Sala IV exige al MEP responder a consultas de diputado
Además, se condenó al Estado el pago de las costas, daños y perjuicios causados
La Sala Constitucional exigió al Ministerio de Educación Pública y a la ministra de la cartera, Anna Katharina Müller Castro, a que remitan las respuestas a las consultas generadas por el diputado frenteamplista Ariel Robles, con relación a una demanda interpuesta por la Fundación Castella presentada en el 2010 en contra del Estado.
Se trata de 2 recursos de amparos que se tramitan bajo los expedientes 23-027236-0007-CO y 23-027237-0007-CO, donde alega que los días 8 y 11 de setiembre, respectivamente, solicitó información a la ministra en su condición de diputado de la República, a través de la dirección electrónica despacho.asamblea@mep.go.cr.
Entre las preguntas que el diputado dirigió a la cartera de educación se encuentran "¿Cuál es la posición de este Ministerio respecto a las intenciones de la Fundación Conservatorio Castella?", "¿Cuáles gestiones ha intervenido el MEP para que La Fundación Castella done los terrenos a este Ministerio?", "Quiénes fueron las personas que organizaron la reunión entre la Fundación Castella y la Ministra de Educación?", entre otros, que según alega el diputado, no obtuvo respuesta.
Por lo que, Robles Barrantes reclama la violación a sus derechos fundamentales.
El artículo 27 de la Constitución Política, consagra el derecho que tiene toda persona, tanto física como jurídica, de acudir a cualquier órgano o entidad pública a peticionar sobre un asunto de su interés, el cual deberá ser resuelto por la Administración o autoridad administrativa, en forma oportuna, razonable, congruente, eficaz y en un plazo breve.
Por otra parte, el artículo 30, de la Constitución Política, garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, el cual no es 4 irrestricto -pues como todo derecho constitucional posee límites-, ya que quedan a salvo los secretos de Estado. Se procura así una función administrativa transparente, que permita a los sujetos acceder a la información de naturaleza pública que se encuentra en poder de los distintos entes u órganos públicos, menciona el recurso.
Ante esto, la Sala Constitucional le dio la razón al diputado y ordenó a Müller Castro, o a quien ocupe su lugar en el cargo, a que en un plazo no mayor a 10 días, se responda las consultas del diputado.
"Se advierte a la parte recurrida que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado", agrega el por tanto de la Sala.
Además, se condenó al Estado el pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos de la declaratoria.