Sala IV advierte a Presidencia posible delito de desobediencia
Diputado del FA, Ariel Robles.
La Sala Constitucional emitió un fallo el 14 de setiembre donde responde una apelación de desobediencia del diputado Ariel Robles, ante la negativa de Casa Presidencial de entregar información pública al legislador frenteamplista.
Robles en febrero pasado había ganado un recurso de amparo de forma parcial, donde los magistrados de la Sala IV obligaron al Poder Ejecutivo a entregar la información completa sobre la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del millón de dólares que este banco regional entrega al inicio de cada nuevo gobierno, a países fundadores como recursos no reembolsables.
Pero, seis meses después, Casa Presidencial no ha entregado a Robles los detalles de quienes fueron las personas que participaron en esa negociación.
El diputado presentó una acción de desobediencia que fue acogida por mayoría por los magistrados.
"Se confiere audiencia por tres días contado a partir de la notificación de esta resolución, a Gabriel Arturo Aguilar Vargas, en su condición de director de Despacho del presidente de la República, o quien en su lugar ocupe el cargo, para que se refiera y aporte las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se le atribuyen", indica la resolución.
Luego advierte la Sala que:
Lo anterior, bajo la advertencia que, de acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar al superior jerárquico la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto por esta Sala y, además, que se ordene testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia (artículos 53 y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)
El diputado Robles indicó que seguirán insistiendo para que se hagan valer las resoluciones de la Sala Constitucional.
"El Gobierno tiene que aceptarlas y aplicarlas. No es posible que la Sala resuelva que nos tienen que dar información a los diputados, sobre temas cuestionables, y de posibles chorizos como el tema de los fondos del BCIE donde prácticamente hicieron piñata con un millón de dólares con pagos de imagen del presidente", afirmó el frenteamplista.
Parte de este millón de dólares que entregó el BCIE fueron usados por Presidencia para pagar una gestión de comunicación institucional para el gobierno.
En ese proceso, el gobierno de Chaves contrató al productor Christian Bulgarelli Rojas y a la compañía RMC La Productora S.A. para esa asesoría, por $405 mil.
Luego de que el propio Bulgarelli reconoció públicamente haber elaborado los términos de referencia del contrato por el que fue adjudicado, el BCIE inició una investigación sobre lo sucedido.
En junio pasado, el banco regional comunicó el veto por 7 años al productor Bulgarelli y a su compañía por presuntas prácticas de fraude y colusión.
La Fiscalía investiga el caso por un aparente delito de tráfico de influencias.
La resolución completa de la Sala la puede leer aquí: 0031-0007-237163281-5947-F[1]