Sala IV dio curso a cuatro acciones contra secreto de Estado
La Sala Constitucional dio curso a cuatro acciones de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que amplió la declaratoria de secreto de Estado a información relacionada con órganos de seguridad del Gobierno.
Aunque las acciones fueron admitidas para su estudio, la Sala aclaró que su admisión no suspende la vigencia de las normas impugnadas. Por lo tanto, el decreto continúa vigente y puede seguir aplicándose mientras el tribunal resuelve el fondo de los casos.
Las acciones fueron presentadas por Yashín Castrillo, Carlos Largaespada, Dowglas Murillo y un grupo de diputaciones del bloque democrático.
El decreto fue firmado el 27 de julio de 2026 y publicado el lunes 10 de agosto en el diario oficial La Gaceta. La normativa declara como secreto de Estado una amplia gama de asuntos tácticos, financieros y operativos relacionados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo de trabajo gubernamental denominado "Fuerza Élite".
Además, extiende la reserva a información relacionada con contrataciones, adquisiciones, licitaciones y negociaciones de bienes y servicios financiados con fondos públicos, así como a las distintas fases de los procedimientos de contratación, incluidas las ofertas y adjudicaciones.
¿Qué cuestionan las acciones de inconstitucionalidad?
Las acciones cuestionan, entre otros aspectos, que el decreto establezca un ámbito de reserva que, según los accionantes, es demasiado amplio e indeterminado. A su criterio, esto podría contradecir los principios de legalidad y reserva de ley.
También alegan que las restricciones dificultan la fiscalización del uso de los fondos públicos y afectan los principios de acceso a la información pública, publicidad, transparencia y rendición de cuentas.
Además, que la declaratoria de secreto abarque información presupuestaria y contractual sin establecer excepciones para órganos encargados de la fiscalización, como la Contraloría General de la República y las auditorías internas, ni para el Ministerio Público o la Asamblea Legislativa en el ejercicio de sus funciones de control.
Otro de los cuestionamientos se relaciona con las libertades de expresión y de prensa. Las acciones señalan que las restricciones para divulgar información podrían afectar a funcionarios públicos, contratistas, consultores privados y otras personas, y obstaculizar el ejercicio del periodismo.
Se cuestiona el régimen de sanciones establecido para quienes divulguen información considerada secreto de Estado. Según los accionantes, estas disposiciones podrían vulnerar los principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, legalidad penal y debido proceso.
Como parte del trámite de las acciones, la Sala confirió audiencia por 15 días al procurador general de la República, al ministro de la Presidencia, al ministro de Seguridad Pública, a la contralora general de la República y a la defensora de los Habitantes.