Se acortan días para que gobierno vete Ley de Justicia Restaurativa
Presidencia dijo que revisaría sus alcances y repercusiones con el Poder Judicial
El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza
Este lunes se cumplirán los 10 días hábiles que tiene el Poder Ejecutivo para poder vetar la polémica Ley de Justicia Restaurativa. Hasta el momento ningún jerarca de la Presidencia se ha pronunciado sobre la decisión que se tomará a este respecto.
La opción de veto es una de las posibilidades que maneja el gobierno ante las críticas a esta legislación, dijo la semana pasada el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza
Si el presidente Carlos Alvarado decide vetar la ley, el texto será devuelto a la Asamblea Legislativa donde los diputados deberán decidir si acogen los cambios que el Poder Ejecutivo les señale al comunicarles el veto, o si la resellan, es decir que lo aprueben tal y como está. Sin embargo, para dar este último paso se requerirá una votación positiva en la que participen al menos 38 diputados.
El proyecto de ley sobre justicia restaurativa pretende permitir a ciertos sentenciados acceder a procesos de reinserción laboral en vez de cumplir la pena en la cárcel. Para ello debe conciliar con la víctima.
El principal requisito es que nunca hayan sido condenados antes por ningún otro delito. Se busca aplicar a delitos como estafas, hurtos, lesiones leves conducción temeraria, entre otros, que son de penas relativamente bajas.
El pasado 11 de junio, pese a los cuestionamientos de la propia fiscala general, Emilia Navas Aparicio los diputados que integran la Comisión Plena I decidieron aprobar de manera definitiva el plan.
La fiscala Navas cuestionó que, el proyecto desvía fondos destinados a la Oficina de Protección de Víctimas para beneficio de los sentenciados. El dinero utilizado actualmente para este fin proviene de un impuesto a los títulos valores en monedas extranjeras.
Además, se opone porque el texto establece como un requisito para el proceso negociar con las víctimas, lo cual pondría frente a frente a mujeres víctimas de violencia con sus agresores.
El gobierno dijo que este y otros aspectos serían analizados para tomar la decisión final.