Sala IV ordena suspender nombramiento que impuso el Gobierno en Junta de la CCSS
La Sala Constitucional ordenó suspender el nombramiento temporal de Roger Rivera como representante del sector sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual fue impuesto por el Consejo de Gobierno.
La medida se mantendrá mientras los magistrados resuelven un recurso de amparo presentado contra la negativa del Gobierno de nombrar y juramentar a la exdiputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina, en ese puesto.
La Sala también ordenó a las autoridades abstenerse de designar a otra persona para ocupar el cargo en disputa. Si el nombramiento ya se realizó, como ocurrió con Rivera, deberán suspenderlo hasta que se dicte sentencia o el tribunal disponga otra medida.
La orden constituye una medida mientras se tramita el amparo y no una sentencia sobre el fondo del reclamo. La Sala advirtió que desobedecer sus disposiciones puede castigarse con prisión de tres meses a dos años o con una multa de entre 20 y 60 días.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Farmacia, Edwin Ricardo Solano Madrigal, presentó el recurso a favor de Alfaro.
Según los hechos expuestos en el amparo, el Movimiento Sindical Costarricense eligió por unanimidad a Alfaro como representante titular del sector laboral sindical ante la Junta Directiva de la CCSS para el periodo 2026-2030.
La elección se realizó durante una asamblea celebrada el 9 de junio. En esa misma actividad, las organizaciones escogieron a Martha Elena Rodríguez González como representante suplente.
El sector sindical comunicó ambas designaciones al Consejo de Gobierno para que efectuara los nombramientos y las juramentaciones correspondientes.
Sin embargo, el Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento de Alfaro y Rodríguez el 24 de junio de 2026.
Según la resolución de la Sala, el Gobierno fundamentó su decisión en supuestos incumplimientos relacionados con la experiencia en materias económico-sociales, la máxima honorabilidad, la aplicación del artículo 11 de la Ley Constitutiva de la CCSS y posibles conflictos de interés.
El recurrente alegó que las autoridades no abrieron un procedimiento administrativo contra Alfaro ni emitieron un acto formal que le permitiera conocer y responder previamente los cuestionamientos.
También sostuvo que el Consejo de Gobierno sustituyó la voluntad de las organizaciones sindicales y dejó al sector sin la representación para la cual Alfaro había sido elegida.
Como parte del trámite del recurso, la Sala dio audiencia al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves y a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor. Ambos deberán presentar un informe sobre los hechos denunciados y aportar la documentación relacionada con el caso.