Recortes de Hacienda obligarán a Fiscalía a cerrar oficinas: “Es una conducta perversa del ministro”
La reducción de ₡40.396 millones al presupuesto del Poder Judicial, propuesta por el Gobierno para el 2027, obligará al Ministerio Público a cerrar varias de sus oficinas en el país por no poder cubrir los gastos operativos básicos.
El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó a CR Hoy que la disminución para el próximo periodo plantea un escenario aún peor que el recorte de ₡23.000 millones para el año en curso. La falta de presupuesto imposibilitará pagar el alquiler de oficinas, lo que obligará a su cierre inminente.
"Esto va a afectar al usuario, pero también va a afectar la gestión de los despachos. ¿Qué vamos a hacer con el personal de esas oficinas? ¿Qué vamos a hacer con el mobiliario? ¿Dónde los vamos a poner? Las otras oficinas más cercanas tampoco tienen la capacidad de recibir a estos funcionarios. ¿Cómo vamos a trabajar sin recursos?", detalló Díaz.
Más allá de la incertidumbre con el equipo y los funcionarios de las sedes clausuradas, lo que más le preocupa al jerarca judicial es que esta crisis de infraestructura y recursos se traducirá en atrasar el trámite de casos, lo que afectará tanto la gestión de los expedientes en los despachos como a los usuarios del sistema judicial.
El fiscal señala que, ante la regla básica de que para combatir el crimen organizado que azota al país hay que invertir dinero, hacer lo contrario y recortar recursos termina beneficiando directamente al narcotráfico y a las bandas delictivas. Por eso cuestiona las acciones del jerarca de Hacienda, Rodrigo Chaves.
"En una situación como la que está viviendo nuestro país, donde la seguridad es el problema más grande que tenemos, viene una conducta perversa del Ministro de Hacienda de limitar los recursos para el Poder Judicial y sobre todo para seguridad en general", añadió el jerarca.
El recorte incluye una reducción directa de ₡10.552 millones en remuneraciones, gastos operativos y partidas de bienes duraderos.
A esto se suman ₡29.844 millones bloqueados mediante normas de ejecución sujetas al cumplimiento de auditorías, plazas y métricas de infraestructura.
También contempla una reducción de plazas vacantes o no asignadas, que afectará principalmente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con una estimación de 176 plazas menos, y al Ministerio Público, con una reducción de 53 plazas.
El recorte también postergará obras clave, incluido un recorte de ₡1.487 millones para la edificación de la Morgue Judicial en Buenos Aires de Puntarenas y reducciones en el fideicomiso inmobiliario. Además, se suspenderá la renovación de la flotilla vehicular —carros y motocicletas del OIJ— y habrá limitaciones en las partidas para la compra de equipo de cómputo y mobiliario operativo.
Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público y Rodrigo Chaves, presidente de la República, en una reunión sostenida en 2022. Foto: Casa Presidencial
Más violencia y menos recursos
El fiscal reflexiona que la agresiva oleada de recortes de Hacienda contrasta con la crisis de seguridad más grave que atraviesa el país. El aumento desmedido de la violencia criminal choca de frente con una severa asfixia financiera dictada desde el Poder Ejecutivo.
Díaz lo explica como una paradoja insostenible: "más violencia y menos recursos". Según el jerarca, la política de recortes aplicada amenaza con paralizar la capacidad de respuesta del Estado y termina siendo un "premio" para el crimen organizado.
Para Díaz, la lógica detrás del combate a la criminalidad es clara: para hacer frente a las organizaciones delictivas se requiere inversión. Sin embargo, la realidad presupuestaria del Poder Judicial va en la dirección opuesta.
"Lejos de invertir, hacemos un recorte y ¿a quién benefician esos recortes? Bueno, al narcotráfico, a los delincuentes, al crimen organizado", añadió el fiscal.
La advertencia final del fiscal general dibuja un panorama oscuro para el país. De mantenerse esta fórmula de restar fondos mientras las bandas narco multiplican su poderío económico y de fuego, Costa Rica enfrentará una situación "todavía más violenta que la que hemos estado experimentando".
Ante el crecimiento del narcotráfico, el país tendrá una menor capacidad de reacción, lo que debilitará simultáneamente al OIJ, al Ministerio Público y a los cuerpos policiales de la Fuerza Pública. El recorte de fondos llega en el momento en que las organizaciones criminales han elevado su nivel de agresividad, perdiendo el respeto a la autoridad y enfrentándose a tiros con los oficiales.
Díaz ilustró esta alarmante escalada al detallar que los delincuentes ya están respondiendo con fuego constante, como durante el operativo de captura de la estructura de Alejandro Arias "Diablo", cuando los agentes policiales fueron recibidos a balazos lo que desató una lucha campal durante 50 minutos, disparando con armas de grueso calibre.
Una situación similar ocurrió durante la detención de Randall Delgado "Míster Músculo", quien repelió su captura a balazos y murió tras la respuesta policial. Tras presenciar la magnitud de estos ataques, Díaz fue enfático: "Esta es nuestra nueva realidad violenta por parte de los delincuentes".
A la reducción del próximo año se suman ₡35.330 millones que se han condicionado o recortado para el ejercicio económico de este año. Hacienda notificó una rebaja forzada de ₡23.722 millones sobre el presupuesto que estaba en ejecución.
De este monto, el golpe más duro se lo lleva la seguridad, con una afectación de ₡9.536 millones directamente al OIJ, además de la reducción de fondos operativos clave para los juzgados, tribunales y la administración.
El Poder Ejecutivo bloqueó la transferencia de ₡8.688 millones. Este dinero había sido aprobado y asignado por la Asamblea Legislativa con la intención explícita de reforzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el país.