Robo de ¢5.700 millones en combustible: OIJ mantiene 93 allanamientos en desarrollo

Las dos organizaciones desmanteladas por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este martes, por presuntamente dedicarse al robo de combustible en poliductos de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), habría provocado un perjuicio económico al Estado de más de ¢5.700 millones. Se trata de una investigación contra 33 personas.

Recope confirmó que en el caso de Limón se robaron aproximadamente ¢5.000 millones y en el de Turrialba al menos ¢708 millones.

La policía judicial desarrolló dos operaciones llamadas Caso Desconexión y Caso Huachicoleros, que terminaron con la ejecución de 93 allanamientos en Turrialba, Siquirres, Guápiles, Sarapiquí, Alajuelita, Alajuela y Limón.

El primer caso inició con una investigación hace casi 2 años, cuando se identificó que había tres bandas aliadas que estaban sustrayendo gasolinas, diésel y combustible de aviación (Jet A-1) de las líneas de Recope.

Este es un trabajo realizado por la Sección de Hurtos y la Sección de Legitimación de Capitales del Departamento de Investigaciones Criminales (DIRC) de San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Como parte de este trabajo se tiene como objetivo la detención de 18 personas que presuntamente coordinaron el ingreso de camiones tipo cisterna de forma irregular a la Terminal de Recope en Moín y estaban sustrayendo los hidrocarburos, con ayuda de funcionarios de la institución y trabajadores de una empresa privada subcontratada por el Estado.

"A través de las diferentes diligencias policiales, se pudo corroborar que en apariencia al menos tres funcionarios de la institución, así como un empleado de una empresa privada que brinda servicios a Recope, aparentemente estaban colaborando con al menos tres grupos criminales para que se cometiera dicho delito", indicaron esta mañana.

Además de las incursiones en planteles, el grupo hizo extracciones de combustible en una finca de Recope, así como en diferentes propiedades en Moín, donde al parecer se había realizado la instalación de tomas ilegales en el poliducto que se ubica entre la línea marítima y los barcos petroleros.

El contenido posteriormente era vertido en recipientes como pichingas, estañones y tanquetas, para finalmente trasladarlo a otras zonas por medio de autobuses, vagonetas, vehículos livianos, camiones, entre otros.

Como parte de la investigación se determinó que Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, era uno de los líderes del grupo.

"Durante la línea de investigación, se pudo determinar que en apariencia esta actividad ilícita estaba siendo realizada en subgrupos y lideradas aparentemente por un sujeto de apellido Bell, otro de apellido Soto y un tercer masculino de apellido Salas", confirmó el OIJ.

Lo anterior también, permitió establecer una participación colectiva de los sospechosos, donde supuestamente se trata de organizaciones delictivas muy organizadas a las que se les ha logrado materializar dicha actividad durante varias acciones policiales a finales del año anterior y este año, donde el perjuicio económico es de aproximadamente quinientos treinta millones de colones.

"Hoy es un día histórico. Las primeras investigaciones de robo de combustible declaradas como crimen organizado son un paso crucial en nuestra lucha. Desde Recope seguiremos trabajando sin descanso para que los delincuentes dejen de poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas", manifestó Karla Montero, presidenta de Recope.

En los trabajos previos, vinculados con las operaciones de hoy, el OIJ había detenido un camión con 34.000 litros de gasolina robada en octubre del 2023.

Entre febrero y marzo de este 2024 hubo dos intervenciones, una el 27 de febrero en Guápiles, que permitió la captura de cuatro personas y el decomiso de 51.000 litros de combustible, y otra el 22 de marzo en Río Blanco de Liverpool, cuando se allanó una propiedad en la que se intervino un túnel de 46 metros de largo y se incautaron 42.700 litros de combustible.

"Finalmente, el 11 de octubre, cuando se detuvo a un hombre de apellidos Bell Fernández, se asestó otro golpe a esta organización previo al gran operativo de este 10 de diciembre", informó Recope.

Segundo caso

El segundo caso fue investigado por el OIJ de Turrialba, mismo que se empezó a seguir en diciembre del 2023 cuando se conoció una denuncia por supuestos incrementos injustificados de flujo de combustible hacia el cantón azucarero, posteriormente se identificó que había varias tomas ilegales en los distritos de Santa Teresita y Peralta.

"Según la investigación, dos agrupaciones conformadas por personas entre los 20 y 45 años operaban durante las noches y madrugadas para evitar ser descubiertos. Durante la investigación, se intervinieron más de 80 tomas ilegales, se decomisaron 15 camiones y miles de litros de combustible robado. Además, el perjuicio económico es considerable, ya que entre el 2023 y 2024 este se calculó en aproximadamente ₡708,4 millones", detalló Recope.

Como parte de este trabajo se pretende la captura de 15 sospechosos, quienes serían miembros de una banda dedicada a la sustracción, almacenamiento, transporte y distribución de combustible de manera ilegítima.

"Además, a través de la investigación policial se pudo establecer que al parecer este grupo realizaba diferentes tomas ilegales en el poliducto que va desde Limón a Puntarenas, esto con el fin de sustraer combustibles de tipo gasolina, diésel y jet A-1, para posteriormente comercializarlo de manera clandestina", señaló el OIJ

Durante este operativo policial, se cuenta con la participación de 170 agentes de investigación de diferentes oficinas del OIJ de todo el país.