Rector de la UCR deberá comparecer ante el Consejo Universitario por gastos en alimentación
Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR)
El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó convocar al rector, Carlos Araya Leandro, para que comparezca ante el plenario y se refiera al uso de recursos en servicios de alimentación.
El acuerdo quedó en firme durante la sesión de este martes 3 de marzo de 2026 y forma parte de una serie de acciones orientadas —según el órgano colegiado— a fortalecer la fiscalización y el control de la gestión institucional, en apego a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la casa de enseñanza superior.
Según informó La Nación, la Rectoría de la UCR gastó poco más de ¢818.000 en servicios de alimentación en el restaurante El Novillo Alegre, en actividades realizadas entre setiembre y noviembre de 2025.
En apariencia, los gastos de alimentación se efectuaron durante las visitas del expresidente de la República, Luis Guillermo Solís; de la rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), en Ecuador, Cecilia Paredes Verduga; del director de Polaris, de la Universidad de Málaga, José María de la Varga; así como en el CIII Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y la XXII Asamblea General Ordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.
Además de la comparecencia del rector, el Consejo solicitó a la Administración Universitaria la presentación de un informe detallado, en un plazo máximo de un mes calendario, sobre las actividades académicas vinculadas con los gastos señalados.
En el acuerdo también se encomendó a la Oficina de Administración Financiera la elaboración de un estudio transversal que abarque, al menos, los años 2024, 2025 y 2026, específicamente sobre las partidas relacionadas con alimentación y gastos de representación, el cual deberá entregarse en un plazo de tres meses.
Asimismo, el Consejo Universitario dispuso la creación de un conjunto de lineamientos que regulen el uso de los gastos de representación desde los ámbitos legal y administrativo. Estos deberán formularse en un plazo de cuatro meses y tendrán como propósito fortalecer la gobernanza institucional, así como resguardar la identidad y la imagen de la UCR.
Una vez elaborados, los lineamientos deberán ser analizados por la Oficina de Contraloría Universitaria, instancia competente en materia de administración, control interno y gestión de recursos públicos. Posteriormente, deberán ser sometidos a conocimiento y análisis del Consejo Universitario, en su calidad de órgano fiscalizador, en un plazo máximo de seis meses.