Sala IV frena solicitud del AyA de resolver contaminación de agua en Cartago hasta el 2026
Magistrados consideraron que era mucho tiempo,
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) intentó que la Sala IV ampliara el plazo hasta el 2026 para resolver la contaminación de agua que hoy afectan a los vecinos de Cipreses; sin embargo, los magistrados rechazaron dicha solicitud.
La gestión fue realizada por Jorge Zapata, gerente general del AyA, sobre a la sentencia N° 2022026065 del expediente 22-015651-0007-CO.
La institución recibió dos órdenes por parte de la Sala IV de resolver la problemática de la contaminación de agua en Cipreses de Cartago. Según un informe planteado en el expediente constitucional, los vecinos de esta zona no pueden consumir el agua porque contiene metabolitos del fungicida clorotalonil.
El clorotalonil es un fungicida para los cultivos que causa problemas de salud en las personas y daño en el medio ambiente.
Se detectaron al menos cinco nacientes contaminadas en Cartago.
"Se ha detectado la presencia de metabolitos de clorotalonil en los acueductos de Cipreses y Santa Rosa del cantón de Oreamuno", indicó la Sala IV.
En la resolución emitida en noviembre de 2022, los magistrados le dieron a Acueductos y Alcantarillados un plazo de 3 meses para que se ejecutaran las acciones para resolver la situación e investigar si la contaminación había perjudicado en otras nacientes.
Además, la Sala Constitucional había dado un plazo de 6 meses al AyA y otras autoridades en la resolución del expediente para ejecutar las acciones de acuerdo con el Informe Técnico Clorotalonil, en el cual se concluyó que se debía prohibir el químico.
"… Por lo tanto, se recomienda que se genere una gestión ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la prohibición del clorotalonil en el país, con el fin de proteger posibles fuentes de agua potable en riesgo de contaminación y buscar la remediación y rehabilitación de las fuentes ya contaminadas en el plazo más corto posible a fin de evitar una emergencia mayor…'", se indica en la resolución.
No obstante, el plazo de la primera sentencia finalizó, mientras que del segundo, sólo le queda 1 mes.
Las autoridades del Instituto consideraron que aún necesitan tiempo para buscar alguna solución, por ello, Zapata les solicitó a los magistrados ampliar el primer plazo hasta el 2026, pero la Sala Constitucional opinó que era mucho tiempo.
Los magistrados acordaron en darle tiempo al AyA hasta febrero de 2024. Es decir, las autoridades tendrán 3 meses más para que los habitantes afectados vuelvan a tener acceso al agua potable del tubo.
Sin embargo, este medio le consultó a Acueductos sobre los avances, pero las autoridades señalaron que era "materialmente imposible" resolver la situación.
"Es necesario considerar que puede ser materialmente imposible resolver si no se logra el acatamiento de la recomendación del informe interinstitucional en relación con el Clorotalonil, y se da la prohibición de venta de este fungicida, pues solo así se procurará la recuperación de las fuentes de agua de la Asada de Cipreses y la Asada de Santa Rosa de Oreamuno, así como otras ASADAS de la zona norte de Cartago y otras regiones", declaró.