Sala IV enfrenta “bomba de tiempo” por aumento de casos que afectan a poblaciones vulnerables
La cantidad de recursos que recibe la Sala Constitucional mantiene una tendencia creciente, una situación que el magistrado Jorge Araya calificó como una bomba de tiempo. Según explicó, detrás de esas cifras hay una señal de alerta: las poblaciones más vulnerables están quedando rezagadas en la atención de sus necesidades y recurren cada vez más a la justicia constitucional para exigir sus derechos.
Los casos ingresados a la Sala IV pasaron de 24.928 en 2020 a 42.583 en 2025. De estos últimos, 39.786 correspondieron a recursos de amparo, es decir, un 93,4% del total.
La mayoría de estos recursos son, precisamente, el mecanismo al que acuden las personas más vulnerables cuando consideran que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados, explicó Araya.
Hasta setiembre de 2026, el Tribunal había recibido 37.706 casos. Según las proyecciones del magistrado, la cifra podría alcanzar los 47.000 expedientes al cierre del periodo proyectado.
Araya considera que este crecimiento evidencia incumplimientos del Gobierno en la protección de los derechos fundamentales y refleja la presión que enfrenta el Tribunal.
El magistrado también advirtió que la Sala Constitucional registra un circulante particularmente elevado si se compara con otros tribunales de países desarrollados. Según indicó, algunas democracias plenas cierran con alrededor de 8.000 o 9.000 expedientes, pese a tener hasta diez veces más población.
Temas sociales concentran los reclamos
Los asuntos relacionados con salud encabezaron los ingresos a la Sala en 2025, con más de 16.000 casos.
En segundo lugar aparecen los relacionados con el sistema penitenciario, con cerca de 5.000 expedientes. También destacan los reclamos sobre pensiones, con más de 2.000 casos, y educación, con más de 1.000.
Además, un informe presentado por Araya señala que, entre enero y julio de 2026, la Sala recibió 25.540 recursos de amparo relacionados con temas sociales.

Estadística tomada del informe de labores de Jorge Araya.
En esa categoría se incluyen asuntos de salud, sistema penitenciario y ayudas sociales, como pensiones del Régimen No Contributivo, beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), aseguramiento por cuenta del Estado y otras prestaciones similares.
Advertencia por recortes presupuestarios
Para el magistrado, esta situación podría agravarse debido a los recortes presupuestarios incluidos en el presupuesto extraordinario de 2026 y el ordinario de 2027, que afectan a distintas instituciones y programas sociales.
Entre los sectores afectados están educación, el IMAS, los CEN-CINAI, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
A su criterio, reducir los recursos destinados a estos sectores podría incrementar las necesidades insatisfechas de la población y, con ello, disparar la cantidad de reclamos ante la Sala Constitucional.
"Mientras uno confunda el gasto con la inversión, me parece que está en grandes problemas como país", señaló.
El magistrado también cuestionó la ausencia de políticas de desarrollo nacional y describió el escenario actual como uno de confrontación entre los distintos actores políticos.
"Lo que vivimos desde mi punto de vista es un desgobierno, porque yo no siento que existan las políticas de desarrollo nacional en los diferentes campos de acción", manifestó.
Agregó que, desde su perspectiva, tampoco percibe un control claro sobre las grandes políticas públicas y que esa situación termina trasladando cada vez más problemas al Tribunal Constitucional.
Para Araya, el crecimiento de los expedientes representa una señal de alarma sobre la crisis económica, política y social que enfrenta Costa Rica.
Llamado a una tregua entre los poderes
Ante este panorama, el magistrado hizo un llamado a reducir la confrontación entre los poderes de la República y a recuperar el diálogo.
Araya pidió poner fin a la violencia verbal y abrir espacios de entendimiento, pues considera que ningún país puede sostenerse permanentemente en un ambiente de enfrentamiento.
Para el magistrado esa confrontación termina dividendo al país, generando una mayor desigualdad social.
"Crecer en dos partes, con una Costa Rica rica y con una Costa Rica pobre, esa fórmula no ha funcionado en ningún país del mundo", concluyó.