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Se atrasa investigación sobre informe que absolvió a Solís en caso del Cementazo

Comisión tendrá hasta el próximo lunes para votar informe

Por Alexánder Ramírez | 6 de Ago. 2019 | 12:34 pm

La comisión investigadora del informe de la Procuraduría de la Ética Pública todavía se encuentra haciendo ajustes al dictamen de mayoría que rendirá al Plenario Legislativo el próximo lunes, explicó el diputado Otto Roberto Vargas, quien preside el foro. (CRH).

(CRHoy.com) -La Asamblea Legislativa atrasó una vez más la investigación de una comisión especial sobre el polémico informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que absolvió al entonces presidente Luis Guillermo Solís de faltas al deber de probidad por el cementazo.

El Plenario Legislativo aprobó este lunes una nueva prórroga a la comisión para que rinda su informe, a pesar de que la votación del dictamen estaba prevista para horas de la noche.

De acuerdo con la moción aprobada -impulsada por diputados del órgano legislativo- el plazo se amplió hasta el próximo lunes 12 de agosto para que la comisión rinda el informe.

La nueva prórroga se debe a ajustes que todavía se le hacen al texto, según explicó el presidente de la comisión, el diputado Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

La comisión discutirá y votará dos dictámenes. Uno de ellos será afirmativo de mayoría y lo suscribirán los congresistas Otto Roberto Vargas, Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson, ambos del Partido Liberación Nacional (PLN), Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Mileidy Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN), y Harllan Hoepelman, del bloque independiente Nueva República.

El otro será un informe negativo de minoría suscrito por la diputada Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Ambos expedientes serán remitidos al Plenario para su discusión y votación.

Recomendaciones

Para los diputados, la Casa Presidencial, con conocimiento de Luis Guillermo Solís, tuvo injerencia directa en el otorgamiento del crédito del BCR a Juan Carlos Bolaños. (CRH).

Aunque el propósito de la comisión fue investigar la forma en la que la PEP notificó a la Asamblea Legislativa el informe que absolvió al exmandatario y las circunstancias que impidieron a los diputados apelarlo, los legisladores ampliaron el ámbito de la investigación.

Según fuentes cercanas al grupo investigador, en el dictamen de mayoría se recomendaría a la Fiscalía General de la República investigar a Solís y a funcionarios de su administración por la clara presión que ejerció la Casa Presidencial en la entonces Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) para que otorgara el crédito de $31 millones a Juan Carlos Bolaños para la importación del cemento chino.

En este sentido, los legisladores tienen suficiente información recopilada de las comparecencias para sostener que la Presidencia -con conocimiento del exmandatario- tuvo una injerencia directa en el otorgamiento del crédito, que se hizo a contrapelo de la propia normativa, prácticas del banco y criterios técnicos.

También solicitarían al Ministerio Público que se investigue a exdirectivos del BCR y exjerarcas del banco por ajustar reglamentos y prácticas para otorgar ese crédito a Bolaños, a pesar de que no tenía historial crediticio ni experiencia en la importación del cemento chino.

La expresidenta del BCR Paola Mora, el exgerente general Mario Barrenechea, y algunos exdirectivos jugaron un papel determinante en la aprobación del préstamo con instrucciones de autoridades políticas superiores.

Los diputados creen que también se debe investigar al exprocurador de la Ética Pública, Rónald Víquez. (CRH).

La comisión, además, pediría que se investigue al exprocurador de la Ética Pública, Rónald Víquez, por el contenido de la resolución que absolvió al exgobernante y la forma en la que fue notificada al Congreso.

La Procuraduría liberó a Solís de faltas al deber de probidad, pero nunca llamó a nadie a comparecer antes de exonerarlo de toda responsabilidad.

La notificación de la resolución a la Asamblea Legislativa -según han dicho diputados de la comisión- se hizo con graves vicios de nulidad.

Pero también el informe, por circunstacias que aún no se han aclarado, se quedó "engavetado" y el plazo para que los nuevos legisladores -quienes asumieron sus curules el 1 de mayo de 2018- lo apelaran venció.

Por ello, la comisión recomendaría a la Procuraduría reabrir el expediente y volver a investigar todo el caso y a Solís.

La comisión especial que investigó el cementazo, en el Congreso anterior, concluyó que el exmandatario faltó al deber de probidad y, por eso, recomendó trasladar el caso a la PEP.

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