Sala IV advierte a policías municipales por dar golpiza a jóvenes en Alajuelita
La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de hábeas corpus interpuesto por unos jóvenes, quienes resultaron heridos por el abuso policial de los oficiales de la Municipalidad de Alajuelita.
Según uno de los afectados, aproximadamente a las 7:30 pm, del 24 de setiembre de 2023, se encontraba con su pareja y un amigo en el skatepark del Parque de Desarrollo Humano de San Felipe de Alajuelita, cuando llegaron unos oficiales, quienes le pidieron su cédula de identidad; sin embargo, explica que no la portaba porque se había cambiado de pantalón para practicar skateboarding, por lo que dio su número de cédula.
Una de las víctimas indicó que los oficiales le abrieron las piernas a patadas a su amigo, luego le pegaron contra una pared.
Otro oficial lo agarró de los brazos tratándolo de someter y arrestar. Agrega que se le abalanzaron tres o cuatro oficiales y lo tiraron al suelo, cayendo de cara.
La víctima detalla que "Un oficial puso su rodilla en su cuello, por lo que no podía respirar. Apunta que la intervención de otros jóvenes hizo que el oficial quitara la rodilla que lo estaba asfixiando. Argumenta que lo subieron a una patrulla y, durante el trayecto hacia la municipalidad, los agentes lo golpearon con las manos con guantes. Especifica que lo golpearon en la cara, cabeza, espalda, nariz, ojos, boca, orejas y nuca, además, le jalaron el pelo, lo escupieron y lo agredieron verbalmente diciéndole improperios y amenazándolo con que le iban a arrancar los dientes. Alega que cuando lo bajaron de la patrulla lo metieron a un baño y ahí los oficiales sacaron macanas de madera y blackjack de metal y empezaron a golpearlo fuertemente en piernas, torso, espalda; además, le pegaron la cabeza contra la pared, aturdiéndolo, y lo patearon. Comenta que le dieron un macanazo en la argolla de la esposa de la mano izquierda, lo cual le produjo una fractura".
La Sala consideró que los oficiales deben abstenerse de cometer nuevamente hechos.
Además, se condena al Estado al pago de daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo.