Salud viola ley y convenios al exigir datos sensibles de pacientes con depresión y riesgo suicida
El Ministerio de Salud viola la Ley de Salud Mental, la Ley de Protección de Datos Personales y convenios internacionales firmados por Costa Rica, al exigirle a la clínica privada Poïesis, datos sensibles sobre pacientes con riesgo suicida y depresión.
Desde febrero de 2024, la institución presiona a la clínica para que entregue una planilla semanal con los datos de los pacientes desglosados con nombre, cédula y diagnóstico clínico. Los especialistas se negaron a enviar la información por respeto al secreto profesional y acudieron a la Sala Constitucional.
Según denunció el psicólogo y director del centro, Carlos Bonilla, la exigencia se acompañó de amenazas de clausura y denuncia penal mediante una orden sanitaria.
Para exigir estos datos, Salud se ampara en un decreto publicado en el 2017 que nunca antes había sido aplicado. El temor de los especialistas es que los pacientes no asistan a consulta por miedo a estigmatización.
De acuerdo con la jerarquización de las leyes, un decreto ejecutivo no puede prevalecer sobre la legislación, la Constitución Política y los tratados internacionales. Todas estas normas protegen los datos sensibles de las personas.
Punto por punto
La Ley de Protección de Datos establece, en su artículo 8 inciso d), que la recopilación de datos con fines estadísticos solo es válida si no existe riesgo de identificar a las personas. La exigencia de nombres y números de cédula contradice ese principio, ya que permite identificar directamente a los pacientes.
Además, la Ley de Salud Mental, aprobada en 2023, reconoce el derecho a la confidencialidad del diagnóstico y tratamiento. Las excepciones son limitadas: riesgo de vida, daño a terceros o seguridad pública, es decir, no incluyen la recolección rutinaria de datos para vigilancia estadística.
El reglamento de esa misma ley, emitido en 2024 por el propio Ministerio, refuerza ese criterio. El artículo 23 indica que el análisis de la situación de salud mental debe basarse en datos estadísticos y demográficos. No contempla información identificable como nombres, cédulas o diagnósticos individuales.
Convenios internacionales
Los estándares internacionales también contradicen la práctica defendida por Salud. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que los sistemas de vigilancia en salud mental deben basarse en datos agregados y anonimizados.
La guía conjunta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que recolectar datos identificables puede alejar a las personas de la atención, lo cual incrementaría la morbilidad.
Además, los principios de Naciones Unidas para la protección de personas con enfermedades mentales reconocen el derecho a la confidencialidad.
En la misma línea, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Costa Rica ya ratificó, obliga a proteger la privacidad de los datos de salud. También establece que cualquier recolección de información con fines estadísticos debe respetar ese derecho.
Constitucionalidad
Por otro lado, la Constitución Política protege la privacidad de los documentos y de las comunicaciones. La Sala Constitucional ya había reafirmado este principio al declarar inconstitucional la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en el 2022, una figura creada en la administración de Carlos Alvarado, con la que pretendían recabar datos de los costarricenses.
De igual manera, el 6 de marzo de 2026, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCr) se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto e indicaron que no tiene el peso legal suficiente para levantar el secreto profesional. Además, advirtió que entregar datos de pacientes que permitan identificarlos, sin su consentimiento y sin respaldo en una ley, va en contra del deber de confidencialidad.
En la práctica, esto deja a los profesionales en una situación complicada, según Bonilla. Si obedecen la orden sanitaria, podrían enfrentar sanciones disciplinarias de hasta diez años de suspensión. Pero si no la acatan, se exponen a cierres de sus centros y a denuncias penales por parte del Ministerio.
Ahora, solo están a la espera de que la Sala Constitucional resuelva el recurso que presentaron que fue admitido para estudio.