Rocío Alfaro acusa al Gobierno de desobedecer orden de la Sala IV
Rocío Alfaro, exdiputada del FA. Archivo CRH
Rocío Alfaro aseguró que el Consejo de Gobierno dejó vencer el plazo que otorgó la Sala Constitucional para juramentarla como representante sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según Alfaro, el Gobierno incumplió la orden judicial y mantiene al movimiento sindical sin representación en decisiones que afectan a la institución.
"No hay ninguna justificación para romper el orden constitucional. No hay ninguna justificación para este grado de desobediencia a la Sala", afirmó.
La Sala Constitucional ordenó juramentarla en un plazo máximo de ocho días. Los magistrados anularon el acuerdo con el que el Consejo de Gobierno rechazó su designación y ordenaron a Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia, juramentarla y realizar los trámites para que se integre a la Junta Directiva durante el periodo 2026-2030.
El fallo también anuló el nombramiento temporal que hizo el Consejo de Gobierno en ese puesto y condenó al Estado al pago de daños y perjuicios.
Para Alfaro, el incumplimiento busca impedir que la representación sindical participe en los debates sobre el futuro de la Caja.
"Nos parece gravísimo que, vencido el plazo, se haya incumplido y se esté rompiendo el orden constitucional de este país sin ninguna justificación más que impedir que la voz de la clase trabajadora esté presente en los grandes debates que se están dando en la Caja Costarricense del Seguro Social", expresó.
Alfaro señaló que esta situación ocurre cuando la institución está cerca de definir posibles ajustes técnicos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
También mencionó las negociaciones con instancias privadas de salud y con los trabajadores de la CCSS, a quienes, según denunció, se les han incumplido sistemáticamente sus derechos laborales.
Además, cuestionó la pausa de obras que considera urgentes para la población. Citó la ampliación del Hospital Blanco Cervantes como el caso más evidente.
Las listas de espera son otra de sus preocupaciones. Alfaro criticó tanto las medidas que se toman como las que se dejan de tomar para reducirlas y calificó la espera como "una tortura para el pueblo costarricense".
También acusó al Consejo de Gobierno de politizar la CCSS e intervenir en una institución cuya autonomía garantiza la Constitución. Según afirmó, el Gobierno impide la participación de personas que considera poco alineadas con sus posiciones.
Alfaro sostuvo que la Sala ya emitió dos sentencias consecutivas que descartaron los argumentos del Consejo de Gobierno. Aseguró que su designación cumplió con la legislación nacional y que la falta de juramentación vulnera los derechos fundamentales del movimiento sindical y de la sociedad costarricense en la protección de su sistema de salud.
El conflicto surgió después de que el Consejo de Gobierno rechazara su designación el pasado 24 de junio, con el argumento de que no cumplía varios requisitos.
Según la Sala Constitucional, el Gobierno no puede rechazar, a partir de su propia valoración, a la persona que los sindicatos eligen como representante.
Ricardo Solano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Farmacia y Otros Servicios de la Caja (Sintaf), presentó el recurso de amparo. Los magistrados lo votaron el jueves 24 de setiembre.