Rodrigo Chaves bajo la lupa de Fiscalía por 24 presuntos delitos de corrupción

(CRHoy.com) El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, es sujeto de una amplia investigación en la Fiscalía General por 25 presuntos casos de corrupción.

De acuerdo con un informe remitido por el Ministerio Público, contra Chaves se tramitan 30 causas penales, pese a que no llega ni a la mitad de su mandato. De estas, 5 tienen solicitud de desestimación o fueron desestimadas. Otras 25 continúan abiertas y en investigación.

Dichas causas penales contra Chaves son por presuntos delitos relacionados con supuestos hechos de corrupción en su función en el gobierno. Entre los delitos figuran tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.  Por cada uno de estos aparentes delitos el gobernante tiene 7 y 6 causas abiertas.

En el amplio listado también figuran supuestos delitos de nombramientos ilegales y prevaricato.

Chaves también tiene otras 2 causas de presunto peculado y 1 por los aparentes delitos de coacción, influencia en contra de la hacienda pública y recepción y entrega de supuestas donaciones ilegales a partidos políticos. 

¿En qué consisten estos delitos y cómo se castigan?

Según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública en su artículo 52, el tráfico de influencias se sanciona con pena de prisión de 2 a 5 años. Este delito se le endosa a quien "directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro", dice la ley.

Ese artículo de la citada ley añade que estas penas se elevarán en un tercio de altos jerarcas de los supremos poderes de la República, como lo es el presidente de la República.  Señala, además, que con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia.

El presidente Chaves tiene 7 expedientes abiertos por presuntamente cometer este delito. En la siguiente gráfica se detallan los números de expedientes, su estado en la Fiscalía y la descripción -en algunos casos- de los presuntos hechos que pudo haber incurrido Chaves.

El delito de incumplimiento de deberes, según el artículo 139 del  Código Penal, se da cuando un funcionario público, omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. 

La ley dice que ese funcionario será reprimido con pena de inhabilitación de 1 a 4 años. Añade que, igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo.

Chaves tiene sobre sus espaldas 6 expedientes por presuntamente haber cometido este delito. A continuación le señalamos los expedientes abiertos contra el mandatario por la supuesta comisión del mismo.

El delito de incumplimiento de deberes también está tipificado en el Código Penal. En su artículo 244 la ley dice que "será reprimido con 30 a 90 días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales.

Según explican los consultores legales de ABC Consulting,  este es un delito que se comete con dolo. "Este delito es por acción, y lo puede cometer únicamente el funcionario público que posee la potestad de nombrar a otro funcionario en cargos públicos, de tal manera, que si el autor no es la persona que posee esta potestad se podría estar ante otro tipo de delito, como el abuso de autoridad o tráfico de influencias. Para cometer este ilícito es necesario poseer la potestad legal de incurrir en la acción prohibida", explican los profesionales.

En la siguiente gráfica se detallan los 3 expedientes que la Fiscalía sigue contra el presidente Chaves por la sospecha de la comisión de este delito.

El prevaricato es un delito que consiste en que un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda en hechos falsos, según lo define el propio Poder Judicial en su Diccionario Usual. 

"…consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos; el bien jurídico tutelado es el deber de probidad en la función pública y la conducta típica recae directamente sobre la legalidad y veracidad de las resoluciones, sentencias, autos, providencias y decisiones finales que afecten derechos e intereses de los administrados. Es un delito de propia mano, es decir, la acción la lleva a cabo directamente el funcionario judicial o administrativo que dicta la resolución, el cual actúa con dolo directo, que es el elemento subjetivo del tipo y el cual se consuma al momento de dictar el fallo o emitir la decisión final contraria a derecho o sustentada en hechos falsos", señala la Corte.

Según el artículo 357 del Código Penal, se impondrá prisión de 2 a 6 años al funcionario que incurra en este delito.  Ese mismo artículo señala que si se trata de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de 3 a 15 años de prisión.

Al presidente Chaves se le achacan 3 presuntos casos de este delito.

El peculado es un delito que comete el funcionario público que "sustrae o distrae dineros, o bienes del erario público, cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo".  También se define como una acción que comete el funcionario público cuando emplea, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración pública o bienes propiedad de ellas.

También es considerada una conducta ilícita "cometida por particulares o gerentes administradores o apoderados de organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, consiste en sustraer o distraer dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia se les confió en razón de su cargo; o que, en provecho propio o de terceros, emplee trabajos o servicios pagados por la Administración pública o bienes propiedad de ella", añade el Poder Judicial.

En el artículo 361 del Código Penal se le fijan penas de prisión de 3 a 12 años. 

En el caso del presidente Chaves, son 2 los expedientes abiertos en su contra por este supuesto delito.

El delito de influencia contra la hacienda pública es el que "cometen funcionarios públicos y demás sujetos equiparados que al intervenir en razón de su cargo o posición, influyen, dirigen o condicionan, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendente a ese fin", dice el Poder Judicial.

La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública en su artículo 57 dice que este delito se castiga con prisión de 2 a 8 años.

El presidente Chaves tiene abierto 1 expediente por este supuesto delito.

El Poder Judicial define la  coacción como la fuerza o violencia ilegítima que se aplica para obligar que alguien diga o haga algo. También como fuerza o poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o permitir su ejercicio contra lo que lo contraviene, quebranta o transgrede.

El Código Penal le fija a este delito prisión de 3 a 5 años.

Chaves tiene 1 expediente por un supuesto delito de este tipo.

Entre tanto, la recepción y entrega de donaciones a partidos políticos de manera ilegal está contemplada en el Código Electoral. Esta ley impone diferentes sanciones, dependiendo del caso particular, que van desde los 2 y hasta los 4 años.

Chaves enfrenta una investigación por presuntas irregularidades en la campaña que lo llevó a la Presidencia.

En el siguiente gráfico se detallan los expedientes y descripciones de los casos por los que la Fiscalía investiga a Chaves por las irregularidades de su campaña electoral, así como por los supuestos delitos de prevaricato, peculado, coacción e influencia en contra de la hacienda pública.