Recortes dejan al OIJ sin nuevas delegaciones en Tamarindo, Tempate y Cabo Velas
Imagen con fines ilustrativos. CRH
Los recortes presupuestarios aplicados por el Ministerio de Hacienda en 2026 ya pasaron una dura factura al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que debió frenar en seco la apertura de tres nuevas sedes policiales en Tempate, Tamarino y Cabo Velas de Guanacaste, una provincia fuertemente golpeada por las dinámica criminal reciente.
Según la Dirección del OIJ, el recorte eliminó ₡3.487 millones que estaban proyectados exclusivamente para financiar las nuevas plazas policiales.
A esto se sumó la supresión de ₡500 millones para la compra de vehículos institucionales y ₡200 millones destinados al pago de alquileres. Esta reducción de recursos sepultó los planes de expansión y fortalecimiento de la presencia policial en estas localidades costeras.
La afectación directa en Guanacaste es el resultado de un tenso pulso por el presupuesto de este año. El 24 de junio de 2026, Hacienda solicitó al Poder Judicial una rebaja del 5% de su presupuesto vigente, equivalente a unos ₡27.076 millones.
Aunque la Corte Plena acordó ceder ₡13.042 millones y advirtió que un recorte mayor afectaría servicios esenciales y la lucha contra el crimen organizado, Hacienda comunicó en agosto un recorte final de ₡23.722 millones.
El Poder Ejecutivo argumentó que una parte del monto cedido no formaba parte de la base de cálculo. Esto llevó a la Presidencia de la Corte a presentar un recurso de revocatoria y un conflicto de presupuesto ante la Presidencia de la República. Sin embargo, ambas gestiones fueron rechazadas o declaradas inadmisibles.
A este escenario de austeridad se sumó la amenaza de un bloqueo presupuestario adicional por ₡944 millones, lo que encendió las alertas institucionales ante el riesgo inminente para la operación de la policía judicial, ya que pondría en jaque la atención de pagos o servicios básicos.
Sin embargo, Hacienda finalmente no aplicó esos bloqueos y liberó los recursos, lo que permitió al OIJ mantener su operatividad básica, adquirir el equipamiento de rutina y garantizar la continuidad de sus operaciones durante este año.
Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRH.
Freno a infraestructura y amenaza latente
A pesar de esa liberación parcial, el OIJ sí sufrió un fuerte golpe de aproximadamente ₡5.762 millones producto de las limitaciones asociadas a una restricción presupuestaria llamada la Norma 10. Estos fondos representaban una fuente importante de financiamiento para fortalecer distintos destinos como mejorar insumos prioritarios y financiar el fideicomiso de infraestructura que tiene la institución.
Este fideicomiso tiene un papel estratégico. Actualmente, está conformado por 17 proyectos de infraestructura que buscan mejorar las condiciones de espacio físico y generar ahorros a largo plazo. Los edificios ya concluidos mediante esta figura, como la Torre Judicial y los Tribunales de Justicia de Puntarenas, generan un ahorro superior a ₡2.000 millones anuales en alquileres.
Las restricciones frenaron el avance de estos proyectos y retrasaron la posibilidad de concretar ahorros adicionales por ₡1.200 millones al año, que se materializarían una vez finalizadas las obras de los Tribunales de Cañas y Liberia, así como el edificio de la Sala Constitucional.
Lejos de resolverse, la crisis de recursos se proyecta con mayor crudeza para el próximo año. El proyecto de Presupuesto Nacional de 2027, presentado el 1.° de setiembre ante la Asamblea Legislativa, asigna al Poder Judicial ₡10.542 millones menos que en 2026.
Para la policía judicial, el impacto directo se traduce en restricciones por ₡8.684 millones, un monto que afectaría los recursos destinados a investigación, pericias forenses, equipos e insumos necesarios para enfrentar el crimen organizado.
Además, en el ámbito general del Poder Judicial, el presupuesto de 2027 deja ₡29.843,8 millones sujetos a normas de ejecución presupuestaria. Esto significa que los fondos quedan condicionados a certificaciones de la Contraloría, aprobaciones de comisiones y del Plenario Legislativo y, finalmente, a una orden de desbloqueo de Hacienda.
Entre las principales consecuencias de esta medida está la inmovilización de 2.463 plazas vacantes ocupadas por personal interino. La paralización de esos puestos podría provocar el cierre de despachos, aumentar el rezago judicial y afectar directamente los servicios de la Defensa Pública en diversas regiones del país.
Los diputados rechazaron todas las mociones al proyecto de ley que pretendían corregir estas reducciones.