Rocío Alfaro califica de “informe de la impunidad” por blindaje a Marta Esquivel en Caso Barrenador
La jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina, calificó como "informe de la impunidad" el documento de mayoría que exime de responsabilidad a la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y diputada electa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel Rodríguez, por las decisiones cuestionadas durante su gestión, entre ellas el denominado Caso Barrenador, investigado por la comisión legislativa sobre presuntas irregularidades en la CCSS.
Se trata de un informe afirmativo de mayoría suscrito por el oficialista Daniel Vargas; María Marta Carballo, del PUSC; Olga Morera, del Partido Nueva República; y el independiente Luis Diego Vargas.
Según diputados de oposición, el informe minimiza responsabilidades y relega las advertencias sobre la crisis que atraviesa la institución.
Alfaro espera que en el Plenario Legislativo se puedan discutir tanto el informe de mayoría (impulsado por el oficialismo) como el de minoría (firmado por el PLN y el Frente Amplio).
"Es de mucho interés para la población costarricense que podamos debatir entre un informe que claramente es el de la impunidad, donde parece que la Caja Costarricense de Seguro Social está perfectamente, y en el que no se señala ninguna responsabilidad administrativa, política, económica ni mucho menos penal por el deterioro que sufre la institución y la calidad de vida de los costarricenses".
"Tampoco se señala un solo nombre. No solo todo aparentemente está bien, sino que además no hay ninguna responsabilidad; todos y todas han hecho bien su trabajo, aparentemente".
El informe de mayoría
Andrea Álvarez y Paulina Ramírez, del PLN, así como Alfaro, señalaron que el documento libera de responsabilidad tanto a Marta Esquivel como a la actual jerarca de la CCSS, Mónica Taylor, por la situación relacionada con el caso Barrenador, las listas de espera y la suspensión del portafolio de inversiones.
La comisión legislativa que investigó la gestión y las presuntas irregularidades en la CCSS cerró su trabajo el 24 de febrero, en medio de un tenso intercambio y señalamientos de alineamientos hacia el oficialismo. Según la oposición, esto perfila la aprobación de un informe que minimiza responsabilidades y omite advertencias sobre la crisis institucional.
Tras un año y cuatro meses de audiencias, análisis documentales y comparecencias, los diputados aprobaron el informe presentado por el oficialista Daniel Vargas.
En contraste, la presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, presentó un informe de minoría que —según indicó— se construyó en conjunto con otros despachos y plantea advertencias y riesgos financieros.
El informe del despacho de Álvarez contó con el respaldo de la también liberacionista Paulina Ramírez y de la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro.
Ahora el Plenario Legislativo deberá discutir el informe de mayoría firmado por 4 diputados. Este podrá aprobarse con mayoría simple, es decir, la mitad de los diputados presentes más uno y en el caso de ser rechazado, se procedería con el informe de minoría.
Caso Barrenador
Marta Esquivel Rodríguez, exministra de Rodrigo Chaves y diputada electa por el PPSO, es imputada en el caso Barrenador, relacionado con supuestos contratos con sobreprecios por 2.400 millones de colones entre la CCSS y cooperativas privadas para la administración de 138 Ebáis.
Los hechos se remontan a cuando Esquivel presidía la CCSS y su junta directiva, en 2024.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. El 23 de septiembre de 2024 se realizaron 28 allanamientos y ocho detenciones, incluida Esquivel, quien entonces fungía como presidenta ejecutiva de la CCSS.
El 10 de octubre, el Juzgado Penal de Hacienda la suspendió del cargo por seis meses, medida que posteriormente se prorrogó por un año más. Pese a ello, fue nombrada ministra por el presidente Chaves, quien le otorgó inmunidad al integrarla al gabinete. Esta inmunidad quedó sin efecto tras su renuncia para participar en la campaña política y resultar diputada electa.