Reforma del Gobierno costaría ₡12.230 millones más y saturaría tribunales, según Corte
La reforma del Gobierno de Laura Fernández para sustituir la audiencia preliminar por una audiencia previa más corta, encarecería la justicia penal en unos ₡12.230 millones y saturaría los tribunales, sin estudios técnicos que respalden su conveniencia, concluyó la Corte Plena.
Los magistrados aprobaron este lunes un informe que detalla el impacto del proyecto en la administración de justicia penal y en el presupuesto judicial. Como la iniciativa afecta la estructura y las funciones del Poder Judicial, necesitará 38 votos para aprobarse en la Asamblea Legislativa.
Según el documento, la propuesta no se sustenta en análisis previos que demuestren que acortaría los procesos. Al contrario, eliminaría un filtro clave en las causas penales y provocaría más atrasos en los tribunales.
Ese filtro es la etapa intermedia, que hoy sirve para examinar lo actuado en la fase preparatoria. Sin ella, el Tribunal de Juicio recibiría de forma directa más de 18.598 expedientes activos, además de resoluciones que ahora dicta el Juzgado Penal, como las desestimaciones: solo en 2025 se emitieron 18.556.
La reforma también obliga a las partes a llegar a la audiencia previa con toda la prueba —testigos, peritos y demás— para iniciar el debate de inmediato. Eso saturaría las agendas.
Si en esa audiencia se pacta una salida alterna o un procedimiento abreviado, habría que suspender todas las audiencias ya programadas para el juicio. Esos espacios quedarían vacíos, sin tiempo para reprogramar otros casos.
Costo millonario
Aunque el proyecto asegura que no generará gastos adicionales, el informe concluye que encarecería de forma significativa la administración de justicia.
Trasladar las funciones de la etapa intermedia al Tribunal de Juicio obligaría a reasignar las plazas de Juez 3 del Juzgado Penal a Juez 4 del Tribunal de Juicio. Cada plaza costaría ₡214.623 más al mes bajo el esquema salarial tradicional, o ₡203.029 más bajo salario global.
En las 158 plazas existentes, el aumento rondaría los ₡34 millones mensuales solo en salarios de jueces. A eso se sumaría la reclasificación del personal de apoyo, como técnicos y coordinadores judiciales.
El gasto mayor vendría por otra vía. Como el proyecto exige que el debate arranque de inmediato si no hay salida alterna, la Dirección de Planificación estima que se necesitarían "equipos expectantes": jueces disponibles para asumir los juicios al instante.
Conformar 25 de esos equipos en todo el país costaría, de forma preliminar, al menos ₡12.230 millones, con fiscales, defensores y custodios de detenidos, además de mobiliario, equipo y software.
Pese a esos montos, la iniciativa no define ninguna fuente de financiamiento. El Poder Judicial tendría que asumir el gasto con su presupuesto actual, que ya sufre recortes severos, según el informe.
Vacíos legales
La propuesta del oficialismo no modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, que asigna expresamente al juez penal de la etapa intermedia el control de la acusación y de la prueba. Esa omisión dejaría la nueva distribución de competencias sujeta a interpretaciones sobre una derogación tácita, lo que generaría inseguridad jurídica y abriría la puerta a apelaciones y problemas en los expedientes.
Tampoco precisa si la audiencia previa estará a cargo de un juez unipersonal o de un tribunal colegiado de tres jueces, lo que podría disparar aún más la necesidad de personal.
Además, deja sin definir qué órgano resolverá las apelaciones que se presenten durante la etapa preparatoria o en la audiencia previa, como las relacionadas con prisión preventiva, sobreseimientos, desestimaciones o medidas disciplinarias.
Otro cambio, al artículo 310 del Código Procesal Penal, dispone que ante un sobreseimiento o una desestimación el juez penal se declare incompetente sobre la pretensión civil y la remita de oficio a esa vía. Según el informe, esto contradice la propia ley y sobrecargaría la jurisdicción civil.
La magistrada Patricia Solano advirtió en su informe que el texto, además, suprime la cesura —la celebración del debate en dos fases, primero sobre la culpabilidad y luego sobre la pena— sin proponer ninguna alternativa procesal.
Corte prepara reforma integral
Las instancias consultadas coinciden en que el proyecto carece de rigor técnico y afectaría gravemente al Poder Judicial. El Ministerio Público se opone por el aumento en las cargas de trabajo, el riesgo de que prescriban causas y la necesidad de más presupuesto para contratar personal.
La Defensa Pública advierte un alto impacto operativo, costos de transición y la necesidad de reformar la Ley Orgánica para evitar inseguridad jurídica. La Sala Tercera, por su parte, concluyó que la reforma encarecería la justicia sin reducir la duración de los procesos.
Con excepción de los magistrados de la Sala Constitucional, el pleno aprobó el informe y recalcó que, en lugar de un parche, la Corte ya trabaja en una reformulación completa del proceso penal.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro señaló que cualquier cambio a la audiencia debe analizarse junto con la estructura completa del proceso, pues incide en todo el procedimiento.
Los magistrados subrayaron también que el tema económico no es menor: cuando se aprueban leyes sin los recursos necesarios, el Poder Judicial corre el riesgo de incumplirlas.
Para la magistrada Patricia Vargas, el mayor rezago está precisamente en los tribunales, y la propuesta pretende trasladarles más trabajo. Añadió que los juzgados seguirían existiendo, con muchos trámites a cargo.
Vargas estimó que los procesos se atrasarían, pues no hay capacidad suficiente para implementar la nueva normativa, ni siquiera para atender adecuadamente la vigente.
La magistrada Aisen Herrera coincidió en que mejorar la audiencia preliminar es necesario, pero advirtió que no hay capacidad, ni siquiera en número de salas, para realizar todas las audiencias que plantea la reforma.