Seguridad atribuye a una “coincidencia” vigilancia a opositores en Cartago
Operativo policial en celebración de Consejo de Gobierno en Plaza Mayor. 14 de setiembre 2026.
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) atribuyó a una "coincidencia temporal y espacial" las órdenes giradas a la Fuerza Pública para vigilar a ciudadanos opositores al Gobierno durante las celebraciones del 14 de setiembre en Cartago.
La institución alegó que las "Faroleadas por la Democracia" coincidieron con los actos oficiales a los que asistirían la presidenta Laura Fernández y otras autoridades, por lo que justificó el monitoreo como parte de un operativo preventivo para mantener el orden público.
Sin embargo, los documentos policiales divulgados por CR Hoy ordenaban vigilar a "agrupaciones contrarias al Gobierno", registrar a los asistentes a la llegada de la Antorcha de la Independencia y recabar información de inteligencia sobre el movimiento civil antes de las actividades.
En su respuesta oficial, Seguridad aseguró que el operativo buscaba "garantizar la seguridad de todos los participantes y de la ciudadanía antes, durante y después de cada actividad". También negó que la vigilancia estuviera motivada por las posiciones políticas de los manifestantes.
"El interés policial no estuvo determinado por quiénes convocaban ni por las posiciones expresadas por sus participantes, sino por la coincidencia temporal y espacial de distintas actividades públicas.
Las actividades denominadas 'Faroleadas por la Democracia' fueron convocadas públicamente en parques, plazas y otros espacios públicos que coincidían con el recibimiento de la Antorcha de la Independencia en la Plaza Mayor y las Ruinas de Cartago, con presencia de la señora Presidenta de la República, el Consejo de Gobierno, delegaciones estudiantiles y familias, así como con los desfiles de faroles.
Esa coincidencia es lo que el anexo identificó como elemento de interés para el planeamiento preventivo y estratégico policial", respondió el Ministerio.
La respuesta no aclaró por qué las instrucciones policiales identificaban expresamente a grupos opositores como objetivo de vigilancia ni por qué ordenaban registrar el número de cédula de quienes asistieran a la llegada de la Antorcha.
Fotos de Sergio Cedeño y vecinos de Cartago
Fotos de Sergio Cedeño y vecinos de Cartago
Seguridad admite monitoreo de convocatorias
El MSP reconoció que monitoreó las convocatorias, aunque describió esa labor como una revisión de "fuentes abiertas", entre ellas redes sociales y medios de comunicación.
Según la institución, el objetivo era calcular la asistencia y las rutas de desplazamiento para evitar problemas de tránsito o conflictos durante el recibimiento de la Antorcha.
Seguridad también invocó las garantías constitucionales de reunión y expresión y aseguró que el operativo exigía la "más estricta neutralidad político-partidista" y priorizaba el diálogo.
No obstante, los documentos internos instruían a los oficiales a vigilar a "agrupaciones contrarias al Gobierno" y calificaban a esos grupos como "agitadores".
Las jefaturas policiales ordenaron mantener a ocho agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) cerca del Banco Nacional de Cartago y sus alrededores para cumplir con esa labor.
También instruyeron a las delegaciones policiales y a los grupos de apoyo a realizar patrullajes preventivos y mantener presencia en los alrededores de las actividades para detectar cualquier "movimiento insurgente o subversivo".
Operativo alertó a cuerpos especializados
Los documentos también consignan que las autoridades alertaron a la Unidad Especial de Intervención (UEI), a la escolta presidencial y a la Policía Municipal de Cartago sobre las Faroleadas.
La UEI es un cuerpo de fuerzas especiales adscrito al Ministerio de la Presidencia. Entre sus funciones están atender amenazas terroristas, situaciones con rehenes, desactivar explosivos y realizar operaciones de alto impacto contra el crimen organizado.
La Fuerza Pública recopiló información sobre las convocatorias desde días antes del 14 de setiembre. Esos datos sirvieron para distribuir funciones entre las delegaciones y los cuerpos policiales que participaron en el operativo.
El informe policial reconocía que las actividades buscaban expresar oposición a determinadas actuaciones del Gobierno, con consignas en defensa de la democracia, las instituciones públicas, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y los servicios públicos.