo recae en magistrados, jueces, fiscales y altos funcionarios.

• Responde a una solicitud de las autoridades del Poder Judicial para prevenir la corrupción en los cuerpos policiales.

• Reforma el artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

• Se dictaminó el 17 de marzo.

6. Proyecto de Ejecución de la Pena

• La iniciativa busca restringir los beneficios carcelarios a los privados de libertad.

• Propone, entre otras cosas, que quienes sean condenados por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no puedan acceder a dichos beneficios.

• Además, establece un marco claro de derechos y deberes para las personas sentenciadas, con el fin de brindar seguridad jurídica al procedimiento de ejecución penal, y desarrolla las funciones del Sistema Penitenciario Nacional como órgano del Ministerio de Justicia y Paz responsable del control y la vigilancia de la ejecución efectiva de la sanción penal.

• Se dictaminó el 3 de octubre de 2024.

• El Poder Ejecutivo también expresó su rechazo a la propuesta, a pesar de que en un inicio los diputados oficialistas la apoyaron y votaron a favor en la Comisión de Seguridad, y de que el Ministerio de Justicia le hiciera aportes al texto.