SAFI del BCR no descarta posible venta de Parque Empresarial del Pacífico
Sociedad pagó $70 millones por propiedad a sociedad vinculada con exdiputado del PUSC
La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica (BCR) no descarta una eventual venta del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), ubicado en Caldera de Esparza de Puntarenas.
El Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) del BCR SAFI pagó en 2020 unos $70 millones por el PEP. La compra se hizo a una sociedad ligada con el exdiputado Humberto Vargas Corrales, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, 2014-2018), pero el costo real de esa propiedad sería mucho menor.
Según estimaciones de la Oficina de Investigaciones del BCR, obtenidas a través de peritos expertos y contenidas en informes remitidos al Ministerio Público en julio, el inmueble se habría comprado con un sobreprecio de $54 millones (la sociedad ligada a Vargas lo habría comprado inicialmente en $16 millones).
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga desde 2021 presuntas irregularidades en la adquisición de esta propiedad por parte de la SAFI del BCR.
En esa misma línea, la junta directiva de la sociedad administradora de fondos de inversión presentó este 26 de agosto una denuncia penal tras un informe de relación de hechos que advierte posibles anomalías delictivas en la compra del PEP.
Al ser consultado, Douglas Montero Arguedas, gerente general de la SAFI del BCR, señaló que "todo se puede vender en la vida y que será un asunto de precio el factor determinante".
"Dentro de los planes que podríamos tener a futuro, podría ser vender el parque. De hecho, hay inversionistas que nos mandan constantemente que por qué no vendemos eso. Lo que pasa es que, así como todo se puede vender, todo tiene un momento para venderse y en un momento donde hay tanto negativo alrededor de un activo, no es el momento para venderlo. Posiblemente, la oferta que nos quieran hacer va a ser de hambre, por decirlo de alguna forma", expresó Montero.
El gerente recalcó que "la tierra siempre va a valer" y enfatizó en que están enfocados en dar operatividad al inmueble. Por ahora, tampoco han recibido ofertas de compradores interesados en la propiedad.
"El parque no es una cosa que se pueda poner a funcionar en 5 meses o en 1 año. Se requiere tiempo para llevar a los inquilinos, que conozcan, que vean y en ese trabajo es el en que estamos en este momento, específicamente con el PEP. El PEP es un activo dentro de 85 inmuebles que tenemos y a todos tenemos que darle atención. Con el PEP vamos un paso a la vez", expuso.
Montero agregó que cuentan con el permiso del Ministerio de Salud para funcionar hasta por 5 años y están en contactos con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para atender una serie de mejoras a la seguridad solicitadas por esa institución.
El funcionario explicó que negocian con el Cuerpo de Bomberos que, si no existen actividades que requieran un estándar elevado de equipos para apagar incendios, se obtenga alguna flexibilidad para ocupar algunas de las bodegas disponibles en el inmueble.
"Obviamente, no es lo mismo si yo tengo una bodega donde voy a tener pirotecnia a que si voy a tener que voy a guardar blocks (de concreto). En eso, los Bomberos tienen diferentes tratos y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Estamos en conversaciones con posibles inquilinos. No solamente costarricenses, sino de la región", señaló el gerente, quien agregó que también están en contactos con otras compañías interesadas en arrendar las terrazas del inmueble.
Denuncia a Ministerio Público
La SAFI del BCR indicó este 26 de agosto que interpuso una denuncia penal por las presuntas irregularidades en el proceso de compra del PEP. Según la entidad, la denuncia se presenta a raíz del informe de relación de hechos elaborado por la Auditoría Interna la Sociedad. La junta directiva de la SAFI solicitó la investigación tras recibir 3 denuncias anónimas en marzo 2021.
"En la investigación se revisó la información relevante relacionada con la compra del inmueble realizada el 20 febrero 2020 e información complementaria al 26 mayo 2023. El alcance de la relación de hechos se enfoca en identificar si el valor de la compra del PEP, cuya fecha de adquisición se dio el 20 de febrero del 2020, representó un valor pericial adecuado. Para lograrlo, la investigación abarcó todo el proceso de adquisición del inmueble, así como otros elementos que fueron fundamentales en la definición del valor de compra", señaló el comunicado oficial divulgado el día que se presentó la denuncia.
Desde que la Unidad de Investigación del BCR conoció las primeras denuncias en marzo del 2021 se abrió un expediente en el banco para indagar sobre las presuntas irregularidades que pudieron mediar en la compra del PEP y en diciembre de ese año se elaboró el primer informe parcial por parte de la Auditoría Interna, por lo que se tomó la decisión de contratar asesoría legal, valuadores expertos y una empresa proveedora de imágenes satelitales certificadas para contar con respaldos técnicos.
Posteriormente, en junio 2022, se hizo una revisión de contratos y adendas para determinar la existencia de rentas garantizadas y revisión de contrato de garantía de salida anticipada, así como el levantamiento topográfico con equipo de precisión satelital y un vuelo fotogramétrico.
Entre setiembre y octubre de 2022 se realizó una valoración pericial y financiera para conocer el valor estimado del PEP de forma retrospectiva a febrero 2022, así como la revisión del contrato de fideicomiso de garantía.
Fue hasta junio del 2023 cuando la auditoría entregó el informe final de relación de hechos a la directiva de BCR SAFI y un mes después despidieron sin responsabilidad patronal al entonces gerente general a.i., al supervisor de ingeniería; a un ingeniero y a la Gerente de Negocios y Proyectos a.i.
Un mes después se ordenó una colaboración activa con el Ministerio Público en todas las investigaciones relacionadas con el PEP y al mismo tiempo se solicitó un nuevo avalúo del parque.
Este año en febrero, se hizo el registro del nuevo valor en libros ($28 millones) y en julio se presentó ante la Fiscalía del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) de la empresa valuadora Grupo Ingenio AIC S.A. y dos de sus arquitectos en cuanto al componente pericial de las valoraciones, por sus actuaciones y supuestas omisiones.
La SAFI justificó todo este tiempo transcurrido como parte del proceso legal que se tiene que respetar para no interferir en la investigación paralela que ya había iniciado en la fiscalía.
En la investigación se revisó la información relevante relacionada con la compra del inmueble realizada el 20 febrero 2020 e información complementaria al 26 mayo 2023.
