Implementación de sistema ERP-SAP en la CCSS puso en riesgo reserva de pensiones del IVM

Las fallas en la implementación del sistema informático ERP-SAP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dejaron a la institución sin capacidad de facturar al Estado las cuotas obrero-patronales durante varios meses, generando un faltante de cerca de ₡27.000 millones mensuales que comprometió la liquidez del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

El impacto fue discutido en reuniones entre la presidenta de la CCSS, Mónica Taylor, las gerencias y los equipos técnicos en el segundo semestre del año pasado.

El origen del problema fue operativo. En la sesión del 18 de septiembre de 2025, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, explicó que las fallas en la integración del sistema y su proceso de "estabilización técnica" dejaron a la institución sin capacidad para emitir facturas al Gobierno Central y advirtió ante el equipo técnico que la falta de esos recursos comprometía directamente la liquidez del fondo de pensiones. Incluso, señaló que si la situación no se resolvía con rapidez, la institución tendría que usar recursos de capital o recurrir a las reservas del IVM para cubrir sus obligaciones.

Además del impacto inmediato, Barrantes alertó sobre un efecto acumulativo. Indicó que la imposibilidad de facturar podía generar deudas mensuales crecientes, elevando rápidamente el monto pendiente. Según explicó, en poco tiempo podrían acumularse facturas por alrededor de ₡54.000 millones, lo que complicaría su gestión y eventual pago por parte del Estado.

Calendario fiscal

A este escenario se sumó un riesgo adicional ligado al calendario fiscal del Gobierno. El gerente financiero, Gustavo Picado, advirtió en varias ocasiones que la situación tenía un límite crítico: el cierre presupuestario del 31 de diciembre.

Según explicó, si la CCSS no lograba generar las facturas dentro del 2025, el Estado no reconocería los montos de forma retroactiva en el siguiente periodo. Esto implicaba que la institución podría perder definitivamente esos recursos, pese a corresponder a obligaciones ya generadas.

Picado insistió en que, en ese escenario, la responsabilidad recaería sobre la propia Caja por no haber facturado a tiempo. Esto agravaría la situación financiera tanto del IVM como del Seguro de Salud.

La presión sobre el flujo de efectivo se mantuvo durante varios meses. A inicios de octubre de 2025, la Gerencia Financiera reportó avances en la normalización del sistema. En ese momento, la institución logró destrabar parcialmente el proceso de facturación y procesar obligaciones pendientes del Estado.

Entre los primeros avances se incluyó la facturación de junio, que no había podido emitirse por las fallas del sistema. El monto total procesado rondó los ₡45.000 millones. De ese total, aproximadamente ₡26.000 millones correspondían al IVM y ₡19.000 millones al seguro de salud.

De acuerdo con Picado, este paso permitió reactivar el envío de facturas a los ministerios. Con ello, se reiniciaron los giros por parte del Estado. La medida alivió parcialmente la presión sobre la liquidez institucional, en especial del régimen de pensiones, que dependía de esos recursos para sostener su flujo de caja.